La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el Principio de Autonomía Progresiva como principio rector estableciendo que los menores de 18 años deben ser considerados en función de su edad y madurez, emocional, mental e intelectual, instaurando un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que aplica para quienes cometen delitos tipificados por leyes penales que tengan entre 12 y 18 años edad, determinando que se debe evaluar su capacidad para discernir entre lo correcto e incorrecto y que las sanciones que se les apliquen deben ser adecuadas a su madurez.

Lo anterior viene a cuenta derivado de los terribles hechos que hemos conocido en los últimos días perpetrados por adolescentes: un menor de edad que asesina a dos profesoras y dos adolescentes que matan a su amiga, graban y circulan el video; en ambos casos el sistema impuso sanciones reducidas por ser menores de edad.

Esto ha provocado que el debate en torno al sistema jurídico aplicable para casos de delitos cometidos por adolescentes se haya retomado.

El debate se centra en que, si bien el Sistema enfatiza la protección de los derechos de adolescentes y la capacidad para su toma de decisiones, debiera también reconocerse la necesidad de una evolución en materia de consideraciones jurídicas, ya que, como bien se señala, no todos los adolescentes están en el mismo nivel de desarrollo.

De manera que cuando las conductas cometidas por adolescentes son voluntarias y conscientes, que demuestran que hay comprensión del alcance de sus actos, el Derecho debe reflejarlo con consecuencias jurídicas más severas en casos extremos como lo es el homicidio.

Por supuesto, los especialistas precisan que el enfoque de esto no es basado en una lógica de castigo, sino de una exigencia de coherencia para evitar impunidad y porque las víctimas de estos delitos merecen también justicia, más aún cuando se demuestra que en sus conductas hubo premeditación, alevosía y ventaja, ya que entonces se presenta el supuesto de que esos actos fueron voluntarios y conscientes, lo que indica que estos adolescentes tienen una mayor comprensión del alcance de sus actos.

Para ello –sugieren– es que para casos extremos, como lo es el homicidio, debe ajustarse el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, para sancionar adecuadamente estas conductas extremas.

De manera que para que el Principio de Autonomía Progresiva –considerado además como un principio dinámico– reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, sea debidamente aplicado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, debe ser ajustado para estos casos.

Si los adolescentes adquieren gradualmente la capacidad de tomar decisiones y ejercer sus derechos, tienen también la capacidad de poder responder.

Ante hechos actuales, sin duda este debate debe continuar.

Referencias:

Ruiz Jiménez César Alejandro (2026). La responsabilidad penal de los adolescentes homicidas. Círculo Mexicano de Derecho y Libertad.

Gómez de la Torre Maricruz (2026). La autonomía progresiva de niñas niños y adolescentes.

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El cargo Principio de Autonomía Progresiva apareció primero en Reto Diario.

La reforma propuesta interviene el Artículo 73 constitucional que establece la facultad del Congreso para expedir leyes. En el Inciso a) de su fracción XXI se agrega el concepto de feminicidio.

Con esta inclusión –una vez aprobada– se le otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir lo que sería una Ley General en materia de Feminicidio que establezca –se menciona– el tipo penal y sus sanciones, permitiendo “…una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia…”

Sin duda, todo esfuerzo que se encamine a reducir el número de once mujeres asesinadas todos los días en nuestro país en cifras oficiales, por supuesto que es muy importante.

Más aun cuando se incluye el feminicidio, considerado como el último eslabón de una larga cadena de violencias previas que viven las mujeres mexicanas al rango constitucional.

Con la creación de lo que sería la Ley General que pretende establecer las “bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución, sanciones, agravantes del feminicidio, para todo el país”, se habla de una homologación en las normativas de las entidades federativas, tanto de los estándares de investigación con perspectiva de género, como los protocolos, coordinación de instituciones, reparación del daño y que toda muerte violenta de mujeres sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio y sea un delito imprescriptible.

Marcela Lagarde y de los Ríos concibió la genealogía de la crueldad mortífera contra las mujeres. En aquella época –2006– ella era legisladora federal y presidió la Comisión Especial investigadora del fenómeno delincuencial que se vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua, por los asesinatos de mujeres jóvenes, mayoritariamente trabajadoras de las maquilas.

Ello derivó en que en cada estado de la República fue debatido el tema para ir configurando el delito en sus respectivos Códigos Penales de manera que pudiesen incorporar esta figura. Se crea también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con un enfoque preventivo.

Comento lo anterior, derivado de que un tema de tanta trascendencia para las mujeres y para la sociedad requerirá también de un debate nacional que escuche a todas las voces, justamente porque no se trata solo de un problema jurídico.

La violencia es un fenómeno estructural que normaliza la cosificación de las mujeres, las niñas y las adolescentes; en el que casi siempre se traslada la culpa al cuerpo de las mujeres y que requiere de una debida “Diligencia Reforzada”, ya que en muchas ocasiones desde el proceso de denuncia se convierte en un espacio de revictimización.

A todo lo anterior debemos agregar que la impunidad en México es de más del 90%, lo que significa que solo uno de cada diez casos de violencias tiene respuesta; y voces expertas han señalado que entre los menos castigados está justamente el feminicidio. Contradictoriamente, también cuando se dan a conocer datos oficiales los van diluyendo, como están haciéndolo con las desapariciones, ahora señalándoles “categorías” y al minimizarlos dejan en vulnerabilidad a las unas y a las otras, las familias de las mujeres asesinadas y las madres buscadoras.

De manera que, en el caso de los feminicidios, no solo se trata de endurecer leyes y castigos más severos como también sería en cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres; se trata de tener registros confiables, de asumirlos sin prejuicios, sin maquillar, de asignar recursos públicos y no continuar reduciéndolos y de aplicar la ley con una perspectiva de género; fundamentalmente que todo esto se refleje en la vida cotidiana.

Las violencias como bien se ha dicho se alimentan de silencios, de complicidades, de lo que se tolera diariamente. Las mujeres, las niñas, las adolescentes no se sienten seguras, por eso hay que ir al fondo del sistémico y estructural problema: el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales para transformar las condiciones y para no continuar perpetuando la discriminación estructural y la desigualdad.

