Surge primer diferendo entre la SSP y la FGE por yerros de la Fiscalía General del Estado

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

Detrás de la escandalosa liberación del colombiano José James N, quien fue detenido por vecinos de la colonia Los Héroes por lesionar e intentar violar a una mujer de 59 años, ha surgido el primer diferendo entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por intentos de ambas partes de acusarse de ser el causante de que soltaran a un presunto depredador sexual. En esta disputa, quien parece llevar la mayor culpa es la FGE, a cargo de Gilberto Higuera Bernal.

De manera generalizada se ha dicho que el sábado por la tarde un juez de control liberó a un extranjero de origen colombiano que por fallas del Ministerio Público no se le pudo procesar, luego de que habría provocado 20 heridas a una mujer que se resistió a ser violada.

Quienes conocen el caso narran que hubo dos factores, o mejor dicho dos yerros, que permitieron a José James N. evitar un juicio:

Primero: luego de que vecinos de Los Héroes auxiliaron a la mujer lesionada y retuvieron al presunto agresor, los policías que detuvieron al supuesto delincuente cometieron el grave error de trasladar en la misma patrulla a la victima y el victimario, algo que está prohibido. Se sabe que la Dirección de Asuntos Internos de la SSP, que es el área disciplinaria, ya está investigando y los agentes de seguridad involucrados podrían ser sancionados por cometer dicha falta.

Sin embargo, hay que aclarar que este error no fue determinante para que un juez determina incorrecta la detención del aparente delincuente.

Segundo: los familiares de José James N. denunciaron que al hombre “lo pasearon” durante cinco horas los policías que lo apresaron, lo cual viola el debido proceso que todo acusado de un delito debe tener. Este argumento fue el de mayor peso y obligó a un juez de control a poner libre al aludido.

En realidad los agentes que intervinieron no cometieron ninguna falta ni error. Ellos llevaron al colombiano al C5, que tiene un área especial para procesar a personas que son detenidas en flagrancia cometiendo un delito. El problema es que en ese lugar no había un médico legista, para que elaborara un certificado sobre las condiciones de salud del detenido, que ahora es un requisito indispensable para que alguien sea presentado ante un juez de control.

Los policías luego de esperar mucho tiempo la llegada de un médico decidieron trasladar al detenido a la sede central de la SSP, para que ahí lo viera un galeno de esta dependencia, quien finalmente levantó el certificado de salud, pero ya había pasado mucho tiempo desde que el hombre había sido oficialmente aprehendido.

La carencia de un médico legista en el C5 es una responsabilidad atribuible a la FGE, pero funcionarios de la Fiscalía General del Estado están intentando armar una versión en la cual le quieren atribuir a los agentes de la SSP la responsabilidad de todas las fallas que se cometieron en este escandaloso caso, que plantea ante la opinión pública que sigue vigente el fenómeno de la “puerta giratoria”, en la cual tarda más un delincuente en ser capturado por la policía que en quedar libre y salir de los separos con toda tranquilidad.

Aunque sin estridencias públicas, este asunto ya ha provocado un primer enfrentamiento entre altos funcionarios de la SSP y la FGE, sobre todo por la actitud de los segundos, que quieren demostrar –a como dé lugar—que la equivocación vino de la Secretaría de Seguridad Pública.

Esa necedad de la gente de la FGE se debe a una sola razón: está en juego el posible nombramiento –de parte del Congreso local– de Gilberto Higuera Bernal como fiscal general de justicia, pues actualmente es encargado de despacho.

Higuera tiene en su contra su pasado morenovallista y antilopezobradorista, que la FGE es la instancia pública con menos credibilidad y decoro. Por eso busca “salvar el pellejo” echándoles la culpa a los de enfrente en el caso del agresor sexual liberado.