Asociaciones denuncian irregularidades contra jóvenes detenidos

Miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), organizaciones civiles y personas cercanas a los tres jóvenes encarcelados por el supuesto atentado en contra del presidente, Enrique Peña Nieto, se manifestaron afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cholula para exigir sus prontas liberaciones, así como denunciar las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) durante sus detenciones.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Vázquez e Iván Ismael Guizasola Vázquez, fueron consignados dentro de la Averiguación Previa 215/2013/DMZS por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares.

López Espinoza y Salazar Vázquez, fueron trasladados al Cereso de Cholula, mientras que Guizasola Vázquez llevado al de San Miguel, “en tanto, la autoridad judicial define su situación jurídica”. La PGJ agregó que “los delitos por los que se consignaron no se consideran graves y alcanzan el beneficio de la libertad bajo fianza”.

Sin embargo, el procurador, Víctor Carrancá Bourget, admitió ayer en una entrevista que “no tenía pruebas suficientes” para determinar si los sujetos actuarían en contra del presidente de la República, como supuestamente manifestaron en las redes sociales. De igual forma, el abogado de Néstor López dijo a la prensa que existieron irregularidades en el proceso penal, pues no le entregaron copias del trámite judicial en contra de su cliente, además que la supuesta arma que le encontraron (un bóxer) no fue presentada.

Gobierno quiere criminalizar redes sociales

Brahim Zamora, miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, quien ha dado seguimiento al caso de Néstor López, aseguró que el encarcelamiento de los tres jóvenes es una forma de criminalizar la actividad en las redes sociales, así como coartar la libertad de expresión y asociación.

Señaló que Néstor, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y miembro de Morena, estuvo desaparecido por más de 28 horas, lapso en el cual hubo un cateo excesivo a su casa, sólo porque la PGJ recibió una llamada anónima denunciando presuntos hechos violentos.

“Un tema que hay que poner en la mesa es lo rápido que el juez liberó la orden de cateo por una denuncia anónima, además siguen detenidos y no se les encontró nada, creo que quieren criminalizar la actividad en las redes sociales, por ende, la libertad de expresión y libre asociación”, apuntó Zamora.

Asimismo, el integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que haga un pronunciamiento sobre el tema, debido a las anomalías que hubo en el arresto del estudiante.