Y una vez más vamos conociendo los últimos Informes anuales que se han difundido: el nuevo de la International IDEA, que refleja el deterioro preocupante que en el mundo ocurre al Estado de derecho que incide en buena medida en contra del acceso de las mujeres a la justicia; el de Desigualdad de género de la ONU, que pone en el centro del análisis las “barreras sistémicas” a las mujeres; el Panorama de género 2026, que revela una reducción del apoyo político a la igualdad de género, transversal, medible y acumulada; así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, obligada a atenderse derivado de que la inseguridad acompaña la vida de las mujeres arrojando cifras que demuestran que mayoritariamente son las víctimas.

Panorama desolador porque unos y otros retratan un horizonte de avances sociales lentos, que corren el riesgo de regresiones en derechos conquistados, lejos estamos aún de alcanzar una evolución natural en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Todo lo anterior obligadamente se entrelaza al inicio de un proceso electoral de muy alta importancia como el que tendremos el próximo año, porque si bien los avances en México han sido innegables desde que en el 2014 se incorpora en la Constitución el Principio de Paridad y se complementa en el 2019 con la Paridad en Todo, hoy las mujeres ocupan la mitad del Congreso de la Unión, en Puebla en el Congreso local son mayoría, gobiernan en 13 entidades federativas, los más altos números en la historia de nuestro país.

Solo que en muchas ocasiones hay que recordar que estos logros no han sido concesiones de los partidos políticos, muchas décadas y la organización de las mujeres que impulsaron reformas constitucionales y de leyes secundarias; mucho empujaron desde lo local para armonizar y homologar todas ellas; litigios estratégicos y sentencias que fueron obligando a la apertura de espacios antes reservados solo a los hombres.

Por eso importante la aplicación y el cumplimiento de la normativa que obliga a la paridad en todo, a su aplicación transversal desde todos y cada uno de los cargos de elección popular, los de la administración pública y los del Poder Judicial, lo dice la ley.

Por eso organizaciones como Mujeres en Plural, que recientemente celebró su Asamblea Nacional y que además ha contribuido de manera fundamental para su logro, ha venido solicitando al INE los lineamientos para que se cumpla con al menos nueve mujeres en las 17 entidades donde se elegirán gubernaturas y que en los restantes cargos a elegirse se cumpla con la paridad, cuidando integralmente todos los procesos tal como lo marcan tanto los documentos básicos de los partidos políticos como la normativa que rige estos procesos: reconocer el trabajo territorial de militantes, acompañar trayectorias, protegerlas de violencias internas y externas, abrir espacios, impulsar liderazgos, escuchar todas las voces, donde se postulan, con qué recursos competirán,  etcétera, evitando anteponer resistencias que mediante la reproducción y el uso de estereotipos de género pretenden bloquear el acceso de las mujeres a posiciones que por ley les corresponden.

Tal vez por ello organizaciones internacionales sostienen que ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de Igualdad comprometidos para el 2030 se van a cumplir en ese plazo.

El retrato de la desigualdad está a la vista, en el debate público, en la conversación ciudadana, en las expresiones, en los mensajes, en las conductas, en las contradicciones, en las actitudes y en la narrativa cotidiana y por eso justamente debe interesarnos cumplir con la Paridad.

Bien se ha escrito “Una democracia en la que la mitad de la población no participa en igualdad de condiciones es una democracia incompleta” (Tagle, 2026)

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El cargo El retrato apareció primero en Reto Diario.

La gira nacional de “rendición de cuentas”, nueva modalidad de difusión del segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum en la que indubitablemente una y otra vez refleja una suerte de distancia entre la realidad diaria que todas, todos vivimos con el discurso presidencial, por más que se intente hacer parecer un optimismo que en muchos lugares es inexistente. La realidad no es compatible con el discurso.

La entrega por parte de la jefa del gobierno para su debate, discusión y aprobación del Paquete Económico que regirá para el 2027 que mediante la distribución de los recursos públicos que ingresarán y cómo serán asignados refleja las prioridades del gobierno actual; porque todo impacta en la vida de las personas. Considerando que todo derecho reflejado en acción de política pública que no se traduce en el presupuesto, se queda en el discurso oficial. Los primeros análisis preocupan.

El comienzo legal, el 10 de septiembre, del proceso electoral 2027 en el ámbito federal que en el país la dimensión de esta elección intermedia es enorme: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 908 diputaciones locales en 31 entidades federativas y más de 18 mil cargos municipales, y en el caso del estado de Puebla para elegir diputaciones locales, presidencias municipales y ayuntamientos en noviembre.

De ahí la consideración que en conjunto se perciben debilidades. Veamos:

La ciudadanía constata día a día que la realidad está por encima de los discursos oficiales. Por ejemplo:  la “reducción” que mencionan frecuentemente de la inseguridad permanece solo en el discurso, las imágenes cotidianas muestran lo contrario; que todos los hospitales cuentan con medicamentos, cuando día a día se constata que no es verdad esta afirmación; que en materia de educación no necesariamente las becas han favorecido a elevar el nivel educativo de niños, niñas y adolescentes, ahí los resultados de la prueba PISA, que aunque el discurso oficial los desconoce, la realidad es que el aprendizaje producto del actual sistema educativo es absolutamente insuficiente, los jóvenes que hoy asisten a las escuelas están aprendiendo menos que las generaciones anteriores, lo que se aceleró en los últimos ocho años, y esto es grave, merece una reflexión, porque nada es excusa para minimizar los problemas que tiene nuestro sistema educativo.

Que las prioridades presupuestarias del gobierno están dejando de atender preocupaciones ciudadanas que impiden el bienestar social, pero que además, como en el caso de la Deuda Pública, ponen en riesgo el futuro del país.

El inicio de una competencia electoral con instituciones cuya principal tarea es organizar elecciones y garantizar certeza está generando inquietud sobre su imparcialidad, pérdida de confianza y de credibilidad. Se perciben instituciones disminuidas, debilitadas –aun cuando por más de treinta años se fueron construyendo–, se observa sometimiento y que han dejado a un lado sus Principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Las campañas adelantadas disfrazadas para designar candidaturas. Hace ocho años las llamaban “corcholatas”, hoy, “coordinaciones”, solo esas autoridades electorales son las únicas que no las han visto; renuncias inentendibles que reflejan inestabilidad al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que ha generado la percepción de falta de legitimidad en un contexto en el que el crimen organizado sigue infiltrado en la política y condicionando elecciones. El colmo, nuevamente la imagen que desde hace 30 años no se había vuelto a ver en México: la representación del Gobierno federal dentro del INE reflejada en la presencia de la secretaria de Gobernación en primera fila y a la derecha de la presidenta del INE.