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El cargo Una nueva reforma constitucional apareció primero en Reto Diario.

Esto ha provocado la discusión sobre las consecuencias del deterioro que sin duda se ve acrecentado sobre la relación con los partidos políticos coaligados con el partido oficial Morena, partido gobernante que abandera la presidenta Sheinbaum.

Empezando porque en muchos estados de la república se ha documentado que legisladores y legisladoras de los partidos aliados que votaron en contra de la iniciativa de la presidenta han recibido amenazas de todo tipo.

Aunque ya ha sido aprobada en la Cámara de Senadores –cámara de origen– el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados –cámara revisora– para continuar su proceso legislativo para su aprobación y la ratificación de, al menos, 17 congresos estatales, por ser reforma constitucional para que pueda publicarse y entrar en vigor.

Después faltará también que estos cambios constitucionales sean incluidos en las Constituciones estatales y en sus leyes secundarias, para que entren en vigor en el proceso electoral del 2027, de manera que se cumpla con lo que establece la fracción II del artículo 105 de la Constitución, que prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, es decir, a más tardar en mayo.

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, dice el texto constitucional.

En Puebla como en otras entidades federativas se elegirán Diputaciones locales, Diputaciones federales, Presidencias Municipales, Regidurías y Sindicaturas; además de los cargos del Tribunal Superior de Justicia y ya no falta mucho para conocer las repercusiones de todas estas reformas que sin duda incidirán en los resultados que obtendrán los partidos políticos en las elecciones intermedias del 2027.

El debate sigue centrado en las evidentes pre-pre-precampañas instaladas en la entidad poblana; así como, desde el ámbito nacional, en el crecimiento que tengan los partidos políticos nacionales que hoy llaman “chiquitos” con presencia solo testimonial en el proceso que se avecina, ya que algunos hacen esfuerzos por intentar reducir sus negativos. ¿Les dará tiempo?, ya lo veremos; aunque también falta por saber si se aprueba el registro de  algún nuevo partido político que a más tardar en el mes de junio debe dar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Un debate que inició en España pero que trascendió fronteras es el tema de la eutanasia. Generó argumentos a favor y en contra por la decisión personal de una joven de 25 años que puso en la mesa de discusión la capacidad mental de las personas que la solicitan, aun cuando estén haciendo uso de un derecho legalmente reconocido en España desde el 2021.

Un caso sin duda paradigmático no solo por la duración del procedimiento que llevó a aprobar su decisión; también por las circunstancias que vivió la joven y por su edad, ya que medios españoles documentaron que un 90% de las personas que solicitan el procedimiento de eutanasia suelen tener más de 50 años.

En México no está legalmente reconocida la eutanasia; sin embargo, es vigente en nuestro país la Ley de Voluntad Anticipada. Ha sido aprobada en 15 entidades de la República y se refiere a la decisión que una persona toma respecto a si desea recibir o no tratamientos médicos que podrían prolongar su vida cuando esté en una etapa terminal siguiendo un procedimiento que la propia ley establece. La Ciudad de México fue pionera en 2008 y Puebla aprobó esta ley en el 2024.

Un debate mundial que ya se ha instalado es el que tiene que ver con la economía, que los que saben plantean, que se puede entrar en una recesión si se alarga la guerra en Irán, y México con grandes problemas en esta materia.

Sin duda, muchos temas en discusión y debate.

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El cargo Discusiones y debates recientes apareció primero en Reto Diario.

En nuestra etapa de niñez y adolescencia estas fechas se conmemoraban en los días exactos, sin embargo, cuando se aprueba una reforma a la Ley Federal de Trabajo en 2006, en época del entonces presidente Vicente Fox, los días festivos oficiales se dejaron de conmemorar en sus fechas exactas, trasladándose a los días lunes para hacer fines de semana largos y “motivar el turismo, la economía y el tiempo de descanso”, como se sostuvo entonces; esto motivó también que muchas fechas históricas pasaran a segundo término e incluso hasta desapercibidas, con el consecuente olvido de la importancia de los acontecimientos y de sus personajes.

No fue así con Benito Juárez García, si bien aun cuando la historia oficial hasta nuestros días ha impuesto desde quien la ha escrito relatos y ensalzado a personajes, a veces negando o encubriendo narrativas que muchos estudiosos refieren como “la visión de los vencidos”; también es de reconocer la valía de los hombres y mujeres que han ido rescatándolos y colocándolos en toda su dimensión, lo que nos ha permitido conocer y entender con mayor claridad los acontecimientos aprendidos.

Es el caso de don Benito Juárez García, una figura emblemática de trascendencia mundial, cuyas aportaciones son fundamentales, pero también una figura alrededor de la cual se ha construido muchos mitos para alabarlo o para denostarlo.

De ahí la importancia de reflexionar sobre momentos claves en su periodo, que logra lo que se conoce como la segunda Independencia, triunfando sobre la monarquía al acabar con las estructuras coloniales que habían subsistido y que intentaban la reconquista; que establece un Gobierno Republicano y con ello triunfa el Federalismo y establece un Gobierno Civil.

Que se fue convirtiendo en un símbolo internacional y nacional que incluso capitalizó y usó políticamente el propio General Porfirio Díaz, que lo ensalzó y hasta construyó un monumento memorable que le rinde homenaje en la Ciudad de México, el Hemiciclo a Juárez, justo así, como ha sido usada su imagen hasta nuestros días.

Muchos mitos a su alrededor: que si traicionó sus orígenes de raza, pero los expertos nos recuerdan que él estableció la pena de muerte para los traficantes de indios mayas a Cuba (1861). Que cuando fue gobernador abre escuelas convencido de que solo la educación sacaría de la marginación a los pueblos indígenas.

