Alberto Jiménez es nombrado delegado de la Corett

Alberto Jiménez Arroyo, fue nombrado hoy como delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) Puebla-Tlaxcala, siendo su principal objetivo dar seguridad jurídica a los dueños de los predios ejidales y su transición a predios urbanos con otros usos de suelos que no son de cultivo, como está ocurriendo en San José Chiapa con la llegada de la planta armadora Audi.

El funcionario federal, manifestó que su primera área de oportunidad es lograr la seguridad jurídica para quienes ya compraron sus propiedades y construyeron en terrenos ejidales, antes que desalojar a los posibles invasores de predios federales o ejidales.

Manifestó que otra de las cuestiones que estará trabajando será en la transformación de las tierras de cultivo de San José Chiapa a predios urbanos, de manera que pueda ayudar a los ejidatarios a transformar sus terrenos a propiedades privadas, pues con el desarrollo industrial de la zona se tendrán que hacer más complejos habitacionales y de servicios.

"En la práctica, en muchos lugares, no sólo allí (San José Chiapa), hay hasta casas grandes; por ejemplo, San Andrés Cholula, en Camino Real, todo mundo sabe que son ejidos y vean las casas que hay, entonces, lo importante es llegar a resolver los problemas, no tanto en desalojos, sino la regularización y la escrituración", apuntó.

Otra de las cuestiones a las que dará prioridad será la creación de reservas territoriales, porque a niveles nacional y estatal es un problema la falta de bancos de tierra para construir viviendas.

Por su parte, durante el evento de presentación y toma de protesta del delegado, el coordinador General de Delegaciones Federales de la Corett, Antonio Quijada Arias, manifestó que en México existen más de 6 millones de lotes irregulares, de los cuales, la mayoría está en las cinco urbes más grandes, entre las cuales se localiza Puebla.

Por ello, dijo esperar cumplir la meta de regularizar para 2014 más de 300 mil lotes, así como facilitar las expropiaciones para que se logren acreditar las posesiones de las viviendas en un plazo máximo de seis meses.