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Desde hace dos años está parada una investigación por tortura contra Edmundo Tiro Moranchel
Cuitlatlán
Fermín Alejandro García
En 2013 un juez federal determinó que Edmundo Tiro Moranchel, uno de los dos propietarios de Invergroup, había sido torturado en una zona de segregación en un penal de Puebla, por lo que ordenó se iniciara una investigación para determinar quiénes eran los responsables. Desde entonces el empresario está esperando que el Ministerio Público le tome su declaración para esclarecer lo ocurrido.
Esta omisión es una muestra de que desde el gobierno del estado existen intereses que buscan que no se solucione el fraude cometido contra unos 6 mil ahorradores de las empresas Sitma e Invergroup, fundadas por los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel.
Son ya siete años en que miles de pequeños ahorradores están esperando una respuesta para recuperar su dinero, que en muchos casos era los fondos de retiro de trabajadores jubilados.
Los hermanos Tiro Moranchel, principalmente Edmundo, han buscado que los bienes incautados a sus empresas sean utilizados para reparar el daño cometido a quienes los denunciaron por el delito de fraude genérico. Muchos de los afectados han aceptado, pero siempre existe una mano que sabotea los acuerdos para que no se avance en concretar las operaciones.
A decir de Edmundo Tiro Moranchel, en varias conversaciones que ha sostenido vía telefónica con este columnista, pareciera que alguien desde el gobierno del estado estaría interesado en quedarse con los bienes incautados a los empresarios en cuestión –quienes están encarcelados desde el año 2010– y que no sean usados para que la gente afectada recupere su dinero parcial o completamente.
En el año 2013 ya se había avanzado mucho para crear un fideicomiso que sirviera para pagar a los damnificados de Invergroup, cuando de pronto Edmundo Tiro fue sacado a la fuerza del penal de San Miguel y se lo llevaron a una prisión de Tepexi de Rodríguez, en donde fueron constantes los periodos de aislamiento y de golpizas.
Un día en particular a las 3 de la madrugada lo fueron a sacar de su celda para golpearlo y lo querían obligar a que firmara la cesión de derechos de algunas propiedades de Invergroup, la cual había sido una compañía de servicios financieros e inmobiliarios.
Ante esos tormentos un juez de Distrito le concedió el amparo 1873/2013, mediante el cual no solamente resolvía que era improcedente que lo hubieran cambiado de penal, sino que además constató las torturas y ordenó que se investigara a los responsables.
Entre la fecha en que se llevaron a Edmundo Tiro a Tepexi de Rodríguez y lo regresaron a la prisión de San Miguel, los juicios por los fraudes de Sitma e Invergroup estuvieron dos años parados.
Durante ese tiempo los ahorradores timados no pudieron avanzar ni un ápice en la búsqueda del retorno del dinero que depositaron o en la adjudicación de un terreno que sirviera de reparación del daño.
Muchos de los defraudados ya murieron esperando justicia, la cual no consistía en que los hermanos Tiro estuvieran en la cárcel, sino en que les regresen lo que era suyo, el dinero con que buscaban pasar una buena vejez o ayudar económicamente a sus familias.
Quien también ha visto frustradas sus esperanzas de que se haga justicia es Edmundo Tiro Moranchel, quien está en la cárcel porque no dio tiempo de cambiar el acta constitutiva en donde aparece como copropietario de Invergroup, cuando en realidad quien movía las empresas era su hermano Leonardo.
Edmundo se había desligado ya de los negocios de su hermano, pero en 2010 el gobierno necesitaba chivos expiatorios para calmar el descontento social que había por una larga serie de fraudes inmobiliarios y financieros, los cuales en su mayoría quedaron impunes.
Ahora Edmundo ha cargado con la injusticia de enfrentar la privación de su libertad, de sufrir torturas y perder toda su fortuna por los malos manejos de su hermano, quien ofreció rendimientos financieros imposibles de pagar, mediante un esquema financiero en el cual era fácil desaparecer –bajo el engaño de pérdidas– los ahorros recaudados.
Un esquema que solaparon las autoridades federales y del estado de Puebla.
