Concesionar es peor que vender el SOAPAP: Montalvo González

Durante el foro de la Asamblea General del Agua, realizado en la Facultad de Economía de la BUAP, el abogado, Gilberto Montalvo González, señaló que otra cuestión que no se debe perder de vista es que, si bien se revocó el artículo 118 bis de la Ley de Agua, el artículo 31 de esa misma en su fracción cuarta plantea la facultad de la concesionaria de afectar, ceder o gravar el servicio sin que el gobierno intervenga. Esto generaría que se subconcesione el servicio y, por tanto, sea más complicado para el usuario defenderse ante violaciones.

En ese sentido, expuso que la concesión “sería mucho pero que la venta del SOAPAP”, ya que si se vendiera el organismo el estado tendría una ganancia, aunque con el permiso la empresa hace uso de una infraestructura millonaria que ha costado a los ciudadanos a lo largo de los años.

Por su parte, Juan José Chavis Ruiz dio a conocer que ganó un amparo en contra del SOAPAP y a favor de los colonos de Lomas del Valle, donde alegó que el cobro de 26 mil pesos que estaban haciendo por los derechos que no pagó el fraccionador eran ilegales, esto con base en el artículo 4 constitucional, debido a que el agua es un derecho humano. Por eso llamó a interponer los recursos en contra de la privatización del agua.

El abogado, apuntó que de acuerdo con una modificación que sufrió el 4 constitucional en 2011 se considera al agua de uso doméstico un derecho humano, por ello, el gobierno del estado quiere concesionar el servicio a un particular, para que entonces se pierda la capacidad de ampararse contra las disposiciones de la misma y, de igual forma, sea improcedente una intervención de las comisiones de Derechos Humanos en caso de que haya violaciones.

Chavis Ruiz, citó que la defensa del agua en los estados de Quintana Roo, Coahuila y Aguascalientes se cayó debido a esta situación, a que, en primer lugar, aún no se consideraba al agua como un derecho humano y, luego, a que los recursos se interpusieron después de la llegada de la empresa concesionaria.

Ante esta situación llamó a los asistentes al foro a que se interpusieran más amparos contra la privatización del agua, aprobada gracias a una reforma a la ley el pasado 13 de septiembre, porque si el proceso continúa y entra en operaciones una compañía las irregularidades no serán consideradas violaciones de derechos humanos, así como tampoco podrá intervenir la Contraloría Estatal para sancionar las anomalías que se presentan.