La realidad es el punto de partida de la acción política, de ahí que ese discurso oficial cotidiano no soporta más el reiterado “no somos iguales” o “los de antes” como justificación de todos nuestros males. Esa narrativa se desvanece cada vez con una mayor rapidez.

Construir confianza lleva mucho tiempo, destruirla unos cuantos segundos. Sin confianza, gobernar se vuelve cada vez más difícil, lo hemos comprobado, ahí la memoria histórica que nos permite las conmemoraciones que recordamos en estos días, las cuales reflejan esa lucha histórica que hombres y mujeres han dado en la construcción de este país desde 1810, que, en efecto, como se ha señalado, “adquieren una importancia política enorme ahora que ha comenzado formalmente el proceso electoral 2027” y que lo menos que requieren es de instituciones débiles.

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El cargo Debilitamientos apareció primero en Reto Diario.

Esta Declaración fue una respuesta a la proclamación de derechos universales llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, (1789) que dos años antes se había divulgado y en la que las mujeres habían sido excluidas de la igualdad, la libertad y  la fraternidad proclamada por la Asamblea Nacional, incluso ni siquiera consideraron los derechos de ciudadanía de las mujeres de esa época –de los cuales no gozaban– no podían votar, tampoco ser electas y mucho menos participar en la toma de decisiones. Olympe de Gouges incluyó 17 derechos básicos de las mujeres y reclamó para ellas la libertad, la igualdad y la justicia base de los derechos naturales, inalienables y universales de todas las personas. En una época de terror jacobino su destino fue la guillotina. Sin embargo, todas, todos, la reconocemos como una mujer adelantada a su época.

Muchas mujeres más en el mundo han ido aportando y dejando un legado; todas y cada una desde sus trincheras y sus épocas se han cuestionado sobre los derechos de las mujeres, las brechas que aún hoy tenemos y fundamentalmente el ejercicio de esos derechos en condiciones de igualdad.

Por eso siempre será muy lamentable conocer sobre nuevas y grandes pérdidas para el feminismo, como el fallecimiento hace unos días de la periodista Gloria Steinem.

En la década de los 70, desde la revista Ms. Magazine (Señora) considerada una de las primeras revistas feministas que ella fundó en 1972 junto a la activista afroamericana Dorothy Pitman Hughes, se escribía textualmente sobre conceptos que en esa época no se atrevían a mencionar: “violencia doméstica”, “acoso sexual”, “libertad de reproducción”, cambiando la mirada de los derechos de las mujeres y convirtiéndose en una de las activistas de lo que conocemos como la segunda ola del feminismo, incluso como buena periodista se infiltró de incógnita como conejita en Playboy para reportear las condiciones de las mujeres trabajadoras. Ella cambió la forma en la que las mujeres se informaban sobre derechos reproductivos, laborales y de justicia social, convirtiéndose en ícono del feminismo en Estados Unidos.

Abrió camino haciendo de la igualdad una causa política y colectiva, cambiando la forma de hacer el activismo y la conversación sobre nuestros derechos.

Ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (2021) su vida se construyó vinculada a los derechos de las mujeres y al periodismo.

Su cuestionamiento, que incluso muchas nos hacemos en el sentido de pensar que la igualdad solo se alcanza simplemente cuando algunas mujeres logran llegar a donde antes solo llegaban los hombres, sigue vigente; sin duda llegar importa, pero también importa qué hacemos con el poder cuando llegamos. “Para el feminismo, ocupar espacios nunca ha sido suficiente. La apuesta es transformar las reglas, las instituciones y las condiciones que mantienen la desigualdad. Más mujeres en el poder, sí. Pero con poder para transformar la vida de las mujeres”.

Tan importante como actual lo que ella en todo momento recordaba: los derechos conquistados nunca pueden darse como definitivos. Cada generación tiene que defenderlos y ampliarlos es una de las lecciones más importantes que quería transmitir.  Esto nos lleva necesariamente a observar no solo nosotras las mujeres, también los hombres aliados, sobre los engaños disfrazados y los muchos silencios y complicidades incluso muchas veces de las mismas mujeres, para evitar que sean trastocadas las conquistas alcanzadas.

De ahí que hay tener siempre presente que las luchas por nuestros derechos que han dado todas estas mujeres, las de antes y también las de ahora, así como su ejercicio real, no está agotada, sigue construyéndose y esto pasa por revisar permanentemente mecanismos y presupuestos asignados para el logro de la igualdad, la libertad y la justicia. Cuestionar es legítimo.

Por ello debemos recordar en todo momento que el más importante de todos los derechos es el derecho a defender nuestros derechos.

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El cargo Grandes pérdidas apareció primero en Reto Diario.

Se trata de una Iniciativa que pretende reformar los artículos 82, 112 y 122 de nuestra Carta Magna para impedir que mexicanos y mexicanas que tengan doble nacionalidad, si desean ser postulados a la Presidencia, a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deben renunciar a su otra nacionalidad antes de su registro, para quedar solo con la mexicana y que no tengan un posible conflicto de interés con una nación extranjera.

Para muchos, muchas, podría sonar interesante y hasta congruente, sin embargo, hay que recordar que en un contexto de gran discusión sobre patriotismo, soberanía, ciudadanía y lealtades, este debate quedó resuelto en México desde 1997 en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo mediante una gran reforma a la Constitución y a las leyes secundarias que permitió la doble nacionalidad dando pauta a que millones de mexicanos y mexicanas ejerzan sus derechos plenos en otros países sin perder sus raíces mexicanas y que pudieron con ello también regularizar su situación jurídica, estudiar, obtener mejores empleos y que permitió que sus hijos e hijas nacidos fuera de México fueran reconocidos como mexicanos por nacimiento, con los derechos y obligaciones correspondientes, abriendo la puerta también al ejercicio de derechos políticos en ambos países, no solo para votar, también para ejercer cargos. El objetivo prioritario fue proteger a millones de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero.

Cuando en 1998 entra en vigor quedaron señaladas con claridad las restricciones para ocupar un cargo. Entraron en vigor también reformas a la Ley de Nacionalidad regulatorias de esos artículos constitucionales y todo lo concerniente a la doble nacionalidad.

De manera que desde 1997, quienes deseen ocupar puestos deben presentar su renuncia expresa a la nacionalidad extranjera que ostenten, así como a cualquier protección, obediencia o lealtad hacia otro Estado.

Ahora bien, la presidenta en su Iniciativa acota esta restricción solo para tres cargos, la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La Constitución alcanza a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, las gubernaturas, las Secretarías de Estado, la Suprema Corte, la Fiscalía General, determinados puestos militares de seguridad nacional, marítimos y aeronáuticos y otros vinculados también con la seguridad nacional, es decir, en lugar de ampliar la Iniciativa de la presidenta limita la salvaguarda de esta restricción que tenemos desde 1997.

