Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron, con una votación de 9 a favor y 2 en contra, la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral, impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El mentado “plan B” contemplaba reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, #LaCorte declara la invalidez del 1er decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.#ULTIMAHORA
— Suprema Corte (@SCJN) May 8, 2023
Los ministros de la Corte consideraron que se violó el procedimiento legislativo y la discusión democrática, al aprobar “con premura” las iniciativas de ambas leyes.
A pesar de ello, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf , cercanas a López Obrador, votaron en contra del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.
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El ministro Luis María Aguilar Morales sostuvo que el conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud, que acarrean como consecuencia lo que se podría llamar como “una perversión de las reglas democráticas”.
Incluso el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresidente de la SCJN y también cercano al mandatario federal, criticó la forma en que fueron aprobadas ambas leyes, en diciembre del año pasado.
Consideró que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo, las cuales afectaron “grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”.
Es así como en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, estas dos leyes no tendrán ningún cambio adicional, por lo que con el tope de gasto para comunicación social y el blindaje para servidores públicos que realicen proselitismo no aplicará para la sucesión presidencial.
Pues el dejar que las reformas siguieran en curso implicaba que servidores públicos pudieran realizar manifestaciones públicas en torno a temas electorales bajo el amparo de que se está haciendo uso de su libertad de expresión o que están en pleno ejercicio de sus funciones públicas.
Las reformas que serán analizadas próximamente son a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial; además, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