Combatió la utilización de la Iglesia para hacer política, por eso era anticlerical. Combatió que el país estuviera manejado por la Iglesia y también por la milicia, que tenía fuero e independencia y sostenía que el Estado debía tener soberanía y que la Iglesia tenía que acatar las leyes del Estado mexicano, buscando la igualdad jurídica de los mexicanos. Logró la independencia del Estado con la separación de la Iglesia y el Estado, la reglamentación del matrimonio y los registros civiles, así como el traspaso de los bienes eclesiásticos a la nación, estableciendo un orden constitucional, separado de lo que hasta entonces todas las Constituciones marcaban como un Estado confesional.

Señalaba que un país no debe vivir al margen de la ley. Que México debía ser un país de Instituciones, que se respetara la Constitución y las leyes. Temía que los militares se apoderaran del poder. Pero también un Benito Juárez que, desde el Gobierno de la República, inició una política de reconciliación con los que habían colaborado con la Intervención Francesa mediante una ley de amnistía: quienes habían perdido sus derechos ciudadanos pudieran recuperarlos y participar en la reconstrucción nacional.

Modelo de pensamiento liberal y republicano, emigra de su pueblo hacia Oaxaca para hacer trabajos domésticos, estudia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca graduándose de abogado, fue regidor, diputado local, magistrado, gobernador, secretario de Gobierno, ministro de Gobernación, ministro de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumiendo por ministerio de ley la Presidencia de la República Mexicana, cargo que ocupó durante catorce años y seis meses ininterrumpidos; su lucha culminó con el establecimiento de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma para la construcción del Estado, la defensa de la nación, la consolidación de la vida republicana y la instauración de un sistema legal que abarcara a toda la sociedad.

Que decía: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas… disponiéndose a vivir, en la honrada medianía…”,que recibió críticas severas por su permanencia en la Presidencia como las de Ireneo Paz: “¿Por qué si acaso fuiste tan patriota / estás comprando votos de a peseta? / ¿Para qué admites esa inmunda treta / de dar dinero al que en tu nombre vota? …”

La vida y obra de Benito Juárez no ha caído por fortuna en el olvido, la historiografía que ahora tenemos a la vista ya no habla ciegamente del culto al pasado por el pasado mismo, o para justificar un presente efímero o fugaz, sino que abona a un conocimiento más amplio; ahora se indaga, se escribe y publica para no perder la memoria y por eso se agradece al gran número de historiadores/as, politólogos y mujeres y hombres de las letras que nos explican, que nos lo recuerdan, que nos ayudan a cuestionar el presente.

Con Juárez se consolidó el Estado Nacional entendido como el Estado Liberal de Derecho, contrario al Clericalismo y también al Militarismo.

Juárez resistió diversos levantamientos políticos y rebeliones militares en su contra hasta el 18 de julio de 1872 en que muere repentinamente en Palacio Nacional estando en funciones de presidente, tal vez por todo esto alrededor de su vida, se ha construido la frase “lo que el viento a Juárez.”

Referencias:

Juárez. El hombre y el símbolo, (2023) Galeana, Patricia. Editorial Crítica.

Juárez: visiones desde el presente (2008) Jorge F. Hernández, Silvestre Villegas Revueltas, Ignacio Padilla, Adriana Gutiérrez Hernández, José Antonio González de León. México Fundación para las Letras Mexicanas y la UNAM.

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El cargo “Lo que el viento a Juárez” apareció primero en Reto Diario.

Esta nueva Corte que entró en funciones el primero de septiembre del año anterior, ha cometido diversos dislates, desde la muy poca trayectoria jurídica, desorden, cambios de voto, confusiones, enredos, dimes y diretes, muchas veces sin argumentos, con votos sin proyecto o sin sentencia, y con una permanente presencia de ministros y ministras en todos los eventos políticos convocados por el partido oficial Morena, ha sido la constante.

Seis meses después, escuchamos en voz de la ministra María Estela Ríos González una declaración muy delicada y preocupante: “La violencia puede darse en el ámbito familiar y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia…salvo …que haya nacido in vitro…podríamos estimar que no forma parte de la familia…”

Después declaró que su expresión sólo era de “carácter ilustrativo”, sin embargo, bien se ha señalado “…hay palabras que aunque se intenten aclarar después, revelan una visión de justicia que nos debe preocupar…” ya que el solo hecho de “sugerir siquiera como duda que una persona nacida por fertilización in vitro podría no formar parte de una familia no es un simple tropiezo lingüistico, es un retroceso conceptual profundo”, como bien afirma la abogada Sofia Pérez, especialista en reproducción asistida y derecho de familia internacional.

Sin duda, coincido, preocupa escuchar este tipo de prejuicios en el máximo Tribunal del país que históricamente había sido vanguardista de los derechos de las familias diversas, olvidó la señora ministra lo establecido en la Constitución que nos rige y que prohíbe toda discriminación, incluidos los actos que puedan afectar la dignidad humana; olvidó que todas las personas tienen garantizada la protección de sus derechos humanos, siempre favoreciendo su protección más amplia y que las autoridades tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, sin importar origen o la condición de la persona (Artículo 1).

Que el Artículo 4 protege la organización y desarrollo de las familias, sin imponer un modelo único de familia y que el Principio del interés superior de la niñez es eje en este artículo.

Cabe recordar también que según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 1.5 millones de parejas en México tienen problemas para lograr un embarazo y el 17% de las mujeres en edad reproductiva presentan algún grado de infertilidad, de manera que para muchas parejas las técnicas de reproducción asistida, como lo es la fecundación in vitro, representan la única posibilidad de tener hijos o hijas biológicos.

En muchos momentos he observado de “primera mano” que muchas de las personas que se autodeclaran –incluso con insistencia– “de izquierda y liberales” resultan más conservadores que los mismos conservadores “ultraderechistas” y hay muchos ejemplos que podemos dar, es el caso de esta declaración de la ministra Ríos González, que además tiene un impacto simbólico muy grave porque proviene del máximo Tribunal encargado de interpretar la Constitución y porque toca principios constitucionales centrales.

Una vez más sostenemos que “La justicia no puede tener prejuicios biológicos”, las resistencias, sin duda, están adentro y persisten, desconociendo no solo los avances científicos; también poniendo en duda el principio de igualdad y no discriminación y pretendiendo desconocer una realidad en México: hoy las estructuras familiares se conforman con nuevas formas y diversos tipos de familias.