La regulación constitucional está debidamente establecida en los artículos 32, 82, 116 y 122, en los cuales están debidamente protegidos en los cargos estratégicos, el interés nacional ante conflictos de interés, estableciendo como requisito de elegibilidad ser mexicano por nacimiento; incluso determinando: “Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.”

El artículo 82, dice que para ser presidente se requiere “Ser ciudadano mexicano por nacimiento (…)”; el artículo 116, señala “Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento (…) y el artículo 122, menciona el mismo requisito para la Jefatura de la Ciudad de México.

Tal vez, por ello, solo dudas y confusión ha generado la Iniciativa de la presidenta.

Como el título de una de las obras que escribió Octavio Paz “Tiempos Nublados” en México, sin duda.

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El cargo Tiempos Nublados apareció primero en Reto Diario.

Un gobernador en funciones que por primera vez en la historia es imputado por Estados Unidos reclamando a México su aprehensión con fines de extradición por diversas acusaciones de narcotráfico junto con más de treinta imputados, de los cuales nueve son funcionarios públicos sinaloenses, entre ellos un senador y un presidente municipal también en funciones, distinguidos militantes del partido político Morena (Acusación S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York), solicita licencia a ese cargo. 112 días después decide retomarlo ¿Imprudencia? ¿Provocación? ¿Decisión personal? ¡Demencial! ¡Vergonzoso! Se dice que sin acordarlo con la señora presidenta Sheinbaum y que tampoco con su partido político, ¿será posible esto en un país como el nuestro y con un gobierno de las características actuales?

Después de difundirse una serie de deslindes de la nueva élite política actual en el poder por este acto, vía sendos pronunciamientos firmados por gobernadores y gobernadoras, por la dirigencia de su partido político Morena y en las redes sociales; tal cual como hace unos muy pocos meses lo hicieron, pero para respaldarlo, para protegerlo de esas acusaciones escuchando esas voces morenistas al grito unánime de ¡No estás sólo!, como las hemos escuchado en los últimos años para proteger a Cuauhtémoc Blanco, a Félix Salgado Macedonio o a otros. Del respaldo absoluto al deslinde absoluto.

Muchos análisis, especulaciones, hipótesis, teorías y hasta afirmaciones se fueron tejiendo en las últimas horas en torno a la decisión del gobernador Rocha Moya de regresar a “gobernar”. Finalmente, ha solicitado nuevamente licencia para retirarse del cargo. ¿Qué ocurrió para llegar a esta decisión? No lo sabemos. Irresponsable sería afirmar qué fue lo que realmente sucedió.

Sin embargo, ¿con solo esto se resuelve el problema que ya originó a su entidad, al Gobierno de México, a la presidenta, a su partido, al país mismo? La acusación que pesa sobre él y sus funcionarios, ¿la olvidamos? ¿Estados Unidos la olvidará también?, porque sin duda su decisión de regresar al cargo ha empañado a todos los gobiernos emanados de Morena, ha puesto en riesgo la estabilidad política y hasta la soberanía del país que tanto dicen proteger, más aún en el contexto de una de las mayores crisis de inseguridad antes nunca vivida. Se le olvidó a este personaje el interés de la nación.

Por eso creo que no basta con apartar a Rocha del gobierno, que bien podría considerarse como un acto de autoridad política, no tanto porque él quisiera hacerlo, porque evidentemente la presión política hizo insostenible su permanencia. Esto abre una muy buena oportunidad para la presidenta Sheinbaum y para que la Fiscalía General de la República transparente la investigación que supuestamente se está haciendo en el país sobre los vínculos de todos estos personajes con el narcotráfico, sin complicidades, que todas esas carpetas de investigación que dijeron en el deslinde que están abiertas, tengan la evidencia suficiente y que se demuestre que no se permitirá más impunidad, esa impunidad que ha venido favoreciendo y protegiendo a muchos personajes de la hoy nueva élite política del país tan solo por pertenecer al partido gobernante, de manera que esta operación de control político transite hacia la ruta de regresar al marco de la ley y retomar la construcción de un verdadero Estado de derecho.

De ahí la urgencia de recapacitar para dejar de seguir confundiendo temas que son de carácter individual, convertidos hoy en temas de dimensión de Estado también como estrategia de protección para sus afines; por cierto, me sigo preguntando por qué tanta alarma, por qué les preocupa tanto a los personajes de este gobierno y del partido Morena que les retiren las visas para entrar a Estados Unidos. Siendo sinceros, como diría el clásico: ni en los mejores, ni en los peores momentos en que gobernaba el PRI –como lo quieran pensar– se había llegado a tanto.

En efecto, “(…) ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación (…)”, por ello muy importante observar con atención los pasos siguientes, porque lo que está en juego es la hipótesis de que solo ocho años bastaron para que cayera la credibilidad del actual proyecto de gobierno. Tan solo en ocho años lograron su descrédito o será que quieran seguir protegiendo a quienes tanto daño han causado al pueblo de México y a la Nación.

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El cargo Proteger apareció primero en Reto Diario.

Este embarazo no es considerado como un embarazo adolescente, es un embarazo infantil producto en todos los casos de una violación sexual que representa un riesgo para la salud física, mental y social de las niñas.

Ninguna niña debería ser víctima de este delito, mucho menos verse obligada a enfrentar un embarazo producto de una agresión sexual, lamentablemente algunos datos dan cuenta de esta gravísima problemática: 8 mil 818 nacimientos durante 2024 han sido de niñas entre 10 y 14 años, esto habla de conductas reiteradas que el Estado debe atender.

Urgente así establecer políticas públicas que deben comenzar mucho antes de que se presenten estas agresiones sexuales para desarrollar institucionalmente acciones de prevención para la detección oportuna y el establecimiento de mecanismos eficaces de protección; porque de lo que se trata es de evitarlas antes de que deriven en embarazos forzados.

No olvidar que este tipo de agresiones sexuales pueden permanecer ocultas durante meses; sin embargo, antes, siempre hay señales, silencios y ambientes que muchas veces son ignorados por familias, instituciones educativas y otros, y es hasta que se presenta el embarazo cuando se visibilizan, requiriendo para ese momento un servicio de salud de urgencia médica y de atención inmediata.

Por fortuna, México cuenta con el marco normativo para acceder a una interrupción de embarazos que es un derecho de las víctimas en casos de violaciones sexuales, como lo señala la Ley General de Víctimas y la NOM-046, estableciendo los criterios de atención que deben garantizarse, más aún cuando se trata de niñas, lo que implica que las instituciones otorguen servicios de manera oportuna, segura y sin obstáculos para su atención. Esto ya ocurrió en el caso de la niña de 11 años.

