En Punto

Por Redacción 

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta llega a su primer informe de gobierno, el segundo de este sexenio, bajo una inusual coyuntura, que terminó por marcar prácticamente todos los escenarios de nuestras vidas: la pandemia por la Covid -19.

Si como ha dicho el mandatario, el primer año le fue robado por un presunto fraude electoral, este segundo le implicó canalizar la mayoría de sus esfuerzos a contener una crisis sanitaria de mayúsculas proporciones.

Barbosa Huerta optó también por no articular un mensaje político, con motivo de este segundo informe, renunciando también a los reflectores para fijar un posicionamiento de cara al proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, como tradicionalmente se venía realizando por los gobernantes en turno.

En el documento entregado al congreso estatal, el mandatario destacó una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para hacer frente al coronavirus, la afrenta a la corrupción heredada por pasadas administraciones, la revelación de contratos que ocultaron gobiernos anteriores así como la detención de más de 3 mil delincuentes.

De lo que hay que estar pendientes es del avance de las 12 denuncias que refiere el mandatario como presentadas por un daño global por mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado.

Y es que seguramente pueden salir nombres de panistas entre esos presuntos responsables lo que, recuerde, se empalma con los tiempos electorales.

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La pandemia por Covid-19 creo un atasco para la transparencia y una laguna aprovechada por sujetos obligados para olvidarse de la rendición de cuentas. Muestra de ello, son las páginas de transparencia de los gobiernos municipales de Puebla, que en su mayoría presentan atrasos que van desde medio año, un año y hasta información inexistente.

Revisiones realizadas por El Sol de Puebla a lo largo del último mes, evidencia la falta de datos básicos como planes de desarrollo, padrón de proveedores y hasta remuneraciones, por decir lo menos. En otros casos, los Ayuntamientos carecen de directorio, como es el caso de Acateno, donde a pesar de contar con una página institucional, los enlaces están rotos y la información existente es insuficiente.

Otros municipios como Tecamachalco quedaron evidenciados por atrasos en su información, en algunos puntos de más de un año y los más actualizados databan, al momento de la revisión realizada el mes pasado, de principios de año.

El tema evidencia además una falta de observancia de parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) que, según su propia descripción, es responsable de promover, difundir y garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, además de ser el único órgano en su tipo en el estado.

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Los poblanos son de los que menos acceso tienen a instituciones y productos bancarios a nivel nacional, según el Índice de Inclusión Financiera 2020 dado a conocer por Citibanamex.

La entidad se ubica en el grupo de los ocho estados que se encuentran por debajo de la media nacional al figurar con una calificación del 87.1 por ciento.

Y de los 217 municipios, 164 se encuentran con los peores indicadores, otros 25 aparecen con baja inclusión, 13 en inclusión media, 12 más en alta inclusión y solamente San Andrés Cholula, Puebla capital y Teziutlán aparecen con muy alta inclusión.

Aunque la tecnología avanza para lograr la llamada banca móvil, parece que la brecha no se cierra en muchas localidades donde los procesos de pagos o transferencias son deficientes o nulos ni hay oportunidades de negocio, crecimiento a empresas, acceso a créditos, seguros y otros productos.