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El cargo Las familias apareció primero en Reto Diario.

Esta fecha es una brújula que nos permite señalar el punto de llegada para que cada año midamos avances, algunos impensables en muchas épocas; pero fundamentalmente para saber cuánto más falta para lograr esa transformación.

Y sí, muchas mujeres nos fueron dotando de reflexiones, argumentos, conceptos, para ir entendiendo en las diversas etapas lo que nos pasaba a todas; hasta encontrar que esas construcciones sociales no se justificaban y nos dijeron lo personal es político*, sí, ese lema del feminismo contemporáneo que nos ayudó a ir entendiéndolo. Y salimos. Y empezamos a llegar y a respondernos qué es ser mujer cada una, desde nuestros propios espacios, así como Simone de Beauvoir lo hizo en su libro “El segundo sexo” para sostener que no se nace mujer, se llega a serlo justo por esos constructos sociales, clarificándonos que no era “natural” toda esa subordinación.

Y fuimos exigiendo en todas las épocas y de diversas maneras –como hasta ahora– nuestros derechos: laborales, políticos, educativos, económicos, sociales. Muchos avances, sin duda; pero aún muchos faltantes.

El símbolo de ser mujer requiere también de la realidad de ser mujer, esa realidad que presenta en muchas ocasiones datos diferentes a los que reflejan los oficiales.

Todavía subrepresentadas en diversos sectores como la ciencia y la tecnología. Brechas salariales que persisten. Violencias de todo tipo y modalidades, al alza. En las aulas deserción escolar, violencia física, psicológica y sexual. Violencia en el noviazgo. Embarazo adolescente. Desapariciones de mujeres y niñas, y asesinatos recurrentes de mujeres buscadoras. Feminicidios. Nuevas violencias. Seguir impulsando la sensibilización y concientización para erradicar la revictimización en todos los ámbitos y en todas las instituciones es cada vez más urgente. El acceso a la justicia y los altos niveles de impunidad siguen pendientes. Y los nuevos desafíos como la implementación de una vez por todas de los sistemas de Cuidado y la alfabetización digital que la debemos ver como una “una inversión estratégica”, como bien analiza Zaira Zepeda (Excelsior, 07/03/2026), y los derechos de las indígenas y los de las migrantes.

Ahora también debemos estar alertas a las múltiples amenazas de retrocesos, más aún al establecerse proyectos políticos con tendencias antidemocráticas, por eso la paridad es una prioridad. Y en todo, la visión estratégica de los movimientos feministas es necesaria.

Obligado, salir de nuestro espacio. Construir redes. Hacer pública cualquier violación a nuestros derechos. Continuar visibilizando esa combinación de desafíos estructurales e injusticias, y a seguir haciendo balances.

En un mundo convulso por las libertades y los derechos, continuemos exigiendo todos los derechos; pero también, que podamos ejercerlos. Solo así llegaremos todas; cuando todas, todos, clarifiquemos que lo personal es político.

“Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y las niñas”.

Referencias

*Carol Hanisch (1969)

Treviño, Javier. Estrategia para tiempos complejos (SDP Noticias, 07/03/2026)

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El cargo Lo personal, es político apareció primero en Reto Diario.

Hemos también, en muchos momentos, enviado mensajes erróneos que tuvimos que corregir.

Sin embargo, también otras personas prefieren el silencio. Porque el silencio también es un mensaje.

Eso fue lo que vimos el pasado domingo, la presidenta de la República, la jefa del Estado mexicano, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, permaneció en silencio mientras todo el país vivía una coyuntura crítica que requería un mensaje al pueblo de México que gobierna.

Empezaron a difundirse imágenes de bloqueos en carreteras, familias varadas, cancelación de vuelos, transporte público paralizado, tiendas de conveniencia incendiadas, suspensión de clases en todos los niveles de la educación pública y privada, fuga de reos, calles, mercados y centros comerciales vacíos, incendios por doquier, en más de veinte estados de la república, en claro desafío al Gobierno.

Poco a poco y vía redes sociales nos enteramos. Eran las reacciones de los grupos criminales con capacitación paramilitar del CJNG extendido a lo largo y ancho del país, por la detención y abatimiento de su poderosísima cabeza principal, el señor Nemesio Oseguera conocido como “El Mencho”.

Un narcotraficante que representaba un peligro constante. Que logró que su grupo criminal se expandiera por todo el país y, según fue documentado, en otros 40 países del mundo, que diversificó “su negocio”, ya que además del narcotráfico abarcaba también el huachicol, los minerales, la extorsión, el fentanilo, el tráfico de personas, desapariciones, asesinatos de personas buscadoras, secuestros,  blanqueo de capitales; pero también de manera muy preocupante ocupando “sus aliados cómplices” cargos públicos en los distintos niveles de gobierno y en todos los Poderes del país.

Esto habla de un personaje que representaba un peligro constante para México y para el mundo, incluso Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información para su captura.

Haber dado un viraje a la política de seguridad poco efectiva del sexenio anterior, articular un operativo de esta naturaleza, lograr la ayuda en la investigación de parte de Estados Unidos y capturar al líder del cartel considerado como el más mortífero y de mayor poder destructivo, ha generado sin duda el respaldo absoluto de las mexicanas y mexicanos cansados ya de tanta inseguridad.

Captura que, sin duda, será recordada al término del periodo de su gobierno y se convertirá en legado de la jefa de Estado.

Por eso, inentendible la falta de un mensaje de tranquilidad y de certeza de su actuación, no solo para las familias mexicanas; también para familiares de miembros del Ejército que estaban en ese operativo. Solo horas después, cuando el país estaba incendiado, un lacónico “el gabinete de seguridad informará”, y el segundo escrito vía la red social X haciendo énfasis en que todo estaba en “plena normalidad” que, por supuesto, contradecía a las imágenes que todas, todos estábamos mirando.

