EE.UU. ofrece hasta 10 mdd por información sobre las finanzas de los cárteles mexicanos
La recompensa busca identificar empresas fachada, operaciones bancarias y mecanismos de lavado de dinero que permiten a las organizaciones criminales mantener sus actividades
Dolares Remesas
El Gobierno de Estados Unidos intensificó su estrategia contra las estructuras financieras del narcotráfico al ofrecer hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita desarticular las redes económicas de los cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras.
La iniciativa forma parte del programa Recompensas por la Justicia, administrado por el Departamento de Estado, que busca obtener información sobre los mecanismos utilizados por estas organizaciones para ocultar, transferir y aprovechar recursos procedentes de actividades ilícitas.
La convocatoria no se limita a identificar a integrantes de los grupos criminales. Su objetivo es llegar a quienes facilitan sus operaciones mediante empresas, instituciones financieras, casas de cambio, intermediarios y negocios utilizados para lavar dinero.
Entre las organizaciones contempladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, además de otras agrupaciones incluidas en las designaciones estadounidenses.
¿Qué información busca Estados Unidos?
De acuerdo con los criterios publicados por el programa, las autoridades estadounidenses buscan datos que permitan identificar distintas formas de financiamiento y movimiento de recursos.
Entre las principales líneas de investigación se encuentran:
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Empresas fachada utilizadas para ocultar el origen del dinero
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Transacciones financieras realizadas mediante bancos y casas de cambio
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Negocios e inversiones controlados por integrantes de los cárteles o sus intermediarios
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Operaciones relacionadas con el robo y contrabando de combustible
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Transferencias de recursos destinadas a financiar las actividades de las organizaciones
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Personas y empresas que facilitan las operaciones económicas del narcotráfico
El programa también contempla información sobre quienes realizan aportaciones económicas o facilitan transacciones para beneficiar a estas agrupaciones.
La recompensa puede alcanzar los 10 millones de dólares, aunque el monto final dependerá del valor de la información y de su utilidad para las investigaciones. El programa también contempla la posibilidad de reubicación para determinadas fuentes de información.
El huachicol, una de las rutas para financiar al crimen organizado
Uno de los casos que ilustra el interés de Washington en las estructuras financieras es el de Jomadi Logistics and Cargo, una empresa mexicana dedicada a la logística de importación y exportación de hidrocarburos.
El Departamento del Tesoro estadounidense la señaló en junio de 2026 por proporcionar apoyo financiero y material al CJNG.
Según la información publicada por las autoridades estadounidenses, la empresa habría utilizado mecanismos como la clasificación incorrecta de cargamentos de combustible, declaraciones aduaneras falsas y operaciones comerciales transfronterizas para facilitar el contrabando de hidrocarburos.
Las autoridades también señalaron que se habrían movilizado decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense en operaciones relacionadas con el CJNG y el robo de combustible.
Por ello, la recompensa busca información sobre sus cuentas bancarias, inversiones, empresas relacionadas y transacciones financieras. El caso refleja cómo el robo de combustible puede convertirse en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales más allá del tráfico de drogas.
El antecedente: los cárteles fueron designados organizaciones terroristas
La estrategia estadounidense tiene como antecedente la decisión del Departamento de Estado, anunciada el 20 de febrero de 2025, de designar a varios cárteles y organizaciones criminales transnacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.
La medida estuvo precedida por la Orden Ejecutiva 14157, firmada el 20 de enero de ese año, que estableció una nueva política de seguridad frente a las organizaciones criminales consideradas una amenaza para Estados Unidos.
Con estas designaciones, Washington amplió las herramientas legales para perseguir las operaciones económicas de los grupos señalados, bloquear activos y restringir transacciones financieras.