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Cambios en seguridad ¿políticos o tácticos?
Por Salvador Ríos
Todo indica que, por fin, la titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, María de Lourdes Rosales Martínez, dejará la dependencia y muy probablemente este viernes en una planchadita sesión de Cabildo, la mayoría morenista, ahora sí funcione para que pase el nombramiento de quien la releve en el puesto.
Los regidores opositores a Claudia Rivera Vivanco del autodenominado G6, con línea del barbosismo, por una parte y los seguidores de la alcaldesa harán valer su mayoría numérica para avalar el nombre de quien encabezará los esfuerzos de seguridad en la ciudad.
Aunque la alcaldesa ha cantinfleado en los dos últimos días sobre si Rosales se va o no, el gobernador perfiló ayer en entrevista la inminente salida, una salida que el propio mandatario esperaba desde hace varios meses.
La coyuntura que pudo empujar ese movimiento, al que Rivera Vivanco siempre se opuso, fue la histórica marcha de decenas de miles de universitarios que exigieron mejorar las condiciones de seguridad tras el homicidio de tres de sus compañeros y un conductor de Uber en Huejotzingo.
Es claro que, en la percepción social, el de la seguridad es un tema que sigue pendiente de resolverse tanto en las esferas federal, estatal y municipal y que la remoción de funcionarios, el corte de cabezas, pues, resulta ser un recurso frecuente de los políticos para intentar mandar el mensaje de que se dará un golpe de timón.
Tras siete meses de gobierno y en medio de la crisis por los asesinatos de los universitarios Barbosa recurrió al relevo de su secretario de seguridad en Puebla, el vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez.
Ahora tocará el turno a Claudia Rivera de hacer su cambio, me parece, orillada por las circunstancias y no convencida de ello.
No obstante, este movimiento pudiera entenderse, más que táctico, como de control político, de hacer patente un acto de poder desde el ejecutivo estatal, para controlar no solo a la policía de la capital poblana sino de toda la zona conurbada, aprovechando la coyuntura del evidente desgaste de la seguridad.
Desde siempre, Miguel Barbosa, como gobernador, hizo explícita su intención de hacerse del control de la Secretaría de Protección Ciudadana al declarar en varias ocasiones sobre los resultados del gobierno municipal en la materia y de la facultad, a manera de amago, que posee como gobernador de asumir el control de la seguridad en el municipio donde se instala el poder ejecutivo.
Hasta ahora esta coordinación de los municipios de la principal mancha urbana con el gobierno estatal no permite palpar que la zona sea más segura que a inicio de año o que el año pasado.
Y si a ello le agregamos que los primeros 100 días de gobierno estatal para hacer una limpia a las corporaciones policiacas no se percibió, que la apuesta por un perfil militar no dio los resultados deseados, las mil patrullas aún no caminan del todo y tampoco se han homologado los bajos sueldos de los policías estatales con los del municipio de Puebla, ¿qué podemos esperar con estos cambios?
Hasta la próxima.
Twitter: @elsalvadorrios
