La que hoy inicia será una semana de definiciones en torno a la sucesión rectoral de la BUAP, ya que el Consejo Universitario se reunirá para emitir la convocatoria, el método y los tiempos para elegir al sucesor —o sucesora— de Alfonso Esparza Ortiz.
Porque esta semana académicos e investigadores se pronunciarán públicamente a favor de la directora del Centro de Detección Biomolecular, María Lilia Cedillo Ramírez, quien se perfila como la aspirante con más posibilidades de ganar, con lo cual se convertiría en la primera rectora en la historia de la institución.
Pero también porque un grupo de docentes de distintas unidades e institutos de investigación demandarán que antes de la elección se renueve el Consejo Universitario, toda vez que el actual debió concluir sus funciones en marzo.
Los promotores de este pronunciamiento, entre los que destacan investigadores de los institutos de Física y de Ciencias Sociales, así como maestros de las facultades de Economía, Física y de algunas escuelas preparatorias, varios de ellos simpatizantes de Francisco Vélez Pliego, también están en contra del voto electrónico.
Estas diferencias sobre los tiempos, el modo de elección de rector y la legalidad de los actuales consejeros universitarios, marcarán sin duda la discusión de la próxima sesión de Consejo, que posiblemente se realice el miércoles bajo la conducción de un nuevo secretario general, José Carlos Bernal Suárez, quien el viernes pasado sustituyó en el cargo a Guadalupe Grajales Porras, quien fue la primera aspirante en hacer pública sus intenciones de contender por la rectoría de la BUAP.
Los puntos sin duda más controversiales tienen que ver con el Consejo Universitario que debe nombrar la rectoría, y con la manera en que se desarrollará la auscultación sectorial de estudiantes, docentes, trabajadores y directores de unidad.
A quienes pugnan porque el nombramiento corra a cargo de un nuevo Consejo Universitario no les falta razón cuando argumentan que hay consejeros electos hace más de dos años que ya ni siquiera son alumnos de la institución, pues ya egresaron, o que hay profesores hora clase que tampoco tienen garantizado su derecho al voto.
Si el nombramiento de la rectoría lo hace el Consejo Universitario en funciones, (cuyo periodo debió concluir en marzo, pero que por la pandemia se prolongó de manera extraordinaria), no faltará quién cuestione la legalidad y legitimidad de sus actos y resoluciones, comenzando por la expedición de la convocatoria.
El otro aspecto aún más polémico será el método de la votación: a distancia, presencial o de manera híbrida. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ya se metió al debate, y externó su preocupación sobre el voto remoto y su confiabilidad en una comunidad tan amplia como la de la BUAP.
En este punto, simpatizantes del exdirector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH), Francisco Vélez Pliego, quien se perfila como el principal contendiente de Cedillo Ramírez, ya adelantaron su rechazo al voto electrónico. Incluso, podrían aceptar el método híbrido, pero no el voto a distancia.
Por todo ello es que esta semana será clave en el proceso de sucesión rectoral de la BUAP.
EN CORTO
Con fecha 1 de agosto, el periodista Héctor Llorame Zepeda fue nombrado editor en jefe del portal e-consulta Puebla, lo que lo convierte en jefe de los editores, reporteros, webmasters, diseñadores y community managers que laboran en este sitio de noticias. Felicidades.
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Con la salida de Claudia Rivera Vivanco del ayuntamiento de Puebla un nuevo grupo encabezado por Susana Vidal Romero buscará tomar las riendas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento “Licenciado Benito Juárez”, que hoy encabeza Gonzalo Juárez Méndez.
Sobre todo, después del amparo definitivo que obtuvo aquella por parte de los magistrados federales del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Dicho amparo anula el nombramiento de Gonzalo Juárez como secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado debería checar lo que viene ocurriendo con la regularización de predios y la entrega de títulos de propiedad a cargo de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, ya que no son pocas las quejas de beneficiarios en contra del titular Lorenzo Martínez Benítez, y del personal que trabaja en la dependencia que es obligado a laborar extensas jornadas para cumplir con los acuerdos que se tienen con varias organizaciones, entre ellas Antorcha Campesina.
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