Hace un mes, justo a las 11 de la mañana, la señora “M” vio morir a su hijo tras el operativo en Nochixtlán. “Todavía estaba tibiecito, pero el doctor dijo que ya no podía hacer nada”, platica de manera anónima. Dos días después lo enterró y desde entonces sólo tiene una petición: que se haga justicia. Pero nadie la escucha o al menos eso parece.
Este martes 19 de julio se cumple un mes del desalojo en la carretera de Nochixtlán, Oaxaca, que dejó como saldo siete personas muertas y un centenar de heridos; la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia Estatal no han informado sobre avances de las investigaciones para conocer qué ocurrió.
Ni siquiera los heridos, que requerían atención médica inmediata, han sido atendidos, pese a la promesa del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien visitó la población hace 12 días.
“La gente está encabronada”, dice vía telefónica el padre de uno de los jóvenes fallecidos, quien pide anonimato. Aunque los funcionarios federales han acudido a encuentros con los pobladores, sólo lanzan “promesas”, pero ninguna acción concreta.
Otro familiar de un fallecido cuenta a Animal Político que 27 días después del operativo, por fin llegó una caravana de médicos, pero “sin medicamentos ni especialistas”.
Integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el director de la Asesoría jurídica federal, Rubén Vasconcelos, escucharon el hartazgo de las víctimas el pasado jueves 13 de julio. Aunque publicaciones periodísticas reportaban que los pobladores mantenía retenidos a los funcionarios, en un video enviado a Animal Político se observa el diálogo entre ambas partes, pero con la exigencia de las víctimas para que cumplan lo que habían prometido.
La noche de este lunes 18 de julio, el subsecretario de Gobernación Roberto Campa encabezó el tercer encuentro con las víctimas. Esta vez se comprometió a que uno de los heridos de bala -el más grave- será trasladado a un hospital en la Ciudad de México y después continuará la atención hacia el resto, la mayoría con heridas causadas por bala.
Mientras que en la sesión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de este martes, los comisionados tienen previsto aprobar un fondo económico para los heridos y familiares de fallecidos.
Fuentes del organismo informaron que se considerarán los gastos apremiantes como viáticos, funerarios o médicos, pero no detallaron los montos.
Aún no se sabe qué pasó
El 1 de julio pasado, el fiscal de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo, declaró en entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula, que 15 días después, informaría el avance de las investigaciones, pero no lo hizo.
La premura no fue sello de su investigación. Los peritajes en la zona fueron realizados una semana después del enfrentamiento y las evidencias como casquillos y balas fueron movidas o recogidas por los mismos pobladores y la lluvia había desaparecido manchas de sangre.
El miércoles 6 de julio, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación y, por tanto, es la autoridad responsable de continuar con las indagatorias, pero hasta el momento tampoco tiene una fecha prevista para informar sobre las conclusiones o avances porque existe el compromiso de realizar una “investigación integral, con profesionalismo y eficacia para esclarecer lo ocurrido”, según la versión oficial de la dependencia.
El fiscal Carrillo dijo que de acuerdo a las evidencias, hasta ese momento se mantenía la hipótesis de que un grupo “ajeno” a los manifestantes disparó durante el enfrentamiento y que en los cuerpos de los fallecidos hubo balas de armas con calibre distinto al que usa la policía. Teoría mencionada por el comisionado de la policía, Enrique Galindo, un día después del operativo.
Animal Político realizó la reconstrucción de lo ocurrido el 19 de junio con el testimonio de decenas de testigos y las versiones apuntan a que los disparos provinieron de los elementos de la Policía Federal.
Incluso, la versión oficial ofrecida por Galindo que sostiene una supuesta emboscada contra los uniformados a partir de las 10 de la mañana y que, en respuesta, los federales dispararon, fue refutada con las actas de defunción, pues la primera víctima falleció a las 9:30 de la mañana por arma de fuego, justo a unos metros de tres hombres que al parecer portan uniformes de la Policía Federal, según se observa en un video entregado a este medio.
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Las víctimas de Nochixtlán siguen esperando
Quince días después de la batalla en la carretera federal del poblado mixteco de Nochixtlán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió a una comisión de víctimas del operativo. Durante dos horas escuchó las demandas y prometió que las cumpliría, aunque no firmó ningún documento para acreditarlo.
Las peticiones centrales de los familiares fue la atención a los heridos, que era lo más urgente; reparación del daño, entendido como la promesa de no repetición; el nombramiento de un fiscal especial para investigar el caso, toda vez que desconfiaban de la actuación de la procuraduría de Oaxaca y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ya pasaron 19 días y ninguna de las demandas han sido cumplidas.
El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, ha tenido dos reuniones con las víctimas. La primera fue el 7 de julio en Nochixtlán, donde informó que la ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se involucrarían en la investigación para que los responsables fueran juzgados.
También prometió la atención médica inmediata para los heridos. Sin embargo, la primera caravana de ambulancias llegó este 16 de julio, y sin medicamentos.
La segunda reunión entre Campa y las víctimas fue el 14 de julio en la Ciudad de México y el próximo viernes se realizará la tercera en la Segob para atender a los familiares de los fallecidos.
Hasta el momento, dice otro familiar de un joven fallecido, ninguna de las familias ha tenido apoyo psicológico, legal o económico, por eso, este lunes por la noche realizaban una asamblea para decidir qué acciones seguirán.
