Sin prórroga; revocarán concesión si no cumplen con modernización

A partir del 13 de febrero, la Secretaría de Movilidad y Transportes iniciará la revista de las unidades del transporte público, para verificar que hayan cumplido en tiempo y forma con la modernización e instalación de los equipos de seguridad para los pasajeros, de no hacerlo, se iniciarán los procedimientos de revocación de la concesión, al no existir ninguna prórroga, anunció el titular, Guillermo Aréchiga Santamaría.

A tres semanas de que concluya el plazo que otorgó el Gobierno del Estado, para que los concesionarios cumplan con la modernización del transporte público, como condición para que recibieran el incremento a la tarifa del transporte público, el secretario de Estado, dejó en claro que no se dará ninguna prórroga, y se cumplirá con lo que establece los artículos 37 y 70 de la Ley del Transporte Público, que quien no haya cumplido se iniciará los procesos de revocación de la concesión.

"Habrá un procedimiento jurídico, apegado a la ley, y no significa ningún atropello, se realizará la inspección que sea necesaria, para buscar que se cumpla con la legislación vigente, no habrá distingo, ni destinatarios ni colores, todos tendrán que cumplir con lo que establece la ley".

En entrevista, Aréchiga Santamaría, precisó que por parte de la Secretaría habrá módulos y puntos de concentración para iniciar la Revista, y antes de que se cumpla el plazo, es decir, el 12 de febrero, se publicará un calendario para las inspecciones.

Aclaró que no hay pretexto para poder cumplir con la norma, debido a que se dieron las facilidades por parte del Gobierno del Estado acercar los servicios con empresas para la adquisición de equipos de cámaras de vídeo, botones de pánico, GPS, y otros mecanismos tecnológicos que van a contribuir a dar mayor seguridad a los usuarios del trasporte público, y estén conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5).

Sin dar un porcentaje de cuántas unidades del transporte público han cumplido con la ley, al sostener que sería irresponsable, porque a cada momento los números cambian, sí aseveró que por lo menos llevan más del 50 por ciento del parque vehicular del servicio público.