Del 2000 a la fecha, recursos del Cisen aumentaron 213%

Durante la actual administración, los recursos destinados a la inteligencia nacional han tocado récords si se comparan con los últimos 16 años.

En los primeros dos años de la gestión de Enrique Peña Nieto los recursos para el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) se mantuvieron en niveles similares a los destinados en los últimos años del periodo de Felipe Calderón.

En el 2012, al Cisen se le destinaron 2,766 millones de pesos del presupuesto público. Para el 2013, el presupuesto del órgano de inteligencia decreció un poco al asignársele 2,744 millones de pesos, una reducción de un poco más de 22 millones de pesos.

Esta tendencia se revirtió abruptamente para el 2014, cuando el Congreso de la Unión asignó al Cisen un presupuesto anual de 7,537 millones de pesos, lo que significó un aumento de 174% con respecto al primer año de la gestión peñista (año 2013). En el 2015, el presupuesto aumentó nuevamente para colocarse en 7,616 millones 134,870 pesos.

En el 2015, año en el que se otorgó el mayor presupuesto al órgano de inteligencia, reportó el gasto de 4,687 millones de pesos en la adquisición de equipos de comunicación especializada para la prevención y recolección de información, así como de adquisición de comunicaciones, cómputo personal, impresión, multimedia y energía ininterrumpible para el fortalecimiento del Estado mexicano, informó El Economista en septiembre del 2016.

Si se compara el presupuesto otorgado para este 2017 con el asignado hace 17 años, en el año 2000, el Cisen ha visto crecer sus recursos en 213%, al pasar de 900 millones 367, 356 pesos en el primer año de la gestión de Vicente Fox, a 2,823 millones 449.91 pesos asignados para el presente año, penúltimo de la gestión del priista Enrique Peña Nieto.

Intervención de las comunicaciones

El espionaje a través de la intervención de comunicaciones que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no es algo nuevo, ya sea a través de la contratación de empresas y software especializados, o la solicitud directa a las empresas de telefonía, el órgano de inteligencia mexicano ha desarrollado esta actividad desde su creación.

Así lo afirma el exdirector del centro de inteligencia durante el sexenio del panista Felipe Calderón, Guillermo Valdés Castellanos, ahora socio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), quien explica que la intervención de comunicaciones siempre está fundamentado en una orden judicial, no obstante, existe riesgo de que las herramientas de espionaje sean utilizadas “mal e ilegalmente” por la misma institución o cualquier otra área de seguridad nacional.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, cualquier persona puede ser sujeta de intervención de sus comunicaciones, siempre que un juez dictamine que se cumple con lo estipulado en el artículo quinto de ley, que precisa 12 situaciones por las cuales se le autoriza al Cisen utilizar las herramientas con las que cuenta para intervenir dichas comunicaciones.

Entre las razones que se precisan están cualquier acto cometido por alguna persona que impida el combate al crimen organizado, o que financie al mismo, así como cualquier acto que pueda implicar interferencia extranjera en asuntos nacionales, entre otras más.

No obstante a esto, indica el exdirector de inteligencia a El Economista, “es real” la posibilidad que las herramientas sean utilizadas no sólo para lo estipulado en la ley, por lo que añade que la función de los contrapesos al Cisen deben estar fortalecidos.

“Aquí en México hay dos contrapesos: el Poder Judicial, que te autoriza o no te autoriza las intervenciones de las comunicaciones privadas; segundo, tienes una comisión Bicameral del Congreso que en teoría vigila y supervisa al Cisen para que éste actúe conforme a Derecho”.

Durante su gestión, afirma el exdirector de inteligencia, el espionaje se utilizó para dar seguimiento y captura a los líderes de la delincuencia organizada. Aunque del 2006 al 2012, de los 37 objetivos prioritarios instaurados por la gestión de Felipe Calderón, se lograron aprehender a 25 capos.

Guillermo Valdés agrega que se utilizaron las herramientas también para “prevenir riesgos de terrorismo y de guerrilla”.

En este sentido, explica, la definición de lo que puede ser terrorismo, o no, es parte de las atribuciones del órgano de inteligencia.

“El Cisen es una institución que lleva 20, 25 años investigando los temas de seguridad nacional y entonces ahí se va definiendo la agenda nacional de riesgos y esa agenda nacional de riesgos dice: éstos son los riesgos y éstos son los sujetos que están involucrados, es un proceso, digamos, de política pública. El Cisen elabora esa agenda, pero el Cisen pone a consideración esta agenda del Consejo de Seguridad Nacional, conformado por 11 dependencias del gobierno”, precisa.

De acuerdo con la Ley de Seguridad, el consejo está conformado por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública —antes de que la Secretaría de Gobernación absorbiera a la dependencia—, el secretario de Hacienda, el de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones, el titular de la PGR y el director del Cisen.

Los actos de espionaje “no son un proceso muy discrecional” debido a la variedad de dependencias que conocen la agenda de seguridad, añade.

Solicitudes a operadores
de telecomunicaciones

El 21 de junio, El Economista publicó que en el 2016, un total de 92 agencias del Estado mexicano realizaron 79,390 solicitudes a los operadores de telecomunicaciones para obtener datos o la ubicación geográfica en tiempo real de los dispositivos de comunicación de sus clientes.

Es decir, nueve peticiones de vigilancia por hora, bajo el argumento de garantizar la seguridad pública, la seguridad nacional y una efectiva procuración de justicia.

La PGR encabezó la lista por número de solicitudes, con 14,748 requerimientos durante el 2016.

El exdirector del Cisen afirma que durante el tiempo que estuvo al frente del órgano de inteligencia nacional no se le fue solicitado espiar a algún funcionario o político.

“Yo te hablo por mi experiencia, a mí nunca me lo pidieron, no sé si ahora sucede. A mí no me lo pidieron y si me lo hubieran pedido, (les habría dicho) sabes qué, en caso de que cumpla con lo que me piden estaría violando la ley y yo no tengo por qué arriesgar mi carrera profesional y mi libertad por espiar alguien que no sé para qué, tan simple como eso”, asevera Guillermo Valdés.