Pero el hecho de que una niña pueda acceder a la interrupción del embarazo no significa que la violencia sexual haya sido atendida, la atención de las instituciones no puede terminar cuando concluye el procedimiento médico que es tan solo el primero de los pasos. ¿Qué ocurre después?, ¿qué pasa con las víctimas? Ahí nuevamente obligaciones específicas y coordinadas deben tener las Instituciones y justo es este un desafío; deben notificar al Ministerio Público; recopilar información y evidencia que contribuya a la investigación; pero también hay que considerar que tampoco se trata solamente de abrir carpetas de investigación, ya que implica mucho más que el castigo al responsable de este delito, debe otorgársele a las víctimas la garantía de investigar con la debida diligencia, para determinar las responsabilidades y sancionar al agresor o agresores, y hacer justicia, pero justicia significa también proteger a la niña. De ahí que hay que asegurarle que tenga una representación jurídica.

Como en la mayoría de estos casos los agresores son familiares o personas cercanas al entorno de las niñas, debe garantizarse su seguridad, separándolas del entorno en donde se encuentre el probable agresor para detener cualquier situación de violencia: hay que garantizarle que esté segura, otorgándosele medidas de protección.

Debe asegurársele el restablecimiento de su salud física, mental y social que le permitan reconstruir su proyecto de vida libre de violencia, evitando en todo momento su revictimización. Y algo más, las niñas víctimas de violencia sexual no deberían convertirse en material de exposición pública; esto pasa por resguardar su identidad y privacidad bajo altos estándares de confidencialidad. Proteger su identidad forma también parte de las obligaciones institucionales para evitar nuevas afectaciones y procesos de revictimización.

Ojalá pronto las instituciones asuman la responsabilidad de otorgar respuestas coordinadas e integrales que coloquen en el centro a las niñas y sus derechos para la prevención y atención de este brutal delito.

Ojalá nunca más una niña atraviese por una agresión sexual.

Referencia: Escudero Martínez Marisol, IPAS Latinoamérica y el Caribe (CIMAC, 2026)

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El cargo Violencia sexual apareció primero en Reto Diario.

Rosario Castellanos, poeta, feminista, filósofa, escritora académica, dramaturga, ensayista, cuentista, diplomática, nace un 25 de mayo de 1925 y fallece un 7 de agosto de 1974, estudió en la UNAM Filosofía, donde presentó en 1950 la tesis Sobre Cultura Femenina preguntándose ¿existe una cultura femenina?, en aquella época aún no tenía presencia pública el feminismo, justo ahí radica la importancia de su obra.

Ella se cuestionaba sobre los roles impuestos a las mujeres, la desigualdad de oportunidades existente entre hombres y mujeres, denunciando la exclusión de las mujeres en los espacios culturales, académicos, políticos.

Reflexionaba sobre la maternidad, el matrimonio, el trabajo doméstico, expresado en su poema Kinsey Report en el que les presta voz a las casadas, las divorciadas, las lesbianas, las abstinentes: ¿Si soy casada? / Soltera sí, pero no virgen, / Divorciada, / Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia / A los indispensables (como ellos se creen…) / Señorita, sí, insisto. Señorita. / Mujer inteligente, irónica.

Fundamental en su trayectoria, la vinculación que hizo entre la discriminación de género con otras formas de exclusión como el racismo y la opresión que enfrentan los pueblos indígenas.

Además de haber sido una de las primeras intelectuales mexicanas, fue también una de las primeras en desarrollar esa mirada interseccional, pudiendo ir entendiéndose cómo distintas formas de desigualdad coexisten.

No en balde José Emilio Pacheco dijo “nadie en este país tuvo, en su momento una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de ser mujer y ser mexicana, ni hizo de esta conciencia la materia prima de su obra, la línea central de su trabajo”.

En estos tiempos en el que las confusiones sobre los feminismos se repiten, me parece que hay que releer los ensayos de Mujer que sabe latín y en general la obra de Rosario Castellanos.

Mas aún cuando a 52 años de su fallecimiento, las brechas salariales, la distribución desigual del trabajo de cuidados, la violencia contra las mujeres y la persistencia de estereotipos de género, siguen formando parte de la agenda pública en nuestro país.

Recordemos su poema Meditación en el Umbral

No, no es la solución
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy
ni apurar el arsénico de Madame Bovary
ni aguardar en los páramos de Ávila la visita
del ángel con venablo
antes de liarse el manto a la cabeza
y comenzar a actuar.
Ni concluir las leyes geométricas, contando
las vigas de la celda de castigo
como lo hizo Sor Juana. No es la solución
escribir, mientras llegan las visitas,
en la sala de estar de la familia Austen
ni encerrarse en el ático
de alguna residencia de la Nueva Inglaterra
y soñar, con la Biblia de los Dickinson,
debajo de una almohada de soltera.

Debe haber otro modo que no se llame Safo
ni Mesalina ni María Egipciaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.

Otro modo de ser humano y libre.

Porque yo también realmente creo que debe haber otra forma de ser humana y ser libre… otro modo de ser mujer.

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El cargo Rosario Castellanos apareció primero en Reto Diario.

Esa tentación de censura que ha sucedido en todas las épocas una vez más se repite vía la riesgosa propuesta presidencial de lineamientos del “derecho de las audiencias” –en proceso de consulta pública– presentada por la presidenta de la República en voz de su consejera jurídica “para regular informaciones falsas, garantía de derecho de réplica, entre otros”.

En gobiernos anteriores hubo reformas a distintas regulaciones de las que resultaron Códigos de Ética, defensorías de audiencias, garantías del derecho de réplica, con mayores certezas de aplicación que las que se tienen ahora derivado de que esta responsabilidad recaía en instituciones autónomas como el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que fueron eliminadas con la excusa de una simplificación administrativa. Ahora dependen del Gobierno federal, a través de una Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones que depende de la Presidencia de la República, de ahí la desconfianza de su independencia y neutralidad, incluso desde la presentación de esos lineamientos que la hizo la consejera jurídica de la presidenta y no alguna persona de los/as comisionados de esa Comisión que ellos mismos crearon. Obviamente muchas dudas surgen: ¿con qué criterios, entonces, determinarán si una noticia es falsa o verdadera?, ¿quién lo hará y quién determinará sanciones?, ¿se atreverán a decir sin ambages que esta consulta resultó a favor de esos lineamientos presentados?, ¿es parte de un nuevo rasgo autoritario?, ¿cómo lo resolverán ahora?

