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Celebra Gobierno Estatal vinculación a proceso de exdelegado de la SEDATU por “estafa maestra”

La Estafa Maestra, descubierta en 2017 contempló un sistema por el que supuestamente se pagaron más de 400 millones de dólares de origen público en contratos a 128 empresas fantasma.

Foto: El Sol de Puebla

Foto: El Sol de Puebla

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que aún falta por vincular a personas que participaron en la "estafa maestra" en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que mantiene en prisión a la ex secretaria de la SEDESOL y SEDATU, Rosario Robles, y en Puebla al ex delegado de la SEDATU, Juan Manuel López Arroyo. 

A unos días de que la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Juan Manuel López, quien se desempeñó como delegado en Puebla de la Sedatu, y de Noé Molina Rusiles, ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, implicados en la estafa maestra, el gobernador Luis Miguel Barbosa, aseveró que hay mucho de exhibirse y aprobarse. 

"Los que están detenidos como en el caso de Rosario Robles, es sólo una parte, el hecho de enviar a Universidades Públicas y Privadas dinero del Estado para hacer una especie de regreso fue grande, en Puebla hubo muchos actos de eso, celebró que se vincule a proceso a uno de los presuntos responsables, sin embargo, falta mucho". 

Es importante señalar que la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, detalló que los dos detenidos cometieron el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

“El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel “L”, exservidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México”. 

Como medidas cautelares, a ambos se impuso la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual, además sé que se fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria.

Es necesario recordar que la Estafa Maestra, descubierta en 2017 contempló un sistema por el que supuestamente se pagaron más de 400 millones de dólares de origen público en contratos a 128 empresas fantasma. 

Estuvieron involucradas 11 dependencias, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.