Transportistas pedirán aumento al pasaje en Puebla

Sin duda el miembro más gris del gabinete estatal es el titular de la Secretaría del Transporte, Bernardo Huerta Couttolenc, quien recientemente por su omisión de no tratar las demandas de las principales organizaciones de permisionarios del transporte público ha provocado que estas obliguen al gobierno del estado, a partir de mañana, a sentarse a negociar un posible incremento a la tarifa de este servicio.

Resulta que la organización más importante en el rubro llamada Asamblea Permanente del Transporte, que agrupa a unas 75 rutas, desde hace varias semanas había intentado mantener un diálogo con Bernardo Huerta Couttolenc u otro alto funcionario del gobierno del estado, pero ante la constante negativa a dialogar de parte de los representantes del Poder Ejecutivo, los integrantes de la dirección colegiada de esa agrupación presentaron una queja ante la presidencia de la República.

Y la respuesta que obtuvieron de la presidencia de la República es que el Poder Ejecutivo federal por respeto a la soberanía del estado no podía intervenir para dar solución a las demandas de los transportistas, pero si pedirle al gobierno de Puebla que atendiera la solicitud de diálogo de los permisionarios.

Es así como este asunto llegó a manos de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG), que ante la intervención de la presidencia de la República, ahora si accedieron a conversar con los quejosos, quienes externaron que buscan un aumento emergente al precio del pasaje para que se ubique en por los menos 10 pesos.

Trascendió que el tema lo conoció el titular de la SGG, Fernando Manzanilla Prieto, quien habría externado que el gobierno del estado está dispuesto a dialogar y negociar sobre cualquier demanda de los transportistas, menos la relacionada con el incremento del pasaje, ya que por ser el actual un año electoral el gobierno del estado no está dispuesto a ceder en ese renglón.

Pese a esa sugerencia, los transportistas respondieron que es largo su pliego petitorio y que en el mismo, el tema prioritario será el aumento al pasaje.

La intervención de Manzanilla obligó a que este miércoles, por la tarde, una comisión de la Asamblea Permanente del Transporte –que agrupa casi 50 por ciento de las rutas del servicio en la capital– será recibida por Bernardo Huerta, luego de que el funcionario sistemáticamente se había negado a mantener un diálogo con esta agrupación.

Los argumentos centrales que presentarán los miembros de la presidencia colegiada de la Asamblea Permanente del Transporte –formada por Samuel Méndez, José Luis Vázquez y Ernesto Cholula Romero, entre otros– es que en los tres últimos años no se ha autorizado un aumento al pasaje, que han crecido los precios de los insumos, pero sobre todo que la introducción del metrobús ha dañado la rentabilidad de varias rutas.

También buscan, por enésima vez, echar abajo dos disposiciones legales: la que obliga a sacar de circulación a vehículos del transporte que tienen una antigüedad mayor a 10 años de uso y la que impide a los chóferes, que provocan accidentes con victimas mortales, obtener su libertad bajo caución.

Las posiciones que este miércoles externarán las partes, en el inicio de las negociaciones, es que el gobierno no permitirá que se trate el tema del alza del pasaje; mientras que los permisionarios ejercerán diversas medidas de presión para que se les conceda el aumento a la tarifa. Es decir iniciará un forcejeo.

Tal situación se podría haber evitado si Bernardo Huerta hubiera dialogado con anterioridad con los transportistas. Pero el funcionario le gusta aplicar la política de la avestruz y no enfrentar los problemas de la Secretaría del Transporte.

El problema de fondo son dos: El primero es que Bernardo Huerta utiliza a un grupo de presión, formado Abraham Sánchez y Annuar Musalem, quienes son ex funcionarios de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para supuestamente controlar a los permisionarios.

Se sabe que ambos ex servidores públicos sí tienen el control de grupos pequeños, sobre los que siempre han sido irregulares en el cumplimiento de normas y que en el pasado eran solapados por Abraham Sánchez, quien duramente muchos años fue el encargado del área de Ingeniería del Transporte de la SCT.

Sin embargo esa pequeña mafia, la de Sánchez y Musalem, que ahora se maneja como grupo de consultores privados del transporte, no tiene incidencia en las agrupaciones fuertes de concesionarios y que se caracterizan por si estar en regla en cuanto a sus obligaciones.

El segundo problema es que quien incide en la toma decisiones en la Secretaría del Transporte es la contralora del estado, Patricia Leal, quien tiene una relación de pareja con Bernardo Huerta, y este último, está supeditado a los intereses de la funcionaria que en el pasado fue titular del área del Transporte en la SCT y fue quien tejió la relación con Abraham Sánchez.

Todas esas complicaciones han metido en un brete al gobierno con los transportistas fuertes de la capital, quienes no están dispuestos a esperar que sus demandas sean atendidas, aunque el presente sea “un año electoral”.