Lo mismo sucede con el espantoso hecho conocido de la muerte de una adolescente en curso de verano al interior de una institución educativa: una Academia Militarizada que resulta no está autorizada. Cómo entender entonces cómo esta y otras escuelas militarizadas, que a lo largo del país han funcionado abierta y públicamente durante décadas, han expedido certificados de estudios de primaria, secundaria, bachillerato y algunas hasta de nivel licenciatura, y ahora resulta ¿que han funcionado sin reconocimiento oficial la SEP?; ¿significa entonces que ninguna de las certificaciones expedidas durante años por estas instituciones tienen validez oficial? Y los chicos y las chicas que hicieron sus estudios antes y ahora, ¿qué pueden esperar? Porque el señor secretario de Educación Pública federal ordenó –también delante de la señora jefa del Gobierno federal, Sheinbaum– el cierre de escuelas militarizadas porque dijo están prohibidas en México, conociéndose que el Catálogo de Centros de Trabajo 2025 de la propia SEP actualizado a febrero, arroja con la denominación de militarizado 60 escuelas, colegios y bachilleratos, con clave de centro de trabajo (La Jornada, 31/07/2026), ¿será que no conoce este Catálogo el señor secretario? O, entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿si en la Ley General de Educación no están reguladas estas instituciones –como dijo el secretario–, cómo es que han ofertado servicios educativos todos estos años? ¿Quién les dio los permisos, quién les da el seguimiento a esas escuelas, quién las evalúa?, ¿la SEP no se había dado cuenta de su existencia en los ocho años que llevan gobernando?, ¿o están evadiendo sus responsabilidades? Todas estas escuelas cerrarán sus puertas así nada más y ¿ya con eso se resolvió todo? Y la muerte de Dafne y los testimonios de abusos físicos y psicológicos en estas instituciones que se empiezan a difundir, porque todos, todas ellas estuvieron al resguardo de una institución educativa que debía protegerlos, ¿quedarán entonces impunes?

O qué tal algunas expresiones en voz de la propia presidenta Sheinbaum que hemos venido escuchando: Cuando una vez más se conoció un percance del Tren Maya dijo que no se descarriló, que fue “un deslizamiento de los rieles” (julio 20, 2026); o cuando recientemente aseguraron unas instalaciones donde se procesaba de manera ilegal combustibles, la declaración fue “no era una refinería clandestina, sino un centro de procesamiento de combustible” (julio 31, 2026).

Como podemos ver, los cambios de semántica no cambian los hechos ocurridos y tampoco pueden ocultar los hechos reales.

Una más, gravísima, conocida vía redes sociales, el comentario expresado por la presidenta Sheinbaum al cumplimiento de una normativa de protección al medio ambiente para restaurar ecosistemas deteriorados en Quintana Roo que, en efecto, ha generado conflictos por parte de prestadores de servicios turísticos, propietarios de construcciones y negocios que operan en zonas costeras, y una manifestación en su gira de trabajo que provocó un regaño al titular de la Comisión Nacional de Áreas protegidas –que fue grabado– diciéndole: “Hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se opone por encima de la gente está mal, entonces, no cumplas con la norma” (julio 17, 2026). Increíble escuchar de la presidenta de la República esta instrucción a no cumplir con la ley, si ella lo hace ¿qué más podemos esperar?

Cada una, cada uno, construimos de todo esto nuestras propias conclusiones, bien se ha escrito, tal vez el desafío de nuestro tiempo no sea encontrar experiencias cada vez más extraordinarias, sino recuperar la capacidad de asombro frente a lo ordinario.

De ahí el dicho popular sinónimo de ganarse dificultades de forma gratuita, pero qué ganas de meterse en “camisa de once varas”.

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El cargo En camisa de once varas apareció primero en Reto Diario.

Se trata ahora de la Iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, anunciada y presentada por la presidenta ante la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, con lo que se cumple el primero de los pasos a seguir.

Cuando sea aprobada por esa Cámara, pasará a la aprobación de la Cámara de Diputados, después, será publicada para su entrada en vigor y aplicará para todo el país, aunque esto no quiere decir que automáticamente reforme las leyes respectivas en cada entidad federativa, se requerirá que cada estado haga lo propio basados en esta Ley General. Requerirá también que se reforme el Código Penal Federal y los Códigos Penales de los 32 estados de la República; hasta entonces, podemos decir que quedaría cumplido uno de los objetivos que la originaron, la homologación y armonización del delito de feminicidio en toda la legislación del país.

El feminicidio es la forma de violencia extrema en contra de una mujer por razones de género, culmina con su asesinato. Este delito se hizo visible por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Fue incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007, después en el Código Penal Federal en 2012 y en todas las entidades del país fue tipificado, aunque hay que decirlo, cada entidad lo hizo de manera diferente, lo que generó dificultades jurídicas para su investigación y también para su sanción. Esta figura incluso recibió el embate del exfiscal –hoy embajador– Gertz Manero que propuso desaparecerla para convertirla en una agravante del homicidio; las legisladoras de ese entonces (2020) se opusieron y presentaron una reforma al Código Penal Federal y al Nacional de Procedimientos Penales que no avanzó. Sí, esta figura ha tenido muchas reformas tanto en nivel federal como en lo estatal; se fueron aprobando Protocolos, se crearon Alertas de Violencia de Género, Fiscalías Especializadas; pero el delito se fue incrementando, los datos de hoy reflejan que cada día mueren violentamente diez mujeres y permea un grave problema de impunidad provocado por una serie de omisiones surgidas desde las mismas autoridades que conocen este delito.

Hoy surge esta iniciativa de la Presidencia de la República que ojalá se traduzca en resultados; las estudiosas del tema (Tagle, 2026) han empezado a difundir estudios comparativos que van permitiendo conocer a profundidad esta iniciativa; sin embargo, a reserva de seguir estudiándola es necesario precisar: para que una ley funcione y tenga solidez debe ir acompañada de políticas públicas eficaces, pero también y fundamentalmente de recursos públicos presupuestados, con el propósito –como bien se ha dicho– de que se construya un Estado fuerte, capaz de prevenir y enfrentar la violencia feminicida, y esto pasa también por todas las personas que la aplicarán, desde el primer respondiente hasta la última persona que juzgará y sentenciará este delito. De manera que todos ellos, ellas, deberán tener la sensibilidad y el conocimiento para hacerlo desde la perspectiva de género que implica que realmente investiguen, analicen e identifiquen los factores socioculturales y estructurales que originan, en cada caso, el feminicidio.

Todas, todos sabemos por experiencias personales o por comentarios cercanos que el acceso a la justicia es altamente complejo para las mujeres y para las familias de las víctimas de este delito, y también de todos los delitos que se cometen en su contra.

