Ante las acusaciones del dirigente municipal del PAN, Jesús Zaldívar Benavides, de que es un perseguido político, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sentenció que en Puebla nadie puede decirse perseguido.
Sostuvo, en entrevista al término de la toma de protesta al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, que “no hay ningún tipo de persecución”.
Y es que el panista Jesús Zaldívar denunció que le han hecho “un traje a la medida”, tras acusarlo de varios delitos, entre ellos peculado, desvío de recursos, usurpación de funciones, entre otros, por criticar al precandidato a la gubernatura por Morena, Alejandro Armenta Mier.
Céspedes Peregrina dijo que si se demuestra con hechos que el dirigente partidista no tiene nada que ver con las irregularidades que le imputan, no tendrá ningún problema.
“Si tiene responsabilidades, será un juez quien determine acciones”, acotó el mandatario estatal.
“No se está inventando nada cuando ya son procesos que vienen de tiempo, tendrán que ver sus abogados cuál es la temporalidad que tiene y en qué momento se vence”, indicó.
Aseveró que hay procesos que si no se llevan a cabo generan prescripción, por lo que, entonces, es un tema que tienen que ver la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Puebla.
“Nadie puede decirse perseguido aquí en Puebla, porque no hay ningún tipo de persecución que tenga que ver con religiones, filias, fobias o temas políticos”, sostuvo Céspedes Peregrina.
“Que le busquen por otro lado, no es por ahí, somos muy responsables, hay un criterio muy claro donde nosotros somos seremos respetuosos de todas y todos”, concluyó.
El antecedente
En rueda de prensa, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla capital, Jesús Zaldívar Benavides, acusó una persecución política por revivir la investigación en su contra por presunto desvío de recursos, cuando fungió como director del Conalep, y desde 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició una investigación por abuso de poder, usurpación de funciones, peculado y presunto desvío de más de 30 millones de pesos.
