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Las rutas ¿opcionales? del pleito con el Congreso
A Puerta Cerrada
Jorge Rodríguez
Esa era la pregunta que desde el miércoles por la tarde debió rondar entre los colaboradores y amigos del ex presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, y en él mismo, una vez que fueron enterados del procedimiento administrativo que emprendería el Congreso del Estado en su contra a la mañana siguiente.
Frente a la imposibilidad de arribar a un consenso, ante la falta de información fiable, que permitiera saber hasta dónde pretendían llegar las intenciones de los diputados panistas Patricia Leal Islas y Jorge Aguilar Chedraui, principalmente, el equipo compacto que acompañará a Rivera Pérez en esta travesía político-jurídica optó por salir a los medios para fijar una postura y defender al ex alcalde de Puebla.
Cualquiera de las dos opciones: inhabilitación o cárcel, debía resultar inadmisible para el también ex dirigente estatal del PAN.
Si se le inhabilitara por el presunto ejercicio irregular de 411 millones de pesos, como se acusa, quedaría sin posibilidades de competir por la gubernatura del estado o cualquier otro puesto de elección popular en 2018.
Indeseable final para quien quiere gobernar Puebla después de José Antonio Gali Fayad y además cree que tiene grandes posibilidades de hacerlo, con la eventual inclusión de Margarita Zavala (de Felipe Calderón) como candidata del PAN a la presidencia de la república.
La otra opción, cárcel, resultaría en sí misma impensable para Rivera y su equipo, pero ahí está, como muy remoto pero posible final de un largo proceso jurídico en el que los diputados integrantes de la Comisión Inspectora, con Leal Islas a la cabeza, tuvieran la encomienda de llevar el procedimiento administrativo hasta los terrenos del peculado.
Quizá no es que el ex presidente municipal y su gente duden de sus capacidades para entrarle de lleno a un pleito jurídico.
De lo que han de dudar es de la imparcialidad de los legisladores, mayoritariamente morenovallistas, para tomar en cuenta sus alegatos.
Justo por eso habría sido que ayer, a diferencia de lo que hizo en los tres años de su gobierno, quedarse callado, el ex presidente municipal convocó a los representantes de la prensa para acusar de manera directa al gobernador Rafael Moreno Valle, para responsabilizarlo por lo ocurrido momentos atrás en el Poder Legislativo.
Sin embargo, podría haber otro escenario.
Una tercera vía podría figurar en el horizonte del conflicto.
Tal vez no se trate de inhabilitarlo ni meterlo en prisión, sino de mandar un mensaje para arribar a acuerdos políticos mayores, con miras a las elecciones de gobernador y de presidente de la república de 2018.
De ser así, en el transcurso del próximo año se estarían viendo los resultados.
Eduardo Rivera pertenece a la suma de grupos panistas que en un sexenio perdieron todo espacio de poder e influencia al interior del partido blanquiazul y que ahora quieren recuperarlo.
La silenciosa pero evidente hiperactividad de los panistas de ultraderecha, que fundamenta sus deseos de resurrección política en el futuro de Margarita Zavala, podría haber sido la causa del (probable) mensaje.
Si es así, quedará el recurso de la negociación.
Si no, habrá entonces que buscarse un buen sillón para sentarse a contemplar la férrea pelea de un sector mayoritario del Congreso del Estado contra el ex alcalde y sus aliados, que los tiene, aunque sea para hacer ruido, en la entidad poblana y fuera de ella.
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Ernestina Fernández Méndez podría encontrar en el caso de Tlatlauquitepec una tabla de salvación a sus problemas con los diputados locales (no priistas).
El gobierno de la (todavía) alcaldesa de Tehuacán ha sido un desastre.
Lo ha sido incluso antes de rendir protesta, desde que aceptó ir a la contienda electoral como representante de los intereses personales de su esposo, Álvaro Alatriste.
Pero aun así, tiene posibilidades de salvar el pellejo.
Todo lo que tiene que hacer es seguir al pie de la letra el ejemplo de Porfirio Loeza Aguilar en Tlatlauquitepec, quien pese a haber sido oficialmente destituido del cargo, por los integrantes de la anterior legislatura, se quedó al frente de la alcaldía hasta el 24 de enero de 2014, una semana antes de que concluyera el periodo para el que había sido electo.
Si revisa los antecedentes y no le queda muy clara la estrategia empleada por Loeza Aguilar, podría llamarle para contratarle de asesor.
En una de esas le comparte sus secretos para ignorar al Congreso, sin sufrir consecuencias jurídicas, y le ayuda a permanecer en el puesto hasta el 2018.
Se ve difícil para Ernestina Fernández, por el nivel de las irregularidades acumuladas en Tehuacán durante su administración, pero podría ser.
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Esta columna hará una pausa decembrina para volver en enero.
Por ahora no me queda más que agradecerle el tiempo obsequiado en este 2016 y desearle felices fiestas.
@jorgerdzc