Por ello conviene detenerse en algunos puntos que esperamos las y los legisladores aborden en su discusión. De inicio, resulta contradictorio los plazos de armonización legislativa que señala,  o,  lo que establece el artículo Décimo Segundo Transitorio que dice: “Las erogaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto (…) no incrementarán su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales (…)” cuando esta iniciativa crea nuevas obligaciones, como la de que cualquier muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio y se persiga de oficio; cómo entonces no aportarle recursos, incluso a las herramientas que pueden evitar que la violencia escale a feminicidio, como lo son: los refugios, los Centros de Justicia, las órdenes de protección y hasta para las reparaciones de daños.

Se evidencia también que se sigue abordando al feminicidio cuando ya ocurrió. Es contundente el aumento de penas entre 50 a 70 años que puede aumentar hasta 105 si se presenta alguna de las 19 agravantes que ahora contempla.

Innumerables estudios sostienen que no existe evidencia científica que el aumento de las penas privativas de la libertad inhiban algún delito, por ello la enorme importancia de la prevención y la protección, ya que a este delito le anteceden: las amenazas, el control, la violencia familiar, desapariciones, omisiones institucionales y la falta de protección; de manera que la punitividad no lo resolverá si no hay cambios estructurales, educativos, para lo cual se requiere recursos justo para construir un Estado capaz de prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida, más aún si consideramos que la evidencia muestra que uno de los principales problemas que presenta este delito es la impunidad.

Seguramente estaremos de acuerdo en que de lo que se trata es de que esta Ley General se convierta en un instrumento eficaz, que logre cero impunidades, que castigue a quienes no la apliquen y que prevenga y detenga el feminicidio.

Si bien la esperanza es algo que no debemos perder, las mujeres no podemos resignarnos a seguir viviendo en violencia y en tanta impunidad que favorece a quienes cometen este y otros delitos.

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El cargo Inhibir el delito apareció primero en Reto Diario.

Estados Unidos de Norteamérica cumplió el 250 aniversario de la firma de su Declaración de Independencia el pasado 4 de julio. También en el mes de julio, el día 14 pero de 1789, la conmemoración en Francia.

Considerando sus propios tiempos y contextos, todos estos hechos históricos dieron paso al nacimiento de nuevas naciones rompiendo con los diversos dominios por los que lucharon en cada uno de sus propios movimientos de guerras de independencia, como también lo vivió nuestro país. Todos con ideales de libertad y de gran relevancia histórica.

Los estudiosos refieren que las causas centrales que detonaron las luchas que los originaron se enmarcaron en la desigualdad social, la pobreza extrema, los abusos constantes de las autoridades y la falta de respeto a los derechos humanos que vivían.

En Francia incluso sostienen que a partir de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se construyó un hito en la historia del constitucionalismo moderno.

En uno de sus artículos esta Declaración señala: “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de Poderes carece de Constitución” (Artículo 16).

A más de dos siglos de distancia observamos que siempre habrá gobernantes con tendencias de abusar y que las crecientes tentaciones autocráticas han demostrado que justamente las personas que gobiernan sean las primeras en desobedecer el cumplimiento de las leyes, de manera que todos los ideales por los que lucharon nuestros ancestros en diferentes épocas se ponen en riesgo.

Hoy, los movimientos populistas, sean de izquierda o de derecha, acaban por destruir el orden público poniendo en peligro la democracia, la estabilidad política.

En México hemos comprobado la pérdida del equilibrio de Poderes. A un año de la elección del acordeón, ha quedado demostrada la desestabilización del Poder Judicial del país, que ha generado la destrucción de la institución, la falta de profesionalismo y de respeto de las nuevas autoridades que conforman uno de los Poderes del país.

¿Cómo, entonces, podemos ser capaces de generar políticas públicas capaces de garantizar condiciones de vida digna para todos, para todas; cuando hay una pérdida del diálogo nacional y cuando pareciera no se quieren construir convergencias?

Se nos olvida cómo se fueron construyendo esos ideales de libertad, de justicia social, de igualdad, de fraternidad, de democracia que asumieron los hombres y las mujeres de esas épocas en esas luchas que dieron cauce a los movimientos de independencia.

Pareciera que se nos olvida también que actualmente habitamos este planeta 8 mil 230 millones de personas y que México es uno de los veinte países más poblados del mundo.

Creo que viene siendo el momento de dar paso a reconocer que, así como en esas épocas se trató de un cambio radical respecto de cómo debe funcionar la sociedad; en tiempos actuales urge ese esfuerzo social para reconstruir nuestro sistema político; reencontrar nuestra estabilidad social y política; el cumplimiento de nuestros derechos sociales, el acceso a la justicia y el cumplimiento de nuestras leyes; la seguridad que todos, todas necesitamos; y podemos lograrlo.

Se acercan los tiempos.

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El cargo Dar paso apareció primero en Reto Diario.

En lo que seguramente todas, todos coincidimos es que, en este Mundial de Fútbol dos personajes acapararon la conversación pública y se situaron en el imaginario colectivo: Josimar José Évora Dias, portero del equipo de Cabo Verde, y Erling Haaland, delantero del equipo de Noruega.

Ese ánimo que provocó el ¿Y si sí…? se fue desvaneciendo para dar paso a los temas de preocupación que se hacen presentes nuevamente, aun cuando –como vimos– un partido de fútbol en México es capaz de desviar la atención de los verdaderos problemas.

Ocupa la atención pública un asunto que el Gobierno de la República había venido cuidando su bajo perfil, las órdenes de detención con fines de extradición solicitadas por Estados Unidos de diez funcionarios de gobierno, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, bajo la narrativa reiterada de solicitarle a Estados Unidos pruebas; ese bajo perfil que venía teniendo cambió y fue la propia jefa del Estado mexicano quien abrió detalles del tema al revivir en su “mañanera”, el conflicto con Estados Unidos de hace dos años por el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, sentenciado a cadena perpetua por la justicia estadounidense; recordando nuevamente hechos en los que participaron –presuntamente– justo el gobernador Moya y sus cercanos, enredando más la madeja con las declaraciones de la propia presidenta, la secretaria de Gobernación y del secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal; de manera que la protección que se le viene dando a probables delincuentes acusados por lo que señalaron en la petición de extradición por “conspirar con lideres del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a EE. UU. a cambio de apoyo político y sobornos” volvió a abrir la discusión.

Y todavía nos falta ver las consecuencias del resto de las detenciones y declaraciones que en Estados Unidos han venido haciendo diversos narcotraficantes, “los Mayos” “los Chapitos” “los Ovidios” y hasta la de “El Jando”, alias del señor Mauro Alberto Núñez Ojeda, vinculado a “Los Chapitos”, piloto de la aeronave que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos y que en un acto que todavía no puede entenderse, el propio Gobierno mexicano “entregó” en el paquete de presuntos delincuentes enviados en 2025 a Estados Unidos sin ser sometidos al procedimiento de extradición que marca la ley.

