Desde la Secretaría General de Gobierno protegen a Lastiri en un juicio laboral

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

El priista Juan Carlos Lastiri Quirós lleva 11 meses enfrentando un juicio laboral por no cumplir con el pago de salarios a su jefe de prensa, Carlos Castillo Rosas, luego de una relación de trabajo de 15 años. El caso ha sido empantanado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Puebla y al mismo tiempo, parecería que desde la Secretaría General de Gobierno, que dirige Fernando Manzanilla Prieto, se ha desplegado en velo de ayuda a quien fuera dos veces subsecretario de la desprestigiada Rosario Robles Berlanga, cuando esta fue titular de Sedesol y la Sedatu durante el sexenio anterior.

Carlos Castillo tuvo que recurrir a la vía de los amparos para que la JLCA diera trámite a su demanda laboral –iniciada en junio de 2018– y cuando parecía que el proceso empezaba a caminar, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje –entre los meses de enero y marzo de este año– volvió a atorar el deshago de la demanda, al aceptar una serie de trampas jurídicas de los abogados de Lastiri.

El asunto no parece reducirse a la tortuosa y parcial que es la justicia laboral en Puebla, sino hay indicios que desde la Secretaría General de Gobierno se está metiendo la mano a favor de quien fuera candidato del PRI a senador.

Aunque parezcan ser dos políticos ajenos, con rumbos e intereses distintos, todo indica que existiría una estrecha conexión entre Fernando Manzanilla Prieto y Juan Carlos Lastiri, que se puede apreciar de la siguiente manera:

Rocío Lastiri, una sobrina de Juan Carlos Lastiri y exfuncionaria del extinto programa Prospera, se ha integrado como asesora de la Secretaría General de Gobierno, en la labor de ser el contacto con organizaciones sociales que fueron beneficiaras de la política de desarrollo social a lo largo del anterior sexenio.

Durante el proceso electoral de 2018, Rocío Lastiri laboró muy cerca de David Huerta, entonces delegado de Prospera y un hombre de confianza de Lastiri. En aquella ocasión, todos los funcionarios de esa área trabajaron a favor de la entonces candidata del PAN a la gubernatura, Martha Érika Alonso Hidalgo, pero ahora que las circunstancias políticas han cambiado, se han sumado al proyecto de Morena.

Otra posición es la de Emilio Morales Martínez, quien fue secretario privado de Juan Carlos Lastiri Quirós y ahora labora en la secretaría particular de Fernando Manzanilla. ¿Es sólo una coincidencia o es parte de un entendimiento entre el segundo y el tercero de estos personajes? La respuesta es muy sencilla: en política no hay coincidencias, sino arreglos.

Y un tercer punto de conexión es el subsecretario de Gobierno, Francisco Ramos Montaño, quien es el hombre de mayor confianza de Fernando Manzanilla Prieto y meses atrás era un fiel colaborador de Juan Carlos Lastiri. Sin contar, que Ramos en algún momento estuvo casado con una hija de Rosario Robles Berlanga.

El atorón

Carlos Castillo laboró 15 años con Juan Carlos Lastiri, es una relación que consta a muchos periodistas de Puebla, entre ellos este columnista.

Hace pocos más de un año, Lastiri le dejó de pagar su sueldo a Carlos Castillo, sin nunca argumentar las razones de su incumplimiento. Por ese motivo su jefe de prensa recurrió a presentar una demanda salarial.

Al principio la demanda no era atendida en la JLCA, hasta que Carlos Castillo recurrió a la vía de los amparos para obligar a esta instancia a darle curso a la querella laboral.

Cuando se produjo la primera audiencia conciliatoria se presentó Jorge Romero, el abogado de Juan Carlos Lastiri, quien al conocer el fondo de la demanda consideró que ésta se podía arreglar en un plazo máximo de 10 días. Incluso calificó de justos los reclamos económicos de Carlos Castillo.

Semanas después el abogado se desdijo de su valoración del litigio laboral. Y a principios de este año, la JLCA volvió a empantanar el deshago de la demanda. Simplemente el recurso está congelado, ni avanza ni retrocede.

Ese comportamiento de la JLCA solamente se puede entender si hay una orden superior.

Y todo indica que esa orden se recibió desde la Secretaría General de Gobierno, en donde se encuentran refugiados varios de los operadores políticos de Juan Carlos Lastiri.