En medio del debate social y parlamentario sobre la militarización del país y la traición a la esencia civil de la Guardia Nacional, en el centro del debate aparece, insoslayable, la reflexión sobre la eficiencia de este cuerpo que, de muchas formas, ha resultado disfuncional en las tareas de seguridad pública.
Tiene fallas, han advertido varios especialistas, en su capacidad de despliegue.
En su coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Se ha convertido en una tercera columna castrense, repleta en sus filas de militares o ex militares, lo que de facto la ha alejado de su diseño como una fuerza “civil”.
Este cuerpo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal (SSPC), no tiene, en realidad, un plan de reclutamiento, ni de entrenamiento.
Pero la mayor de las deficiencias estructurales de este organismo que se creó, con el aval de todas las fuerzas legislativas en 2019, es que no tiene área de inteligencia.
No investiga.
No acompaña tampoco las indagatorias ni las funciones del Ministerio Público.
Todo esto genera que sus despliegues de fuerza sean desordenados, sin ton ni son, sin atender a las denuncias ni necesidades de los municipios, ni de los estados.
Y sin generar procesos judiciales exitosos contra los criminales.
El pase jurídico de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ya avaló el Senado de la República en comisiones, no garantiza que se subsanarán esas fallas.
Vienen desde su creación, cuando se desmanteló la Policía Federal.
Visto así, el problema es mayor, porque con la tutela administrativa y la supeditación operativa, de facto, a las Fuerzas Armadas, México se quedará sin una policía civil federal.
Las tareas de seguridad pública, para las que se supone el Presidente de la República puede echar mano hasta 2024 de las Fuerzas Armadas, quedarán por entero en manos de la milicia.
Con las cuatro reformas a leyes secundarias que avaló la Cámara Baja y que ahora tocará hacerlo a la Alta, la Sedena tendrá el control operativo, financiero y administrativo de este cuerpo.
No se equivocan quienes denuncian la “militarización del país”.
En el papel, seguirá adscrita a la SSPC, pero supeditada a la Sedena.
O sea es “civil”, pero la controlan los militares.
¡Qué contradicción!
Y de todos modos, se sigue violentando el Artículo 21 de la Constitución, que establece que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.
Las reformas son inconstitucionales.
Un parche irregular.
Pero ni así se ve cómo podrá ser eficiente.
Veamos en Puebla y dejemos varias preguntas.
De acuerdo con los informes oficiales, hasta 2021 había desplegados en el territorio estatal poco más de 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional.
Tiene cuarteles en los municipios de Atempan, Acatlán de Osorio, Huauchinango, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y en XXV Zona Militar de Puebla capital.
¿Se ha conseguido la disminución de la delincuencia?
Con todo y que ahí hay cuarteles, Acatlán y Tecamachalco, por poner dos ejemplos, son prueba de que para nada.
¿Ha habido disminución de las tomas clandestinas de combustible?
No.
¿Es la Guardia la que hace los grandes operativos y capturas de delincuentes?
Tampoco.
De hecho, sigue siendo tarea del Ejército, la Marina y en algunos casos de la Policía Estatal.
¿Hay coordinación institucional con los gobiernos estatal y municipales?
Ni por asomo.
En la mayoría de los casos ni siquiera comunicación.
Sus tareas se han concentrado en patrullajes, que en poco o nada inhiben a la delincuencia.
En cambio, en el primer semestre de 2022, este cuerpo en Puebla acumuló cinco quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El camino que ha elegido el presidente López Obrador pareciera estar equivocado.
Pero allá vamos.