Tal vez todo junto genera el nerviosismo que se nota en las diversas autoridades mexicanas, que provocó revivir el asunto de “El Mayo” y la acusación reiterada de que personajes como el exembajador de Estados Unidos en México, mintieron sobre ese traslado, seguramente con el propósito inicial de distraer la atención al desatender la solicitud de aprehensión con fines de extradición vigente, pero que ha resultado contraproducente. Ese perfil bajo con el que lo resguardaban se desvaneció y sorprenden tantas mentiras, tantas contradicciones, revelaciones, controversias, polémicas, tanto en las narrativas, como en los hechos que ponen en duda ¿quién realmente está mintiendo?

Aunque también podríamos preguntarnos ¿por qué “El Mayo” Zambada y el resto de presuntos narcotraficantes no habían sido detenidos antes por las autoridades mexicanas?

Lo cierto es que a estas alturas es percepción generalizada la protección de personajes de gobierno presuntos delincuentes ligados a redes del crimen organizado. En la conversación pública ahora es tema generalizado.

Por cierto, también queda demostrado que en temas de violencia contra las mujeres no ha lugar a mantenerlos en bajo perfil. El video dado a conocer en redes de la agresión cometida por el señor exdirector de Pemex y responsable del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias (INEEL) del Gobierno federal, Víctor Rodríguez Padilla, golpeando a su esposa motivó su atención inmediata. Si el video no se hubiera difundido seguramente el violentador seguiría ocupando su cargo en el Gobierno federal sin que nadie lo molestara, incluso al contrario apoyado seguramente en la vieja amistad que hoy se conoce tiene con la señora presidenta. Comprobado entonces y aplicando el ¿Y si sí…? el camino para reducir corrupción e impunidad en materia de violencia familiar, ¡sí!, es grabar y difundir videos, factor por el que seguramente le dictaron la prisión preventiva; por supuesto, también se hace presente la falta enorme de dignificar el servicio público.

Me pregunto, entonces, ¿qué beneficios para México traen tantos desencuentros con Estados Unidos? ¿Confrontarnos es lo mejor? Ya lo veremos.

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El cargo ¿Bajo perfil? apareció primero en Reto Diario.

Este acuerdo comercial suscrito por los tres países entra en vigor por primera vez el 1º de enero de 1994, entonces se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La fecha llegó. México y Canadá solicitaron con anterioridad la ampliación de su vigencia por 16 años más, es decir, hasta el 2042; Estados Unidos no aceptó esta extensión del plazo, de manera que, como estaba establecido, durante los próximos diez años entra a un proceso de revisiones anuales.

Si bien hay que reconocer que para la economía de los tres países es positivo y también indispensable para la región esta integración económica; la revisión obligatoria anual genera incertidumbre, en principio por las asechanzas que ha demostrado el presidente Trump.

Por fortuna, esa presión mayor que pueda darse se presentará en los próximos dos años, tiempo que falta para que concluya, en 2028, el periodo de gobierno del presidente Trump, esperando que después las constantes presiones que ejerce puedan disminuir.

Sin embargo, también para México, esa incertidumbre puede afectar decisiones de inversionistas ante los cambios que pudieran darse en cada una de las revisiones anuales que puedan perjudicarles, lo que repercutiría en la reducción de inversiones, derivado de que cada revisión representa, como han dado a conocer los expertos, corregir “deficiencias del Acuerdo” y “atender déficits comerciales persistentes y crecientes”.

Para Puebla pienso que el riesgo se acentúa derivado de que el sector automotriz es eje de desarrollo en nuestra entidad, con todo y sus cadenas de suministro; y el sector agropecuario, por las exportaciones que se hacen de diversos productos.

El gran reto inicia el próximo día 20 en la primera revisión, porque seguramente las negociaciones se verán atravesadas por una serie de elementos que pudieran presentarse.

Empezando por enfrentar los vaivenes del presidente Trump, más aún cuando Estados Unidos vivirá en unos meses su elección intermedia. Si pierde la mayoría en el próximo Congreso norteamericano, seguramente las condiciones cambiarán.

Otro reto será fortalecer la certeza jurídica ante las revisiones anuales y convertir en certidumbre jurídica para inversores las nuevas reglas que sean acordadas.

En el caso de nuestro país seguramente también el riesgo que les genera la falta de certidumbre jurídica en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la poca independencia y poca profesionalización de muchos de sus miembros.

Se tendrá que analizar a detalle la política arancelaria que afecta a nuestro país; y aun cuando no lo pueden poner en la mesa de negociación del T-MEC, por supuesto creo que incidirá el tema de la inseguridad en México.

Un elemento fundamental es que somos socios comerciales, hasta somos actualmente coanfitriones del Mundial de Fútbol y, según han explicado expertos de la Reserva Federal (Fed 2026), las exportaciones de México hacia Estados Unidos han ido al alza por los aranceles estadounidenses a China.

Todo esto seguramente se pondrá en la mesa de negociación.

Aún así, riesgo e incertidumbre están en el aire.

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El cargo El gran reto apareció primero en Reto Diario.

Por supuesto, esa euforia no puede sustraernos de los diversos acontecimientos nacionales e internacionales que se presentan.

Empezando por lo sucedido con el movimiento magisterial “disidente”. La CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) seguramente logró por parte del Gobierno federal respuesta a sus pliegos petitorios vía el uso de las viejas prácticas de negociación con la cúpula que antes tanto criticaban. Retiraron sus plantones dejando atrás la amenaza de boicotear el Mundial de Fútbol. Sin embargo, yo creo que es casi seguro que seguirán ejerciendo presión aun sobre el respaldo y el impulso mayor que adquirieron del Gobierno federal en los últimos ocho años.

Mientras observábamos esas imágenes, llegaba la noticia de los terribles terremotos que vivieron en Venezuela. Las imágenes difundidas traen a la memoria las tragedias también vividas en México y en la ciudad de Puebla. Cada día –se documenta– va en aumento el número de personas fallecidas y de desaparecidas, por fortuna la ayuda ha empezado a llegar, las imágenes muestran el nivel de devastación que sufren, pero también la esperanza guardada en muchas familias al mirar el rescate con vida de muchos niños y niñas.

Una vez más las Madres y Padres Buscadoras, piden ser escuchadas por la presidenta Sheinbaum en el día en el que el hoy muy conocido Pato Merlín, convertido en ícono nacional usado como manipulación para asegurar presencia social, fue recibido junto con su familia en Palacio Nacional por la presidenta.

