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Investigan a Delegados
En Punto
La titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, reveló que existen denuncias en contra de diez de los superdelegados federales por presuntamente hacer uso indebido de programas sociales y en ese paquete se encuentra el de Puebla, Rodrigo Abdalá Dartigues.
Según la funcionaria, estas pesquisas tienen como objetivo ser congruentes con la auténtica democracia, por lo que de encontrase culpables de utilizar recursos públicos con fines distintos, habrá responsabilidades administrativas e incluso penales para aquellos a los que se les vincule a estas prácticas.
Ella dijo literalmente que “una vez terminadas las investigaciones en todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una situación de responsabilidad administrativa o incluso, para una vista de responsabilidad penal, por haber utilizado recursos públicos, con fines distintos al de la ciudadanía, será sancionado”.
Lo que a primera vista pudiera resultar una buena noticia, debe de enmarcarse en el contexto de la llamada cuarta transformación que ha dejado ver que no se mide con la misma vara a los “adversarios” que a los integrantes del equipo cercano al presidente.
Y para no ir muy lejos, ahí está el caso de la presunta fortuna del titular de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz que declaró un patrimonio de 51 millones de pesos pero referencias periodísticas hablan de hasta 800 millones de pesos.
Bartlett, por cierto, tío (y padrino) político de Abdalá Dartigues ni se despeinó frente a los señalamientos y sobre todo mantuvo el respaldo en todo momento del presidente.
A ver si estas investigaciones hacia los delegados de AMLO no resultan una llamarada de petate.
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En entredicho se encuentra el actuar del presidente municipal de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Bartolomé Hernández González, quien el miércoles sostuvo un altercado con la regidora de Gobernación, Gloria Carrasco Avendaño, a quien terminó por solicitarle su renuncia y sacarla casi a empujones de la presidencia municipal.
Aunque el munícipe rechazó cualquier señalamiento en su contra, la regidora sostuvo haber sido víctima de violencia, luego de que ella intentara tomar parte en cuestiones de Seguridad Pública que están dentro de sus atribuciones, e incluso adelantó que procederá legalmente contra el alcalde.
No es la única irregularidad en la que se ha visto envuelto el emanado del partido Pacto Social de Integración (PSI), pues anteriormente ha sido señalado de opacidad, hacer contratos de obra sin licitación de por medio e impedir que los regidores conozcan la situación financiera del municipio.
Actuaciones dignas de algún político de la película de Luis Estrada, La Ley de Herodes.