El mensaje pudo haber sido el inicio de la reconstrucción de confianza en un país fracturado, aunque no lo quieran reconocer. ¿Se perdió una gran oportunidad?, me parece que sí. ¿Qué podemos esperar más adelante?, porque falta conocer los impactos de esta operación que ya es denominada como de las más relevantes en la historia reciente de la seguridad en México.

Muchas dudas. ¿Qué mensaje habrá querido dar la presidenta con su silencio?

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El cargo El mensaje apareció primero en Reto Diario.

Las escenas casi diarias de hechos violentos han provocado la sensación de que vivimos en un estado inseguro y que se va extendiendo. Todos, todas expuestos generándonos temor, miedo, incertidumbre, impotencia.

Cierto, no es un tema solo de Puebla, entonces es más grave aún, vivimos en un país inseguro, lo vimos el domingo, una vez más imágenes terribles en entidades del centro del país amanecieron con enfrentamientos, ataques, incendios, bloqueos y con la recomendación de mejor no salir de sus casas y no conducir por carreteras por la noticia del abatimiento de un delincuente del más alto rango. Al paso de las horas la recomendación se fue ampliando debido a la amenaza de que estos actos se extendieran a otras entidades, como fue.

La sociedad poblana se encuentra indignada, nadie puede evitarlo, tan solo el recuento de delitos en la última semana es brutal, el dolor de las familias destruidas que exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos obliga a las autoridades de todos los niveles a reforzar la seguridad en nuestra entidad, pero también ayudaría mucho que el enfoque con el que comunican las autoridades los hechos ocurridos o sus avances dejen a un lado los intentos por encauzar la información que únicamente abona a ampliar la brecha de esa crisis de credibilidad que hoy padece la narrativa oficial.

El temor, la tristeza y la incertidumbre de las poblanas y poblanos es real, la urgencia de atender esta crisis estructural de la violencia en México y en Puebla no admite más ningún tipo de simulaciones.

La preocupación por la seguridad de nuestros nietos/as, hijos/as y familia ha creado nerviosismo e intranquilidad y todo junto está afectando la confianza de la población.

Desplegar una estrategia, repensar la autopercepción gubernamental y la exigencia social de atención a la inseguridad, atraviesa necesariamente por la reorientación en el diseño de su política pública.

Por eso creo que en nuestra entidad ya no basta con externar solidaridad, el nivel que ha adquirido toda esta violencia es de seguridad nacional y tiene que combatirse porque afecta la calidad de vida de los poblanos y poblanas y su cohesión social.

Es de reconocerse sin duda la captura de delincuentes de alto riesgo, esta en específico del domingo de trascendencia nacional y mundial, debe ir acompañada de acciones para recuperar la calma en todo el país para no arriesgar la vida de civiles, porque ha sido documentada la presencia de este cartel en todo el territorio nacional, incluido Puebla; de manera que este hecho tanto como lo acontecido en la última semana en Puebla exigen que actuemos sin eufemismos, ni ambivalencias.

Algo no estamos haciendo bien como sociedad y llegó el momento de reconocerlo y enfrentarlo todos, todas sin temor, desde cada una de nuestras trincheras.

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El cargo Temor apareció primero en Reto Diario.

Autoridades municipales coludidas con la delincuencia organizada, en otros ellos mismo son cabeza de los grupos delictivos.

Puebla tendrá elecciones el próximo año, se elegirán presidencias municipales, diputaciones locales y federales y autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

Ante ello y en medio de esta ola delincuencial que se vive, los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral, tienen una gran responsabilidad.

Por un lado, identificar riesgos para coordinar los esfuerzos de manera que en Puebla no se reproduzcan esos casos emblemáticos como el del municipio de Tequila, pero también y en virtud de que la percepción generalizada es que los grupos criminales pareciera que se fortalecen en lugar de que se reduzcan, los partidos políticos desde ahora deberán implementar acciones para determinar nuevos filtros en la selección de las personas que postularán como sus candidatos y candidatas.

Nuevos filtros que igualmente deberán diseñarse para las personas que pretendan registrarse para participar en la elección del Poder Judicial de la entidad poblana, porque esa falta de sanciones o en muchas ocasiones el “no hacer” en el actuar de estas autoridades ante la comisión de un ilícito, ha reflejado uno de los peores males que aquejan al país y que no es posible seguir reproduciendo: la impunidad que sin duda hace prosperar a la delincuencia.

De ahí que es un buen momento para que los partidos políticos en la revisión de los perfiles a postular, verifiquen a cabalidad no solo los antecedentes, el actuar y las conductas de las personas; también su compromiso político, porque si bien los partidos políticos participan para ganar elecciones y ocupar espacios de poder, la realidad actual es que ya no solo se debe pensar en ganar elecciones o no perder sus registros, tienen que detectar que no se les vayan colando personajes que en muchas ocasiones no han sido militantes de sus partidos políticos, pero que llegan en la coyuntura de las definiciones de candidaturas con recursos económicos suficientes muchas veces de dudosa procedencia que ponen en la mesa de los partidos políticos para demostrar que pueden solventar el costo de una campaña política y dejan fuera a su militancia realmente comprometida.

Seguramente en la iniciativa de reforma electoral muy anunciada por la Presidencia, pero aún no presentada, tienen la valiosa oportunidad para incluir el marco normativo que obligue a los partidos políticos a cuidar y a responder por los perfiles de los candidatos y candidatas que postulen para que sean los primeros que cumplan la ley y no se conviertan en cómplices de quienes cometen delitos.

Construir nuevos filtros por parte de los partidos políticos y de las autoridades electorales para frenar todo tipo de contubernios que han dado como consecuencia esos casos emblemáticos, es ahora obligado.

No repetir ese mismo patrón de abusos del poder político y público nos corresponde también a la ciudadanía al momento de elegir a las personas que asumirán los diversos cargos públicos recordando siempre que serán quienes tendrán a su cargo: hacer cumplir la ley, otorgar gobernabilidad y frenar el quebrantamiento del Estado de derecho en nuestra entidad y en nuestro país.

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El cargo Nuevos filtros apareció primero en Reto Diario.

