Pagan 40 reos privilegios en penal de Puebla

Se estima que en el penal de San Miguel hay entre 35 y 40 internos que están en la zona llamada VI, en la cual se permite a quienes ahí habitan no tener contacto con el resto de la población penitenciaria, utilizar aparatos electrónicos para interactuar con personas en el exterior de la prisión, así como acceder a alimentos, servicios y prendas de vestir especiales. Se dice que todo ello a cambio de uno 50 mil pesos mensuales de cada uno de los beneficiarios.

Esos datos salen a colación por un hecho que ha llamado poderosamente la atención en los últimos días, que es el caso de Fernando Urbano Castillo Pacheco, conocido en el mundo de los litigantes de Puebla como “El niño de oro”, quien está preso desde julio de 2011 por el delito de fraude –que incluye hacerse pasar por abogado cuando no lo es– y resulta que periódicamente pública colaboraciones en un importante periódico digital de la capital poblana, además de administrar sus cuentas de redes sociales como si fuera un ciudadano que gozara de plena libertad.

Lo que ocurre con “El niño de oro” es parte de las anomalías que han sido solapadas por el director del penal de San Miguel, Jorge Roberto Montes Romero, quien proviene del norte del país y es protegido de Ardelio Vargas Fosado, el ex secretario de Seguridad Pública de Puebla y actual titular del Instituto Nacional de Migración.

Desde de que en marzo de 2011 llegó un grupo de funcionarios al área penal de Puebla, encabezados por Roberto Olivares Mojica y provenientes principalmente de Tamaulipas, en donde dejaron una larga estela de malos antecedentes, en la prisión de San Miguel se incrementaron de manera desmesurada el, precio de los servicios –que de manera ilegal– ahí se cobran, los cuales van desde el uso de determinadas prendas de vestir que están prohibidas hasta las visitas íntimas, los servicios médicos o la venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

Los primeros dos grandes escándalos que se supieron fueron el del empresario José Canan, cuya esposa tenía acceso por un área especial y le llevaba a su cónyuge artículos y mercancías que normalmente no se permiten ingresar para la mayoría de los internos de dicho centro de readaptación social.

Luego brotó el caso de los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, quienes están privados de su libertad por los fraudes cometidos con las empresas financieras Sitma e Invergroup. En junio de 2012 estalló el escándalo cuando se supo que los empresarios abrieron una cuenta de Facebook, que ellos administraban desde la cárcel y en la que tenían 547 seguidores, mediante la cual llamaban a las docenas de personas que timaron a acudir al penal a negociar un arreglo para que a cambio de ello les concedieran el perdón judicial.

Por la presión que hubo en la prensa obligaron a los Tiro Moranchel a cerrar la cuenta de Facebook casi un mes después de que la abrieron. Sin embargo, ha trascendido que el área escolar del penal de San Miguel sigue siendo utilizada como zona de privilegio de ambos financieros para seguir recibiendo a los usuarios de sus empresas –quienes principalmente son pensionados o amas de casa– para intentar negociar arreglos económicos.

Cuando Ardelio Vargas Fosado nombró a Roberto Morales Mojica como director del Sistema Penitenciario de Puebla nunca explicó cuál fue el criterio para traer a Puebla a un personaje que entre los años 2000 y 2006 fue objeto de varias acusaciones de organismos de derechos humanos de cometer abusos en penales de Coahuila y principalmente de Tamaulipas.

El pasado 1 de mayo, “por motivos personales”, Roberto Morales Mojica dejó el cargo y fue sustituido por Lilia Verónica Cruz León, quien ya ha sido funcionaria del la Dirección de Penales de Puebla.

En aquella ocasión se creyó que la salida de Morales Mojica se daba porque ya no tenía la protección de Vargas Fosado y porque se intentaba hacer una limpia de las anomalías que ocurren en los penales. Hasta ahora no ha pasado nada positivo en las cárceles poblanas.

El 13 de mayo de este año un par de medios de comunicación, uno de Tehuacán y otro de la capital, publicaron una misiva que presuntamente mandó un grupo de custodios de San Miguel, en la cual se dice que mensualmente se hacen pagos de hasta 500 mil pesos a las autoridades encargadas de supervisar el penal como una manera de que no se eliminen las anomalías que ahí ocurren.

No suena descabellada esa versión si se observa que en San Miguel hay un grupo de internos que gozan de muchas licencias para llevar una vida como si vivieran en un hotel y no estuvieran privados de sus derechos civiles.

Un caso emblemático es el de Fernando Urbano Castillo, quien siempre ha tenido facilidad para acercarse a los medios de comunicación como colaborador. Queda claro que este falso litigante, para que pueda seguir escribiendo artículos y le sean publicados cada semana, es porque seguramente tiene acceso a una computadora, a un área donde puede redactar sin ser perturbado y donde seguramente cuenta con una red de internet.

Hace unos días el periodista Edmundo Velázquez narraba en el periódico Central con detalle la situación de este personaje y señalaba que habría pagado 100 mil pesos para que le otorgaran la concesión de vender refrescos Coca Cola en el penal, y para que pueda tener acceso a una computadora y diferentes redes sociales estaría erogando unos 4 mil pesos mensuales.

Una fuente confiable cercana al penal le indicó a este columnista que 4 mil pesos es muy poco dinero para estar en la zona VI, que antes era el área de visitas íntimas, pues ahí se eroga entre 40 y 50 mil pesos mensuales, como una garantía de que los “huéspedes” de esa parte no convivan con el resto de la población penitenciaria, no sufran abusos de los custodios, tengan buena comida y ropa, además de no estar expuestos a robos o atentados.

Dicho de otra manera, para hacer placentera su estadía en prisión.