La privatización del SOAPAP se habría pactado desde 2012, denuncian ONG

Ciudadanos y abogados de organizaciones sociales como la Asamblea Social del Agua y de la Comisión estatal en Defensa del Medio Ambiente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), próximo a constituirse en partido, denunciaron que desde septiembre de 2012 se habría pactado la privatización del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

En una rueda de prensa ofrecida ayer en el Centro Histórico de la capital poblana, los activistas recalcaron que hay reportes periodísticos y de fuentes fidedignas acerca de que en ese tiempo, el director de Finanzas del Organismo Operador, Jorge Gómez Haro, Marín Escobar y Gustavo Gaytán se trasladaron a Saltillo, Coahuila, donde en ese u otros encuentros habrían pactado la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado con la empresa Aguas de Saltillo, filial de Aguas de Barcelona, que recientemente fue expulsada del municipio de Ramos Arizpe.

Los activistas, en voz del consejero nacional del Morena, René Sánchez Galindo, exigieron que los diputados de la 58 Legislatura del Congreso del estado honren su palabra y convoquen a consulta ciudadana sobre la privatización del servicio público del agua, en forma previa a que se suscriba la concesión de los servicios que prestan SOAPAP y otros organismos al interior del estado.

Recordaron que los diputados del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y algunos de Nueva Alianza han expresado por distintos medios su anuencia para consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito que organice el Instituto Estatal Electoral. Remarcaron el hecho de que el PT ya presentó una propuesta de acuerdo en ese sentido.

El equipo jurídico de las organizaciones señaló que gracias a los amparos promovidos por la ciudadanía aún no se ha seleccionado a la empresa ganadora de la licitación internacional; “una vez que la empresa concesionaria sea seleccionada pasarán aproximadamente cinco días para la rúbrica del contrato, así que hay tiempo suficiente para que el Congreso de Puebla realice la consulta pública”.

René Sánchez Galindo expresó que este jueves exigirán al Poder Legislativo que realice la consulta popular para poder definir si la gente quiere o no que el servicio de agua potable se concesione.

El abogado, también director de la Asociación Civil Colectivas, explicó que la convocatoria emitida para el concurso internacional consta de cuatro fases: selección de la empresa concesionaria, firma del contrato con el gobierno estatal, constitución de un fideicomiso y el proceso de entrega–recepción.

A pregunta expresa, Sánchez Galindo consideró una irregularidad que después de la firma del contrato con la administración que encabeza el panista Rafael Moreno Valle, la compañía triunfadora en el concurso tenga que fundar una nueva empresa; sin embargo, dijo que está explorando la vía jurídica para impugnar esa y otras muchas inconsistencias.

Señaló que una vez que la empresa concesionaria sea seleccionada pasarán aproximadamente cinco días para la rúbrica del contrato, “así que hay tiempo suficiente para que el Congreso de Puebla realice la consulta pública”.

A mediados de diciembre del año pasado, el diputado local del Partido del Trabajo (PT) Félix Santos Bacilio presentó ante la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura un punto de acuerdo para que se dictaminé la procedencia de una consulta ciudadana sobre la privatización de agua potable en la entidad.