Para el catedrático de la Escuela de Derecho y Diplomacia del Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey (ITESM), Enrique Rivera López, los gobernadores de todo el país están priorizando su gasto en comunicación y, con ello, mostrar una imagen de control y transparencia.
Destacó que ésta se ha vuelto una tendencia nacional en los últimos años, principalmente en los estados que viven una alternancia de las fuerzas políticas, mediante la cual, buscan generar la percepción en la ciudadanía de grandes cambios, cuando los beneficios sociales y el impacto directo de las políticas públicas quedan de lado a la hora de salir a cuadro.
“Un ejemplo ha sido la difusión de los procesos legales en contra de ex funcionarios por corrupción o enriquecimiento ilícito, cuando en realidad estas acciones no van encaminadas a dar un golpe directo al abuso de autoridad, sino que son utilizados para crear una visión mediática en la que los gobernantes actuales fortalecen la idea de que hacen algo a favor de la ciudadanía y sus viejos reclamos”.
Consideró que esta modalidad puede interpretarse como simples “llamadas de atención” para los servidores públicos, aunque todavía se deben encontrar los mecanismos para responsabilizar a quienes incurrieron en algún tipo de corrupción, y no sólo a unos cuantos que han sido utilizados como ejemplo.
Sin embargo, a pesar del alto impacto de estas acciones, la estrategia mediática es efectiva sólo “a corto plazo”, porque el ciudadano espera que los procesos legales lleguen a sus últimas consecuencias, “si esto no sucede, lo que percibe es mera especulación sin resultados”.