La gestación subrogada conocida también como gestación sustituta o maternidad subrogada es un método de reproducción asistida donde una mujer acepta llevar a término el embarazo de un niño o niña para otra persona que se convertirá en su padre o su madre legal. La mayoría de las veces se presenta cuando una pareja tiene problemas de fertilidad de manera que la madre biológica no puede llevar el embarazo debido a problemas de salud, fertilidad u otras razones.

Sin duda, este procedimiento es una práctica controversial y altamente compleja que genera opiniones a favor y en contra, ya que atraviesa situaciones de índole emocional y rompe con la idea tradicional que se tiene sobre la conformación de las familias. La dimensión de su análisis siempre ha sido entre regularla o prohibirla, porque existe; de ahí que la SCJN determinó que la falta de regulación no es excusa para dejar a las personas sin el amparo jurídico, fundamentalmente para que la niñez con este método cuente con protección legal.

De ahí que todos los jueces tendrán la obligación de conocer y verificar este tipo de Contratos de Gestación Subrogada presentados de manera voluntaria por las partes involucradas quienes, en su momento, deberán ordenar la expedición del acta de nacimiento de la persona procreada bajo este método.

Por mayoría, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf respecto de la contradicción de criterios 159/2025 sosteniendo que este procedimiento garantiza los derechos y la seguridad tanto de la parte contratante, como de quien ofrece el vientre sustituto y fundamentalmente garantizando el principio del interés superior de la niñez.

Expertos y expertas señalan que esta regulación implica también cuestiones sanitarias competencia de la Federación por el uso de técnicas de reproducción asistida (TRA) que es materia de la salubridad general, de ahí que tanto el Congreso de la Unión como la Secretaría de Salud deberán atender y emitir la normativa, por lo que si bien este tema se enmarca en el ámbito de lo civil también debe atenderse desde el ámbito de la salud.

El procedimiento aprobado con este Criterio tiene como objetivo supervisar la legalidad, evitar abusos, garantizar el consentimiento de las partes y que la persona recién nacida sea reconocida legalmente por sus padres o madres intencionales sin dilaciones, previniendo violencias.

En el Congreso poblano se han presentado tres Iniciativas sobre este tema, la primera en el año 2010 y dos más recientes en la LXII Legislatura actual. Un concepto relacionado con la gestación subrogada por lo que tiene que ver con las TRA, lo encontramos en el Código Civil de Puebla en el Artículo 477-Bis; menciona: “También existirá parentesco por consanguinidad entre el hijo producto de la reproducción asistida y los cónyuges o concubinos que hayan procurado el nacimiento, para atribuirse el carácter de progenitor o progenitores.”

Tema controversial, sin duda, que se ejemplifica claramente en que los estados de Tabasco y Sinaloa lo permiten en su normativa; sin embargo, Querétaro y San Luis Potosí lo prohíben.

Los Congresos de las entidades federativas determinarán su regulación en su caso; entre tanto, los jueces y juezas cuentan con un Criterio Jurídico en esta materia que les obliga a conocer y verificar Contratos de Gestación Subrogada.

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Este Fondo creado en la estructura del extinto Seguro Popular, era el instrumento financiero que garantizaba el pago de tratamientos de muy alto costo para los pacientes más vulnerables que han quedado en la desprotección.

Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2025 (PEF2025) se conocieron severos recortes al gasto público del sector salud, contrario a los incrementos consecutivos que año con año se venían dando, incluso expertos lo consideraron como el peor de los recortes de recursos públicos que haya tenido el presupuesto para la salud pública hasta entonces. Nuevamente para este año, el PEF2026 del sector salud tuvo un importante recorte presupuestal.

Al modificarse el artículo 77Bis 17 de la Ley General de Salud que trata sobre el destino de los recursos que acumule el Fonsabi, se abre la posibilidad de un uso discrecional del dinero al quitar los porcentajes fijos que obligadamente eran destinados para atender enfermedades catastróficas: cáncer, VIH/Sida, trasplantes, cuidados intensivos neonatales, que debería ser intocable para la salud de las personas que más lo necesitan.

Un desmantelamiento financiero más que como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinado a emergencias y desastres naturales que extinguió en 2020 en plena pandemia de COVID el expresidente López Obrador, junto con otros 109 fondos y fideicomisos, trasladando sus recursos para su manejo a la Secretaría de Hacienda, como ahora que se señala que los recursos de este fondo para enfermedades catastróficas se transferirán para su manejo a la Tesorería de la Federación; seguramente como todos los demás que se han extinguido, será usado el dinero para “otras prioridades” del gobierno actual.

Llama la atención por esto la preocupación de la jefa del gobierno cuando el presidente  Trump anuncia la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba (Orden Ejecutiva 29/01/2026) al señalar que:  “la aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis de gran alcance –para Cuba– afectando hospitales, alimentación, situación que debe evitarse…”; sería entonces oportuno reflexionar también sobre si la aplicación de todo este desmantelamiento financiero que viene aplicando al sector salud mexicano desde el 2020: recortes en su presupuesto, eliminación del candado que garantizaba recursos destinados a la atención de enfermedades graves de la población sin seguridad social, etcétera, etcétera, ha desencadenado esa crisis de gran alcance que está afectando a hospitales y a todo el sistema de salud en México y que, por supuesto, es una situación que debe evitarse… tanto como también en Cuba.

Por más que se quiera ocultar que no pasa nada, entre la dimensión que han alcanzado las mentiras y contradicciones que escuchamos, la realidad se impone; aun y cuando sea recurrente oír que vamos muy bien.

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Incluso, para muchos familiares de víctimas de este tipo de delitos simple y llanamente muchas veces –señalan– están fuera de toda realidad.

Erróneamente se piensa que dar a conocer los datos reales pudiera ser motivo para colocar a los gobiernos y a las instituciones responsables en posiciones críticas porque presumiblemente podría demostrarse acciones de gobierno fallidas.

Sin embargo, ¿qué sería peor, seguir ocultando los datos reales o reconocer a cabalidad los datos verdaderos de estas gravísimas problemáticas que viven el país, las entidades y los municipios, y aceptarlas, con el propósito de formular nuevas acciones medibles, que puedan ser evaluadas, de manera que los gobernantes de estos niveles de gobierno desarrollen mejores herramientas para enfrentar con efectividad esta terrible realidad que viven miles de familias mexicanas en el país, en los estados y en los municipios?

