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En plena navidad la CNDH dio carpetazo al caso Chalchihuapan
Cuitlatlán
por Fermín Alejandro García
Un día después de navidad, cuando la mayor parte de la opinión pública estaba ausente de los temas informativos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictaminó aceptar la respuestas que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas dio a la recomendación por el caso de la represión al pueblo de Chalchihuapan y el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, con lo cual dio carpetazo a este asunto. Tal viraje del organismo tiene un tufo de ser una componenda política con el Poder Ejecutivo de Puebla.
La notificación de que la recomendación 2VG/2014 fue cumplida por el gobierno de Puebla se le notificó a Elia Tamayo Montes –la madre del menor asesinado– hace cuatro días. Llama la atención que no fue directamente a esta mujer a quien se le informó el veredicto de la CNDH, sino se hizo por medio del abogado panista Hilario Gallegos.
El sexto visitador general de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, de esta manera dio por cerrados el caso:
“Con base en lo anterior, luego del análisis llevado a cabo por esta Comisión Nacional a la información proporcionada, resultó procedente dar por cumplidos los puntos recomendatarios segundo, tercero y décimo de la Recomendación 2VG/2014 con ello, con fundamento en lo que establece el artículo 138, fracción II del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 26 de diciembre de 2016, la Recomendación 2VG/2014 se calificó como aceptada con pruebas de cumplimiento total”.
Todo indica que la CNDH actuó de acuerdo a los tiempos políticos de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que todo el proceso final para dictaminar el cumplimiento de la recomendación y comunicar del fallo a los afectados, se hace en los días previos al último informe del gobernador de Puebla, para que de esta manera el mandatario pueda hablar de este asunto espinoso en dicho acto y busque zanjar el tema emblemático de su carácter represivo.
Aunque el mayor cuestionamiento no es solamente al manejo político de los tiempos, sino la parte fundamental de este caso, que es: no existe castigo contra los autores materiales y sobre todo, para los autores intelectuales de la represión al pueblo de Chalchihuapan ocurrida el 9 de julio de 2014, que dejó docenas de heridos y discapacitados, junto con la muerte de un menor de edad inocente.
La CNDH dio testimonio, en la investigación emprendida en los días posteriores a la represión, que los agentes de la Policía Estatal actuaron con excesos, sin seguir protocolos y que dispararon los proyectiles que estallaron la cabeza del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, y dejaron secuelas en rostros y extremidades de otros pobladores de Chalchihuapan. Al final nadie está en la cárcel por ese atropello.
Queda claro que la Policía no se manda sola y que hubo mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que dieron la orden que se actuara al margen de la ley.
Una figura que debía haber sido investigada es el temible Facundo Rosas, quien era el secretario de Seguridad Pública en julio de 2014 y nadie tocó por este asunto. En general, el ex funcionario calderonista parece gozar de plena impunidad pues también salió ileso del escándalo provocado porque dos de sus hombres de confianza aparecieron vinculados a la protección de bandas dedicadas al robo de gasolina.
Otro aspecto grave, es que luego de la muerte del niño la extinta Procuraduría General de Justicia, a cargo de Víctor Carrancá, intentó proteger a los responsables del asesinato con peritajes nada creíbles de que pobladores habían estallado un cohete y eso había provocado el fallecimiento de Tehuatlie Tamayo.
La CNDH tenía que haber exigido hasta el último momento el castigo penal de quienes ordenaron el operativo del 9 de julio, luego intentaron proteger a los asesinos con falsos peritajes y a los que dispararon los artefactos explosivos contra los pobladores de Chalchihuapan. Nada de eso pasó.
Todo se redujo a que Elia Tamayo acabó aceptando recibir un pago –de 2.5 millones de pesos– del gobierno del estado, que se tomó como resarcimiento del daño y una disculpa pública del Poder Ejecutivo.
El comportamiento de la CNDH se puede explicar de esta manera: en 2014 el entonces presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, buscaba reelegirse en el cargo y enfrentaba fuertes cuestionamientos porque no hacía nada contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Por eso Plascencia Villanueva actuó correctamente, para que lo ratificaran en el cargo, algo que no logró.
Luego llegó al cargo Raúl González Pérez, quien al inicio de su gestión al frente de la CNDH tomó el caso Chalchihuapan como un asunto emblemático de la peor reopresión ocurrida en el país.
Al mismo tiempo, se sabe que el gobierno morenovallista inició un fuerte cabildeo político para influir en la CNDH.
Tal parece que esas gestiones funcionaron y por eso ahora la CNDH actúa a favor de los intereses político de Moreno Valle y queda exhibida como un organismo que defiende delincuentes y no protege los derechos humanos, ya que protegió a los asesinos del caso Chalchihuapan.
