La Presidencia de la República, a través de la PGR, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge.
En Los Pinos, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, dijo que los recursos interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR), por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, buscan evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sánchez explicó que “recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y de Veracruz aprobaron reformas que se oponen” al SNA.El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, señaló que los gobiernos de Borge y de Duarte concretaron nombramientos de magistrados, contralores, fiscales, entre otras autoridades, que sólo podían hacerse hasta que se armonizara la legislación local con la federal.
Sánchez expuso que uno de los propósitos del SNA es que no haya cabida para legislaciones locales a modo. “En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, dijo.
Agregó que los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se publicarán en los próximos días.
Roberto Borge respondió vía Twitter que acatará el fallo de la SCJN. Sin embargo, aclaró que “no hemos promovido la creación de ningún sistema anticorrupción”.
En tanto, Javier Duarte anunció que retirará su iniciativa en Veracruz. También en Twitter escribió que ya no enviará ninguna propuesta de terna para magistrados anticorrupción.
Frenan reformas en QR y Veracruz
El Ejecutivo afirma que algunos cambios en los estados van contra el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de los estados de Veracruz y Quintana Roo.
En la residencia oficial de Los Pinos, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, señaló que las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, así como los Congresos locales llevaron a cabo distintas reformas opuestas al espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que resulta contrario a la Constitución.
Además, concretaron nombramientos de magistrados, contralores, fiscales y demás autoridades que sólo podían hacerse hasta que se armonizara la legislación local con la federal.
“Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR se encaminan a atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la constitución federal”.
Agregó que los cambios en las respectivas legislaciones que impulsaron ambos gobiernos, y que fueron considerados como un blindaje para los actuales mandatarios contra posibles investigaciones en su contra, debieron estar acordes a las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, situación que no ocurrió.
“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo el funcionario.
Al respecto, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, expuso que los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se habrán de publicar en los próximos días, en tanto las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor.
Destacó que el constituyente permanente aprobó un marco jurídico al que calificó de “robusto e innovador” que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción.
Advirtió que el Sistema creado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil parte de una premisa: ninguna institución y ningún servidor público puede estar al margen de la ley.
“Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales a modo.
“En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones, esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir”, advirtió.
Durante la conferencia, el subprocurador jurídico informó que la PGR analiza también la reforma impulsada por el gobernador de Chihuahua, César Duarte, que de igual modo fue proyectada para blindarlo ante futuras acusaciones.
“Efectivamente, también se publicó en el periódico oficial del estado de Chihuahua una reforma que va de la mano de las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción”, aunque el funcionario no abundó sobre el hecho.
Cierran filas en torno de Javier Duarte
Diputados federales priistas y del Partido Verde respaldaron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un pronunciamiento enviado a diversos medios de comunicación.
En el mismo, las 20 diputadas y diputados federales reiteran que acompañarán al gobernador Duarte de Ochoa hasta la conclusión de su encargo constitucional, el 30 de noviembre de 2016.
Los legisladores del tricolor subrayaron su apoyo “de manera incondicional” al gobernador Javier Duarte de Ochoa.
QUINTANA ROO
Éstos son los cambios a la Constitución de Quintana Roo impugnados por la PGR.
Artículo 75. Se refiere al fiscal y designación de magistrados.
Artículo 76. Se refiere al perido que deben cumplir los funcionarios.
Artículo 90. Trata sobre la facultad del Ejecutivo para nombrarlos.
Artículo 110. Da autonomía a. Tribunal de Justicia Administrativa.
Artículo 160. Habla sobre la responsabilidad de los funcionarios.
Habla sobre el tiempo previsto para su entrada en funciones.
VERACRUZ
Éstas son algunas modificaciones a la Constitución de Veracruz, impugnados por el Ejecutivo federal.
Artículo 33. Trata de las atribuciones para nombrar al contralor local.
Artículo 67. Se refiere al nombramiento del fiscal anticurrupción.
Artículo 28 bis. Atribuciones al estado en materia anticorrupción.
Artículo 39 bis. Atribuciones de la Fiscalía contra la corrupción.
Artículo 34. Habla sobre cómo se dirimirían las controversias en el estado.