Me recuerda lo que hace algunos años sucedía cuando se implementó la Alerta de Violencia contra las Mujeres por razón de género. Cuando les era enviada por parte del Gobierno federal, ninguna entidad federativa quería aceptarla porque consideraban que representaba una mala calificación para su gobierno, cuando de lo que se trataba era de que tenían que activar un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar la violencia feminicida, otorgándoles incluso recursos públicos federales extras para ello; para cuando lo hacían, todo era incontrolable.

Visibilizar la realidad de estas problemáticas, desde saber el número de casos reales evitando subregistros, significaría sin duda establecer el campo de atención para focalizar acciones. No documentarlas limita el derecho de las personas a obtener justicia, favoreciendo la impunidad.

Leía una nota reciente sobre desapariciones que mencionaba que incluso hay omisiones de registros en el número de fosas clandestinas con las muchas consecuencias que esto provoca a su alrededor, tan solo una, que en alguna de esas fosas “no registradas” podrían estar los restos de sus familiares. Qué decir de las tantas omisiones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el Banco Nacional de Datos Forenses, así como en la recolección de datos Ante Mortem (AM).

Suponiendo sin conceder que los datos oficiales sean los reales, son más de 130 mil personas que continúan sin ser localizadas en México ¿Cuántos más habrá?, sus familias merecerían mínimamente que se reconocieran.

Lo mismo sucede con los feminicidios que actualmente se maneja que se han reducido, pero, casualmente, datos revelan el incremento en el número de homicidios dolosos de mujeres, esto hace suponer que, con el propósito de reducir números, muchos de estos no se están clasificando e investigando como feminicidios y son registrados en los números que reflejan los homicidios dolosos cometidos contra mujeres.  Tal vez para las familias no solo de esos 889 feminicidios y 2 mil 795 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en México, en datos oficiales (SESNSP), durante el 2025; sino también para las familias de víctimas de feminicidio que no son tipificados debidamente para su investigación, significaría para todas otorgar justicia.

Los datos no registrados no solo son una estadística, significa que se minimizan o invisibilizan delitos ¿y si empezamos por reconocer estos pendientes?

Los gobiernos tienen la última palabra, porque para la prevención, atención y sanción de este tipo de delitos no caben intervenciones “blandas” como las muy usadas actualmente.

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Muchas de ellas con ideas salvadoras como Olympia de Gaulles y su Declaración de los Derechos de las Mujeres, o la inteligencia de una Marie Curie y sus investigaciones que le otorgaron en dos ocasiones el premio Nobel –el de Física y el de Química–; tantas y tantas que se pudieran mencionar.

Sin embargo, hoy quiero recordar a dos de ellas nacidas en el mes de enero, una en el año de 1908 y la otra en 1933. Ambas aportaron desde las trincheras que les tocó vivir muchos elementos que fueron permitiendo visibilizar, reconocer y luchar por una causa común, nuestros derechos: Simone De Beauvoir y Susan Sontag.

Ambas filósofas, escritoras, de visión y pensamiento crítico, que exploraron la realidad humana. Pensadoras provocadoras. Incómodas para su época.

Defensoras de las libertades humanas, desafiaron los convencionalismos de la sociedad de su época, intentando comprender el por qué en todas las producciones culturales de la humanidad, desde el arte hasta el uso del lenguaje, tienen al hombre como punto central y como principal referencia, como profundizaba Simone De Beauvoir, pionera de la filosofía feminista, en su obra “El Segundo Sexo”, que toma por primera vez como centro de su cuestionamiento filosófico a la mujer; o como Susan Sontag, que en su ensayo “De las Mujeres”, reflexiona sobre la vejez, la belleza, la igualdad, la sexualidad y el fascismo; con propuestas incluso vigentes hoy día sobre liberación del destino reproductivo de las mujeres, revocación del lenguaje sexista y de la doble carga o jornada.

Que señalaba que la emancipación de la mujer le parecía una “necesidad histórica tan primordial como la abolición de la esclavitud que necesitaría de una revolución: radical y conservadora a la vez”. Conservadora, para “rechazar la ideología del desarrollo económico ilimitado, que comparten los países llamados capitalistas como los que aspiran al comunismo”. Radical, para poner “en entredicho los hábitos morales tradicionales, autoritarios que son comunes tanto en países capitalistas como comunistas” de manera que la liberación de la mujer fuera la parte más radical de lo que llamaba “nuevo proceso revolucionario”.

En ese vaivén entre desastres, desesperanzas y esperanzas que les tocó vivir a cada una de ellas fue constante su lucha por la defensa de los derechos humanos.

Su legado sigue vigente aun cuando en muchos momentos en estos reacomodos del orden nacional e internacional actual, lo mismo en populismos de derecha que de izquierda que no responden, ni los unos ni los otros, a motivaciones éticas o ideológicas, pareciera que se pretende desmantelarlos.

Sin embargo, aun sobre el auge de esos populismos de derecha, pero también de los populismos de movimientos de izquierda, por encima de las decepciones de los proyectos políticos; la grandeza de las mujeres que ha quedado demostrada prevalecerá.

Referencias:

Siete Lecciones de Susan Sontag para las mujeres del siglo XXI, Pilar Gómez Rodríguez, El Confidencial, 07/03/2024

El Segundo Sexo, Simone De Beauvoir, 1947.

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De manera que, sin dejar de observar lo que sucede fuera del país, ya que debemos estar muy atentos por las decisiones imprevisibles de un hombre como el presidente Trump, que pretende aplicar su nueva doctrina ya llamada Doctrina Donroe, vimos lo provocado en Venezuela, que si bien unánimemente se celebra la caída de un presidente autoritario, populista e ilegítimo como Nicolás Maduro, hoy recluido en una cárcel de Nueva York junto con su esposa; también de manera unánime estamos observando el rechazo generalizado, ya que de ninguna manera se puede estar de acuerdo en la violación a la legalidad internacional. Bien se ha escrito que un régimen aun autoritario como el de Venezuela no vuelve legítima la intervención de Estados Unidos, alejada totalmente de reestablecer el sistema democrático de ese país al que tanto aspiran los venezolanos.

