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Congelan el proceso de expulsión de morenovallistas en el PRD

Congelan el proceso de expulsión de morenovallistas en el PRD

Cuitlatlán

Por Fermín Alejandro García

El PRD entró al terreno de la incongruencia y el absurdo, ya que ahora en ese partido se hostiga y se expulsa a quienes buscan una alianza electoral de izquierda, y se protege y solapa a quienes colaboran con la derecha, es decir con el PAN o con el PRI.

El extravío ideológico que se vive en el PRD ha llevado a que en el Órgano Jurisdiccional se ha vuelto a aplazar el proceso de expulsión de cuatro morenovallistas, contra quienes se presentaron pruebas de que en el año 2016 apoyaron la campaña electoral del PAN –en la renovación de la gubernatura de Puebla– y se apartaron de las labores proselitistas del Partido de la Revolución Democrática.

Por esa razón no se ha analizado la solicitud de expulsión de Luis Maldonado Venegas, Carlos Martínez Amador, Jorge Benito Cruz Bermúdez y Julián Rendón.

Al mismo tiempo, se “congeló” la investigación contra los morenovallistas por haber inflado con más de 100 mil registros el padrón local de militantes del PRD.

El año pasado en el Órgano Jurisdiccional se dijo que el tema de Puebla se discutiría en función de la coyuntura electoral de este año, pues si surgía una alianza entre el PRD y el PAN en el estado de México no convenía expulsar a perredistas que en 2016 estuvieron colaborando con Acción Nacional.

Ahora se ha vuelto a aplazar esa discusión por la tendencia de Alejandra Barrales, la presidente nacional del PRD, de excluir a todos los perredistas que muestren simpatías hacia Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena y dos veces candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática.

Ese comportamiento de Barrales obedece a que la presidente del PRD es una incondicional de Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y quien es manipulado por Los Pinos, para que genere una ola de rechazo hacia López Obrador, como una manera de ayudar electoralmente al PRI.

Se dice que en el Órgano Jurisdiccional no siquiera se han abierto los expedientes en los que se solicita la expulsión de los morenovallistas.

En cambio, se sabe que Barrales ha mandado observadores a Puebla para detectar a los perredistas que muestren simpatías con López Obrador y se les busque echar del PRD.

Ya que sabe que muchos perredistas poblanos seguirán al senador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien renunció al PRD y se sumó al proyecto electoral de Andrés Manuel López Obrador. El legislador es el principal líder de esta fuerza política y tiene de su lado al grueso de la militancia.

El PRD poblano con este panorama camina a la extinción.

La militancia perredista –encabezada por Luis Miguel Barbosa– se irá a apoyar a Morena y López Obrador.

Y el partido se les quedará a los morenovallistas, quienes tienen todo, menos seguidores.

El PRD ya suena a ser un partido hueco.

El papel de Armando López Aguirre en el gobierno de Gali

Pocos han visto a Armando López Aguirre, el consejero jurídico del gobierno del estado, por ser alguien que no le gustan los reflectores. Sin embargo, es una pieza clave en el Poder Ejecutivo, ya que de él dependerá la defensa de la concesión del servicio de agua potable en la capital y otros municipios connurbados.

Al inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se fortaleció el área jurídica, por los litigios que se emprendieron contra intereses económicos de personajes vinculados al ex gobernador Mario Marín Torres.

Como parte de ese fortalecimiento se nombró a Juan Pablo Piña como titular de la ahora extinta Secretaría de Asuntos Jurídicos. Hasta poco antes de la mitad del sexenio hubo una larga lista de resultados positivos en esta materia.

Luego de la salida de Juan Pablo Piña, el área de asuntos jurídicos se debilitó. Por eso se cometieron muchos yerros en la entrega del servicio de agua potable a una empresa privada, a Concesiones Integrales.

A eso se debe que estén vigentes por lo menos tres juicios de amparo en contra de la concesión del agua.

Ante ese panorama, hubo una especial atención de Antonio Gali Fayad de incorporar a su gobierno a una figura de primer nivel para evitar un fuerte revés jurídico en un tema tan delicado como es la administración del recurso hídrico.

Por eso se incorporó a Armando López Aguirre, quien tiene una larga trayectoria como agente del Ministerio Público en la Ciudad de México y en la Procuraduría General de la República, y luego se convirtió en el brazo derecho del área especial de servicios jurídicos de Banamex, a nivel nacional, para enfrentar los procesos penales del banco más grande del país.

Ahora en este abogado descansa la encomienda de que no se le descarrile al gobierno del estado el tema del agua, que si puede ocurrir, ya que en la Suprema Corte de Justicia está pendiente discutir si está apegada a la Constitución la concesión de dicho servicio público.

La concesión del agua no es un proceso cerrado.