Tras varias semanas de negociación, el Senado de la República avaló la expedición de dos de las leyes secundarias en materia político-electoral, fundamentales para la organización de las elecciones del año 2015.
En sesión extraordinaria celebrada este miércoles y con ajustes acordados de último minuto, la Cámara Alta aprobó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (con 113 votos a favor y 7 en contra), así como la Ley General de Partidos Políticos (con 107 votos a favor y 5 en contra).
La normatividad aprobada establece nuevas facultades para el Instituto Nacional Electoral, que podrá incluso atraer la organización de elecciones locales, cuando existan factores que afecten la paz pública, los principios de imparcialidad o por alguna intromisión gubernamental.
Además, el Consejo General INE tendrá la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos y las campañas de los candidatos, para lo cual no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal
El Instituto podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para investigar potenciales actos delictivos u operaciones financieras inusuales, con lo cual se busca cerrar la puerta al financiamiento de organizaciones criminales.
Entre los cambios acordados por los legisladores de último momento, destaca la posibilidad de anular una elección cuando en espacios informativos o noticiosos se disfrace una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales (cobertura indebida).
De igual forma, se recoge el régimen de nulidad de una elección establecido en la constitución, considerando como causales el rebase de topes de gasto de campaña, el financiamiento ilegal (del crimen organizado).
También se reglamenta el uso de artículos utilitarios en épocas de campaña y precampaña, los cuales sólo podrán ser elaborados con material textil, con lo cual se busca evitar el uso indiscriminado de despensas, tarjetas electrónicas u otro tipo de productos.
En lo que respecta al modelo de comunicación, se establece el bloqueo de señales a fin de limitar las campañas al espacio geográfico donde habrá elecciones.
Por otro lado, se establece un tope de financiamiento privado en las campañas del 10 por ciento respecto al financiamiento público que reciben los candidatos y partidos, mientras que en el caso del prorrateo, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados federales, el porcentaje se va a dividir entre los que se involucren.
En las leyes se amplía también el derecho de los mexicanos a ser votados, mediante las candidaturas independientes, para ocupar los cargos de presidente de la República, diputados y senadores, para lo cual se requerirá del respaldo del 1 por ciento de la Lista Nominal de Electores (alrededor de 780 mil firmas) en el caso de presidente de la República.
En este sentido, el INE tendrá la obligación de facilitar su registro, proporcionar recursos públicos y el apoyo necesario a fin de difundir dichas candidaturas.
La legislación prevé la posibilidad de voto en línea o presencial, en embajadas y consulados, para los mexicanos radicados en el extranjero, para elecciones de presiente, gobernador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y senadores.
Por lo que a la paridad de género, se recoge la exigencia de que las candidaturas entre mujeres y hombres se distribuyan de forma igualitaria (50 por ciento para cada uno de los géneros) tanto a nivel federal como local.
Se prevé además que habrá dos debates obligatorios para el cargo de presidente de la República, los cuales serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de concesionarias de uso público y comercial.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico Herrera (PRI), destacó que con esta normatividad blinda al sistema electoral, además de que erradica los vacíos que prevalecían en la organización de las elecciones y atiende la demanda ciudadana de construir mayores espacios para la participación política.
En este sentido, señaló que se dará certidumbre a los ciudadanos, candidatos y partidos políticos de cara a los próximos comicios de 2015. No debe haber duda de que “se fortalecerá el prestigio de las elecciones en nuestro país”, afirmó el priista.
De igual forma, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), señaló que la columna vertebral de esta normatividad es la certidumbre para los competidores, pero sobre todo para que los ciudadanos confíen en el sistema electoral.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), aclaró que la creación del INE no tuvo el propósito de extinguir al IFE, ni subordinar a las autoridades electorales estatales. Lo que se busca, dijo, es crear las mismas condiciones de calidad en la organización de todos los procesos electorales locales.
El senador panista reconoció que quedaron muchos temas en el tintero, aunque, dijo, se construyó lo posible. En este sentido, destacó que el éxito de esta reforma dependerá de las actitudes tanto de las autoridades electorales, como de los partidos, los ciudadanos y el propio gobierno.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas (PRD), señaló que se ha dotado de una fuerza monumental al INE, ya que en el momento en que decida la atracción de un proceso electoral estaría prácticamente emitiendo la desaparición de poderes en una entidad.
El también senador por el PRD, Armando Ríos Píter, señaló que aún no se llega a una ley electoral definitiva, por lo que, dijo, el modelo aprobado deberá ponerse en su justa dimensión después del proceso electoral de 2015.
En su oportunidad, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que este modelo no logrará quitar a los gobernadores el secuestro que realizaron de los institutos electorales.
La también senadora por el PT, Layda Sansores, resaltó que se olvidó mencionar que los mexicanos radicados en el extranjero no podrán votar en el 2015, sino hasta 2018, ya que votarán por senadores y presidente como si las elecciones fueran cada seis años.
Los dictámenes aprobados se remitieron a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.
