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SCJN avala legalidad del aborto desde los 12 años, en caso de violación
Imponer la presentación de una orden judicial para llevar a cabo el aborto, solo revictimizaría a las mujeres: Arturo Zaldívar
Arturo Zaldivar Lelo De Larrea
La interrupción legal del embarazo en niñas a partir de los 12 años de edad fue avalada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin necesidad de un proceso judicial ni autorización de los padres, cuando sea producto de una violación.
El ministro Luis María Aguilar Morales citó las Normas Oficiales Mexicanas NOM-190-SSA1- 1999 y la NOM-046-SSA2-2005 que, dijo, otorgan una mayor protección a los derechos humanos de víctimas de violación, con lo que se actúa a favor del derecho de los menores a la salud.
La Convención sobre los Derechos del Niño introduce el concepto de evolución de las facultades del niño al estipular que la dirección y orientación impartidas por los padres, o encargados legales, deben tomar en consideración su capacidad de ejercer sus derechos por cuenta propia”, indicó el ministro.
El Congreso del estado de Aguascalientes había impugnado esas leyes a través de una controversia constitucional, ya que consideró que las normas mencionadas por Aguilar Morales afectaban su competencia.
Sin embargo, la Corte determinó que las funciones del Congreso de Aguascalientes no fueron invadidas después de que esas normas retiraran la condición de contar con una orden judicial para interrumpir el embarazo, que demostrara que este había sido causado por una violación.
Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que imponer condiciones, como la presentación de una orden judicial para llevar a cabo el aborto, solo revictimizaría a las mujeres que sufrieron una violación.
Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad”, señaló Zaldívar Lelo de Larrea.
De igual manera, manifestó que el Estado debe adoptar medidas que garanticen a las personas gestantes el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, y no obstaculizarlo.
