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Cruz Mendoza comentó que este dictamen adiciona el Capítulo IX “Del Matrimonio Forzado de Menores” al Código Penal Federal en Materia de Derechos Humanos a una Vida Libre de Violencia, y faculta que este delito será imprescriptible en todo el país y se castigará con penas privativas de libertad que podrían alcanzar 18 años de cárcel.
Indicó que, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportan 423 mil mujeres obligadas a casarse como resultado de un embarazo, 339 mil padecieron “un robo”, es decir, forzadas por un varón y 185 mil intercambiadas por dinero, bienes o propiedades.
Es producto del panorama que enfrentan las mujeres en los pueblos originarios, donde prevalecen los “Usos y Costumbres”, que en este caso deberían llamarse “Abusos y Costumbres”.
La diputada Norma Aceves, plantea adicionar un artículo 45 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para mandatar a las autoridades federales a establecer medidas de protección para prevenir, erradicar o suspender los usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que permitan la venta de niñas con fines de unión legal.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no se cuenta con una política pública preventiva que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales y las acciones implementadas por el gobierno se han dirigido a la difusión de información.
La diputada Ana Lilia Herrera sostuvo que el matrimonio infantil es una problemática inmersa en nuestra sociedad, en todos los niveles sociales, pero especialmente en las comunidades más pobres y explicó que, las propuestas consideran la implementación de medidas positivas para niñas, niños y adolescentes que forman parte de comunidades indígenas y de grupos vulnerables con discapacidad en situación de movilidad o en exclusión social, toda vez que estos son los sectores sociales más expuestos a ser utilizados en estas prácticas nocivas.
