Son “empresas fantasmas” la mitad de los despachos que quieren ser auditores externos

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

Como una muestra de la corrupción que ha existido en el sistema de fiscalización de recursos públicos en Puebla, resulta que la mitad de los despachos que se anotaron para obtener el registro como auditores externos de ayuntamientos y dependencias oficiales se tiene la sospecha de que son "empresas fantasmas", que únicamente se dedican a rentar los nombres y las firmas de las compañías a los sujetos obligados de rendir cuentas.

Lo que más sorprende es que los organismos colegiados de contadores públicos, en lugar de combatir ese vicio, estarían abogando a favor de las empresas ilegales que se apuntaron para auditar el ejercicio 2020 de los presupuestos públicos.

El Congreso del estado emitió una convocatoria para los despachos contables que aspiran a fungir como auditores externos de los sujetos obligados a rendir cuentas del ejercicio de recursos públicos, es decir ayuntamientos, organismos operadores de agua potable, dependencias del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados. Como resultado de ese llamado se anotaron 115 empresas.

Todos los despachos que solicitaron su participación tienen por lo menos, como experiencia, uno o dos ejercicios de fiscalización.

Al inicio del proceso se cometió el error de que la convocatoria estableció los mismos requisitos que en ocasiones anteriores.

Sin embargo, en el Poder Legislativo al final se cambió la metodología de evaluar a los despechos que piden ser auditores externos, lo cual tomó por sorpresa a la mayoría.

Se le pidió a cada uno de las empresas candidatas que presentaran los recibos de comprobación fiscal –del último año– del personal que labora en los despachos, así como el pago de obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y se les hicieron visitas físicas a sus oficinas.

El propósito es comprobar que realmente tengan personal y que la mayor parte de los contadores, actuarios y diligenciaros hayan laborado a lo largo del último año.

La mitad de los 115 despachos no han podido presentar la documentación de su personal, pese a que se les ha dado mucho tiempo para hacerlo.

¿Qué demuestra esa falta de cumplimiento? Que un vicio común en el sistema de fiscalización de Puebla, es que muchos despachos no tienen personal y mucho menos labores reales de fiscalización. A lo único que se dedican, es a rentar la firma de la compañía.

Es decir, un despacho no registrado hace la labor de revisión o de plano no se hacen las auditorías, y entonces alguien renta la firma de un despacho de auditaría externa –que si tiene registro oficial– para fingir que se llevo acabo la fiscalización a la que obliga la ley.

Lo sorprendente de esta situación se reduce a tres aspectos:

Primero: una situación grave no es que “empresas fantasmas” quieran revisar la aplicación de presupuestos para el presente año, sino que ya fungieron como auditores externos en el pasado, sobre todo durante el morenovallismo.

Dicha situación constata lo que varias veces se ha denunciado, que a muchos alcaldes, sobre todo los que no eran panistas, que a cambio de apoyar los intereses políticos del extinto Rafael Moreno Valle Rosas le ofrecían no fiscalizarles la aplicación de fondos públicos.

En tal sentido, seguramente algunos ayuntamientos utilizaron a despachos “fantasmas” como auditores externos, sabedores que nadie les haría una revisión adecuada al uso del erario.

Segundo: que la Asociación de Contadores Públicos de Puebla y el Colegio de Contadores Públicos de Puebla están presionando al Congreso para que se elimine la exigencia de pedir los comprobantes fiscales del personal de los despachos.

Ello es indicativo de que la práctica de utilizar a “despachos fantasmas” para vender la firma en auditorías externas, es una práctica común y arraigada.

Tercero: que la mayoría de los despachos con problemas parecerían estar vinculados a diputados locales, exalcaldes, exfuncionarios estatales y exauditores públicos.

Pues parece ser un negocio de un sector del poder político el vender las firmas de “despachos fantasmas” de auditorías externas.