Ya se han presentado hasta cuatro amparos contra la expropiación de los campos deportivos del Seminario
Actualmente existen dos amparos que se encuentran a la espera de resolución, por lo cual el Ayuntamiento ya ha solicitado que no se brinde una repetición de tal acto
Campos deportivos del seminario
Los presuntos dueños de los campos deportivos del Seminario ya han tramitado un amparo, hasta en cuatro ocasiones, en contra de la expropiación de los terrenos, por lo cual, si el Ayuntamiento decide dar inicio a un nuevo procedimiento, este podría terminar en problemas penales, advirtió Guadalupe Arrubarrena García, síndica del municipio de Puebla.
Arrubarrena García manifestó, en entrevista, que existen dos amparos que se encuentran a la espera de resolución; además, dio a conocer que ya se ha promovido ante la justicia que no se brinde una repetición de tal acto, el cual únicamente extiende un proceso.
La persona que se encuentra como propietaria de dichos terrenos ha promovido cuatro amparos, dos están pendientes de resolución y estos amparos han sido precisamente porque ha sido vulnerada la posesión de su predio”, manifestó la síndica municipal.
Sin embargo, dejó en claro que si bien han sido respetuosos con esta zona que es de propiedad privada, también ya cuentan con dos peticiones por parte de un juez federal.
La funcionaria recalcó que por ahora el gobierno de la ciudad está en un punto de “imposibilidad”, tanto legal como jurídicamente, para llevar a cabo cualquier ejecución, esto debido a que la propiedad aún mantiene amparos pendientes.
Guadalupe Arrubarrena García explicó que para poder llevar a cabo la expropiación, el Ayuntamiento cuenta con 30 días hábiles para notificar al Periódico Oficial del Estado, la sindicatura y áreas involucradas, para que se dé inicio a la expropiación.
No obstante, esto nunca sucedió, jamás fue notificado y tampoco lo dejaron como un proceso pendiente para la actual administración, por lo cual nunca se pudo ejecutar esta orden.
Por ahora, si el Ayuntamiento quisiera volver a ejecutar la orden de expropiación, la discusión podría derivar en una disputa penal.