Sin embargo, debemos también continuar dando seguimiento a los temas internos que incidirán en la construcción de la vida democrática de nuestro país, como la reforma político-electoral, que se observa muy lejana a la que se llevó a cabo en 1977, que sembró no solo el reconocimiento, también la apertura a la pluralidad democrática que permitió de manera pacífica la primera alternancia en México en el año 2000.

La diferencia con la reforma actual es que esa transformación exigió de diálogo, consenso y legitimidad social, como han sido todas y cada una de las reformas electorales surgidas desde entonces, así como de amplias negociaciones entre las fuerzas políticas, académicas, organizaciones civiles y de la ciudadanía, que hoy no observamos.

Justamente por esto, en relación con los derechos políticos de las mujeres, urgente cuidar en esta reforma electoral los avances que hemos logrado, no solo para conservarlos, también para mejorarlos, fortaleciendo mecanismos y promoviendo innovaciones.

De ahí que organizaciones civiles como Aúna y Mujeres en Plural, entre algunas otras, hemos venido aportando por la oportunidad que representa para nosotras la reforma electoral anunciada; se han venido difundiendo algunos apuntes a considerar, con el objetivo fundamental de proteger y consolidar la participación paritaria de las mujeres en la representación política que pasa por incorporar en la legislación electoral inicialmente todas y cada una de las acciones afirmativas que, vía Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y Tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han sido logradas.

Bloques de Competitividad. Paridad en órganos internos y desconcentrados. Financiamiento paritario a mujeres en campañas políticas. Afinar las medidas con respecto a las acciones afirmativas que han sido destinadas a grupos discriminados a fin de evitar usurpación de identidad y simulación. Inegibilidad de personas violentadoras, eliminando la exigencia de que haya sentencia firme, ya que si la persona está sujeta a proceso, significa que la autoridad encontró elementos suficientes para señalarla como responsable, más aún cuando la probabilidad de resolución de un delito en México es de alrededor del 0.9%. La alternancia en cada periodo electivo. Violencia política. Sanciones, son solo algunos entre muchos otros puntos de urgente atención y cuidado.

Por supuesto, preocupa la propuesta de la eliminación del principio de representación proporcional; del financiamiento público de los partidos políticos y la nula discusión respecto de cómo se pretende asegurar la representación de esa diversidad ideológica de una sociedad plural como es la nuestra con estas afectaciones.

Los cambios aprobados en la Constitución desde el año anterior, sobre la no reelección y la prohibición de nepotismo, conducen seguramente a un mayor dinamismo de perfiles; sin embargo, hay que saber detectar que si es nepotismo no es paridad.

Intenso, sin duda, será el 2026, mucho por considerar para cuidar avances y promover innovaciones en la participación de las mujeres. Estamos muy pendientes.

Fuente:
https://www.auna.org.mx
https://reformaelectoral.gob.mx//useconten/6938efd04479e-Propuesta_Mujeres-En-Plural

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Esto me llevó a recordar un buen número de mensajes que con las mismas características hemos escuchado en México, por ejemplo: “en mi gobierno no habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo”; “se acabó la corrupción y la impunidad”; en referencia al sistema de salud mexicano: “no, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”; “la libertad de expresión y la transparencia son principios fundamentales de este gobierno”, o el “no somos iguales”, y podríamos continuar haciendo el recuento de tantas más no solo de los tiempos actuales, también de los tiempos pasados.

Sin embargo, los tiempos actuales marcan una gran diferencia, nos podemos enterar de hechos y datos que desenmascaran cotidianamente muchos de estos mensajes engañosos en minutos vía las redes sociales.

Tal vez por eso creo que este ejercicio podría servirnos para que esas voces reconsideren sus mensajes que escuchamos diariamente, si tan solo toman en cuenta que el 2026 es el año en el que inicia formalmente el proceso electoral 2027 que arrancará en la primera semana de septiembre de este año, que habrá elecciones en la mitad del país, incluida la entidad poblana, donde habrá una concurrencia de elecciones, elegiremos diputaciones locales, presidencias municipales, Poder Judicial estatal y también federal y  es que muchos de esos mensajes han abonado al deterioro paulatino de la confianza ciudadana, provocando su desgaste no solo por las muchas mentiras fácilmente comprobables, también al evidenciar diariamente sus contradicciones.

Requerimos entonces eliminar el descrédito en que han incurrido muchos hombres y mujeres de la política con el uso de esta retórica, ya que aun cuando actualmente el control de todo el andamiaje político lo tiene la Presidencia de la República, me refiero al control de los otros dos Poderes del país –el Legislativo y el Judicial–, la Fiscalía General de la República, veintidós estados de la República y otros tantos municipios del país; la situación de lo político vive tiempos altamente complejos.

Sin olvidar que en el tintero hay una reforma electoral en ciernes que sin duda abonará a la complejidad del proceso electoral del 2027.

El partido oficial, Morena, que tiene las mayorías actualmente y que es el partido en el gobierno –de ahí su importancia– presenta una erosión y un deterioro progresivo en su imagen pública por tantos y tantos escándalos de corrupción y ostentación en sus estilos de vida contradictorios a su propuesta de austeridad republicana; los numerosos casos muy graves de vínculos con negocios multimillonarios como el huachicol ya no pasan desapercibidos y mucho menos por el alto grado de corrupción y la impunidad permanente que prevalece; se perciben ineficacias en el ejercicio de gobernar y una creciente y muy notoria rivalidad interna.

De ahí que los hombres y mujeres de la política de todos los partidos políticos podrían considerar que todos esos mensajes mentirosos, falsos o distorsionados sin duda influirán en las decisiones, para que además no sigan deteriorando a la política.

Porque no hay que olvidar –como bien se ha escrito– que el futuro no se improvisa, se construye. Y que ningún proyecto político es irreversible.

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