Hace 13 meses, Ignacio Mier Velazco se presentaba –en un acto masivo realizado en un salón del rumbo de la Recta a Cholula– como una opción fresca y vigorosa para luchar por la candidatura de la 4T al Gobierno de Puebla, ya que proponía generar una discusión pública de los problemas del estado y conseguía la unidad de varias facciones de Morena. Ahora, esos atributos se han borrado y el político expriista se ha convertido en una amenaza, un dolor de cabeza, para el partido Movimiento Regeneración Nacional por su onerosa, escandalosa y, tal vez, ilegal campaña propagandística, que pone en riesgo la próxima campaña electoral del movimiento obradorista.
No es para menos, solo es importante recordar que en abril de 2021 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el voto de todos los magistrados, menos de uno de ellos, dictaminaron inhabilitar las entonces candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, que competían a nombre de Morena por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.
Ambos abanderados fueron acusados de no haber rendido a tiempo, junto con Morena, sus informes financieros de precampaña. Los dos políticos morenistas no juntaban más de 100 mil pesos en supuestas anomalías de comprobación de gastos y eso fue suficiente para descarrilarlos de las contiendas electorales.
De nada sirvió el amago de que esas decisiones del TEPJF iban a ser denunciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que habría movilizaciones para frenar tales fallos judiciales.
Hoy gobierna Morena en Guerrero y Michoacán, pero los titulares del Poder Ejecutivo no son ni Salgado ni Morón.
Ahora, con la denuncia que la panista Ana Teresa Aranda ha presentado contra Mier de que habría ejercido, por lo menos, 400 millones de pesos en 70 municipios, a lo largo de 18 meses, para desplegar 541 espectaculares, 343 bardas con propaganda y 384 lonas, sin contar gastos en la organización de actos masivos, hace suponer que la reacción del TEPJF pudiera ser de mucho mayor envergadura a la que hubo contra Morena en 2021, en los casos de Michoacán y Guerrero.
Sobre todo cuando hay abiertamente un ambiente de confrontación entre el TEPJF y el presidente Andrés Manuel López Obrador por el intento del mandatario de poner freno al desmesurado gasto en la organización de los procesos electorales. Los magistrados del órgano jurisdiccional, ya en varias ocasiones, han demostrado que actúan como si fueran “milicianos con el cuchillo en la boca” dispuestos a buscar el primer espacio disponible para avasallar a la 4T.
Hay tres elementos centrales que convierten a Ignacio Mier en un aspirante sumamente vulnerable, en caso de que ganara la candidatura de Morena al Gobierno de Puebla.
Primero: no se sabe el origen de las docenas de millones de pesos que se han invertido en la campaña de promoción personal de Mier.
Ante la opinión pública, el político morenista puede seguir jugando a engañar a la gente con el argumento infantil de que él no sabe cuál ha sido la fuente del financiamiento de su promoción personal, pero ante los magistrados del TEPJF es un elemento esencial para que asuman un fallo severo contra la 4T.
En 2021, en la exposición de motivos, de por lo menos un par de magistrados del TEPJF expusieron que en el tema de los gastos no comprobados de Macedonio y Morón –que es importante recalcar que no excedían los 100 mil pesos entre los dos– no se podía dictar una sanción administrativa menor, por considerar que eso fomentaba la impunidad. Por eso se fueron al extremo de anular las candidaturas.
Incluso, para curarse en salud, los magistrados recordaron que le negaron el registro de partido político a la organización México Libre, del matrimonio del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo, por no probar el origen de una parte de su financiamiento.
Segundo: el argumento de la panista Ana Teresa Aranda es contundente al indicar que Ignacio Mier no puede ser candidato a gobernador porque rebasó en 10 tantos el tope de gastos de campaña que se impone en una elección constitucional, en la lucha por el Poder Ejecutivo de Puebla, que tiene un límite de 42 millones de pesos.
Pereciera que un sector importante del panismo tradicional de Puebla está tomando partido en la lucha interna de Morena y se está decantando a favor del senador Alejandro Armenta Mier, y no quieren en la postulación a Mier Velazco.
Pero más allá de ese posible juego perverso de la derecha, las cifras del gasto de la campaña de Mier lo convierten en un político indefendible.
Tercero: Mier ignoró el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, del pasado 22 de agosto, cuando de manera cuidadosa, pero sutil, el mandatario calificó de “ilegales” e “indebidas” las campañas de promoción política con el uso de espectaculares, que implica un gasto excesivo.
Ahí todavía Ignacio Mier podía haber intentando enderezar los escándalos de su campaña propagandística, pero en lugar de hacerle caso al presidente, intensificó sus anuncios dentro y fuera del territorio poblano.
