La repentina salida del empresario Tony Kuri Alam como titular de la delegación en Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), luego de estar casi una década en ese cargo, tiene cierta relación con el fracaso que ha representado el proyecto de construcción de casas populares que emprendió el gobierno de la ciudad de Puebla, a cargo de otro empresario, Felipe de Jesús Mojarro Arroyo.
Kuri Alam llegó al Infonavit durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y de manera sorpresiva, logró sobrevivir en esa responsabilidad cuatro años y ocho meses en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, casi estuvo una década en esa función, algo poco usual en las representaciones del Gobierno federal. Se dice que esa larga estancia se debió a que el exempresario de la rama textil se mantuvo al margen de las actividades político-electorales, primero del PRI, y después de la 4T.
Se comenta que uno de los motivos por el que habría decidido retirarse es que tendría algunos problemas de salud que estarían aquejando a quien fuera una figura importante en la organización de concursos de belleza a finales del siglo pasado.
Pero también se comenta, entre los conocedores de la actividad inmobiliaria, que en los últimos años Tony Kuri había empezado a tener problemas internos en el Infonavit.
Se le había empezado a dificultar cumplir con las metas, que se exige a los encargados del Infonavit en los estados, de colocar un número mínimo de créditos inmobiliarios y generar la construcción de viviendas populares.
El año pasado, comenta una fuente confiable, le habrían llamado la atención por los indicadores oficiales que ofreció el Infonavit en la entidad poblana y que estaban debajo de las metas programadas.
En aquella ocasión, Kuri se habría comprometido a que en 2023 se podría recuperar los índices de otorgamiento de créditos, pero sobre todo, el de construcción de casas.
Para ello, Kuri Alam se confió que funcionaría el proyecto que emprendió el exalcalde de Tehuacán y exdelegado del Infonavit, Felipe Mojarro Arroyo, consistente en la construcción de entre 4 mil y 4 mil 500 casas de carácter popular en el municipio de Puebla.
Mojarro, que fue edil panista de Tehuacán entre los años 1999 y 2002, le vendió al actual Ayuntamiento la idea de que se podía edificar más de 4 mil casas, en colaboración con la Canadevi, una cámara empresarial de la industria inmobiliaria, lo que dejaría una derrama económica en el municipio de más de 4 mil millones de pesos y la generación de unos 36 mil empleos directos e indirectos.
El problema de ese proyecto es que nunca estuvo acompañado de una debida planeación, en torno a un esquema maestro de desarrollo urbano.
El acuerdo con la Canadevi se firmó de manera tardía y hasta ahora, no han fluido las inversiones necesarias para alcanzar la meta de viviendas ofrecidas.
Tampoco se han tenido los espacios suficientes, es decir los terrenos, para crear los desarrollos inmobiliarios en cuestión.
Aunque oficialmente Felipe Mojarro aparece como asesor en materia de vivienda y quien toma las decisiones de los proyectos de construcción de casas es Felipe Velázquez Gutiérrez, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, ha sido el exedil de Tehuacán quien no ha logrado aterrizar el programa de vivienda en cuestión.
Y faltando 14 meses para concluir la actual gestión municipal, es imposible conseguir el objetivo de levantar las 4 mil casas programadas, cuando al parecer no se ha avanzado más allá del 10 por ciento del proyecto original.
Eso sí, Mojarro tiene un equipo de trabajo –formado por cuatro o cinco personas– que ya consumieron muchos recursos públicos, al tener salarios que van de los 25 mil a los 50 mil pesos mensuales, a pesar de que no han alcanzado el número comprometido de casas-habitación que se iban a edificar.
Se dice que Antonio Kuri Alam al percatarse que el proyecto de vivienda de Felipe Mojarro solo fueron buenas intenciones y no se concretará, habría decido que llegó el momento de retirarse del servicio público federal.
Y terminar con la presión que significa entregar números positivos del Infonavit, cuando no hay condiciones favorables para cumplir los objetivos.
