Puebla 20°C 
Presidente del Instituto de Transparencia impone opacidad financiera y laboral en el organismo
Cuitlatlán
Por Fermín Alejandro García
De manera contradictoria, en el Instituto de Transparencia de Puebla existe mucha opacidad en el manejo de las relaciones laborales, de la aplicación de los recursos públicos y en la manera en que se asignan los expedientes de queja para su atención. Todo ello ha sido propiciado por la presidente del organismo, Laura Marcela Carcaño Ruiz, cuya gestión se ha destacado por el trato despótico e incluso discriminatorio contra el personal que ahí trabaja.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), es uno de los últimos reductos del morenovallismo en la entidad, pues su presidente, que fue electa en enero de 2017 –por un periodo de cinco años– llegó a esa posición por su estrecha cercanía a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, la extinta gobernadora de Puebla.
Fiel al estilo morenovallista, Laura Marcela Carcaño no permite contrapesos ni una fiscalización efectiva al interior del Itaipue, ya que el Órgano de Control Interno del Instituto es una instancia de ornato, que dirige un pariente por afinidad de la presidente.
Fuentes altamente confiables indican que, en la actualidad, el Itaipue no podría pasar una auditoria objetiva a sus finanzas y relaciones laborales, es decir es un órgano sin los estándares mínimos de transparencia. He aquí cuatro ejemplos de los abusos que ahí ocurren:
Primero: Héctor Barrera Piloni, quien es el titular de la Dirección Jurídica Consultiva, es el operador de la presidente. Algunos dicen que en realidad es quien manda dentro del instituto, al tener en sus manos los asuntos más delicados.
Cuentan informantes del Itaipue que en la semana del 13 al 19 de septiembre de este año, el funcionario se reportó con incapacidad médica y en lugar de convalecer, se habría ido de vacaciones a Cuba. Al final, ese periplo trascendió dentro del instituto y alguien reportó dicho abuso ante la Contraloría Interna.
El director jurídico consultivo, en lugar de sentirse apenado, se envalentonó y presentó una queja contra la Contraloría Interna del Itaipue ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, como para dejar constancia que es “intocable”.
Y es que este abogado es una pieza fundamental en el desempeño de Laura Marcela Carcaño, no solamente porque es su principal asesor jurídico, sino porque es quien manipula la asignación de expedientes a los comisionados del instituto, es quien formula las multas que se imponen a sujetos obligados que no cumplen con el derecho a la información y por si fuera poco, es quien controla el dinero que ingresa por esa vía; es quien domina y pone a los secretarios de instrucción, que son los encargados de elaborar los proyectos de resoluciones.
Por eso este hombre se puede ir de paseo –no autorizado– en días laborales y reaccionar iracundo si alguien le llama la atención.
Segundo: un caso extremadamente grave es el de Carolina García Llerandi, quien es secretaria de Instrucción e ingresó al cargo el 7 de octubre de 2016.
Lo que llama la atención con esta mujer, es que aunque su examen profesional data del 25 de noviembre de 2016, su titulo como abogada –expedido por la UAP– tiene la fecha oficial de 2 de enero de 2019, es decir este documento lo obtuvo un par de años después de que ingresó al Itaipue.
Esa es una grave violación, ya que en el Manual de Organización del Itaipue, aprobado por el pleno en 2017, se establece que para ser secretario de Instrucción se necesita tener titulo profesional y experiencia en el ramo. De acuerdo con la información oficial que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, esta mujer cuando inició sus labores no tenía ni la documentación ni los antecedentes que se exigen.
Lo más grave es esta secretaria de Instrucción tiene en sus manos elaborar un proyecto acerca de un juez que tiene problemas de comprobación de su formación académica.
Y al igual que Héctor Berra, cuando un comisionado del Itaipue la investigó por los antecedentes antes citados, la respuesta de la mujer fue acusarlo de violencia de género. Es decir, ahí en el Instituto de Transparencia todos los que son descubiertos en una chapucería reaccionan con enojo y agravio. Algo muy característico del morenovallismo.
Tercero: a la inversa de los casos ya narrados, se encuentra lo ocurrido con Claudia Isabel Andrade Anzures, una mujer que entró a trabajar el 16 de octubre de 2016 a las áreas de Presidencia y Ponencia 3 –es decir en dos cargos, pero bajo un mismo salario– y se le despidió de la manera más vil el 1 de octubre de 2019. La causa por la cual fue rescindida es la siguiente:
Cierto día no le recordó a la presidente del Itaipue que era el cumpleaños del contralor del organismo y eso hizo “tronar la bronca”, palabras más, palabras menos, le dijeron a esta mujer que ahora no tiene trabajo.
Es decir se puede solapar a un funcionario que se toma vacaciones no autorizadas y a una mujer que no presenta en tiempo y forma su documentación académica, pero no se le perdona a una trabajadora que no se acuerde del cumpleaños del Contralor. Qué desfachatez.
Cuarto: bajo la constante argumentación de que hay “una reducción presupuestal”, una parte importante del personal del Itiaipue ha sido obligado a renunciar. Esas vacantes sirven para que los recursos económicos de sus salarios se redireccionen en pagar choferes, comida en el costoso restaurante El Mural y para cubrir honorarios a personal del que no siempre está justificada su presencia.
En futuras entregas le voy a contar la confrontación que existe entre el Itaipue y el Poder Judicial, así como un asunto oscuro en torno al equipo Lobos BUAP.