Por cierto, seguramente lo habrán notado también, llamó mi atención la imagen transmitida de la entrada de la señora Carla, jefa de esa familia, al escenario en el que todos los días la presidenta continúa haciendo La Mañanera, ella –la señora Carla– por delante, con paso firme y seguro encaminándose directo al micrófono. La presidenta detrás de ella con ese paso encorvado que la caracteriza, mientras los dos hijos y el Pato Merlín ya ocupaban una silla. Directo y sin necesidad de presentación alguna, la señora Carla tomó el micrófono, se presentó, presentó a su familia y al Pato Merlín, ni siquiera esperó a la presidenta, al terminar ella, la jefa de gobierno habló comprometiéndose a otorgarles apoyo.

Muy raro ese protocolo, pero las Madres y Padres Buscadoras continúan sin ser recibidos por la presidenta Sheinbaum, aun cuando la crisis de desapariciones en México colocada con la intervención de organismos internacionales como una cuestión de avance global, ante la insuficiencia de respuestas para contenerla por parte del Estado mexicano, esté afectando de manera desproporcionada a personas en situación de pobreza.

Pasó desapercibido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda colectiva de la organización SIPDH (Servicios Internacionales de Derechos Humanos), presentada por más de 400 jueces y juezas federales, y magistrados y magistradas mexicanos en contra de la destrucción del Poder Judicial, se habla de que esta instancia internacional ha dictado un emplazamiento oficial que obliga al Estado mexicano a justificar la reforma que desmanteló la carrera judicial y que México tiene cuatro meses para responder.

Entre tanto, dos nuevos partidos políticos han sido aprobados por el INE, Somos México y Construyendo Sociedades de Paz, podrán participar en las elecciones del 2027.

Colombia, socio comercial de México, tuvo elecciones y el triunfo lo obtuvo el señor Abelardo de la Espriella, que será el próximo presidente, demostrándose una vez más que aun cuando los partidos en el gobierno hagan uso de todos los medios para presionar y ganar elecciones, los oficialismos no son invencibles. Mensaje que debemos considerar en México.

Así, mientras la euforia futbolística nos envuelve de júbilo, muchos hechos suceden, aun cuando intenten hacernos creer que una celebración puede suspender la realidad.

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El cargo Algunos apuntes apareció primero en Reto Diario.

Morena ha presentado una convocatoria para nombrar a quienes se acercan a ser postulados como las candidatas y candidatos a los gobiernos de las entidades que tendrán elección, les llaman Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación rumbo a 2027. En su momento se convertirán en “corcholatas”.

Por supuesto no se puede ocultar que aun cuando los nombres no han sido definidos, sin importar si ocupan algún cargo de gobierno o de partido, en todos los estados donde habrá elecciones, casi todos, todas, han iniciado de manera adelantada ilegalmente las campañas, por cierto, esto muy fácil de demostrar, las vemos todos días.

Habrá también que estar muy atentas en el cumplimiento de las postulaciones de mujeres, ya se escuchan voces diversas que demuestran el aún poco entendimiento del porqué las mujeres de antes y las de ahora tuvimos que organizarnos para luchar por nuestro derecho político.

Justo a esas voces habrá que recordarles nuevamente que hasta 1953 se nos otorgó el derecho a votar y ser electas.  Que dos años después (1955) vimos a una sola mujer ocupar una curul en la Cámara de Diputados federal, que en muchos estados de la República, como Puebla, diez años después una mujer pudo ocupar por primera vez una curul en el Congreso del estado (1963).

Que siempre los partidos políticos encontraron la manera de no cumplir con postular a mujeres. Hubo que impulsar “cuotas” o “acciones afirmativas”, aun así, encontraban alguna forma para omitirlo. Por la vía jurisdiccional pudimos avanzar de manera que a “punta de sentencias” poco a poco fueron incluyendo a mujeres, basta con echar una mirada a las muchas y diversas investigaciones que lo demuestran paso a paso, hasta llegar al 2014 hace 12 años que se incorporó el Principio de Paridad en la Constitución General y posteriormente en las estatales y al 2019 llegamos a la Paridad en Todo, es un total aun así las resistencias continúan.

El INE –de antes– fue generando una serie de Acuerdos Generales y Resoluciones para acordar incluso hasta el orden de alternancia que debía darse para permitir postulaciones de mujeres, porque hasta hace poco los partidos políticos se resistían a postular a mujeres en las gubernaturas, como ahora.

Resistencias algunas de forma velada, de manera cuidadosa “para no verse mal” pero también, comentarios frecuentes como el común por qué solo por el hecho de ser mujeres deben ocupar un espacio.

O declaraciones de personajes del partido político Morena como la que recientemente se escuchó en Puebla que” la paridad se aplica en negativo para los hombres”. O que tal la de que “el género es a posteriori. No podemos cancelar los derechos constitucionales de los aspirantes –refiriéndose, ¡claro!, a los hombres–” y eso que la Constitución prescribe el Principio de Paridad.

O el peso de las palabras de la presidenta Sheinbaum al mencionar “no estamos de acuerdo con las reglas de paridad para las gubernaturas”, señalando que deben ser los partidos políticos los que decidan. ¿Acaso se les olvida cómo deciden los partidos políticos para aplazar las candidaturas de mujeres?

¿Llegará el día en que cumplan naturalmente con el Principio de Paridad y con los Acuerdos Generales para la alternancia de candidaturas, no solo en el nivel de gubernaturas, también de diputaciones federales, estatales y presidencias municipales, sin que cada vez pongan resistencias?

Consolidar la participación de las mujeres pasa por los partidos políticos, que no se nos olvide, son los partidos políticos quienes seleccionan, definen y aplican requisitos de las personas que postulan; los que deben hacer a un lado las prácticas de nepotismo; quienes podrían aplicar las condiciones para postulaciones de personajes, sean mujeres u hombres, en procesos de investigación por violencia sexual, violencia política o violencia familiar; podrían también desterrar las simulaciones de “no darse cuenta” de los antecedentes delincuenciales y de complicidades de muchas de las personas que desean competir para no postularlos.

Porque, en efecto, no se pueden cancelar derechos constitucionales de hombres, tampoco de mujeres, pero tampoco se puede seguir permitiendo tantas violaciones a la ley en materia política-electoral; porque no se trata de si es tiempo de las mujeres, es cuestión de derechos y de justicia.

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El cargo Una vez más, resistencias apareció primero en Reto Diario.

No sé de fútbol, sin embargo, me parece interesante retomarlo como una herramienta de análisis del comportamiento humano, social y, como hemos visto, político y económico.

Por supuesto, el fútbol es considerado un deporte, es un juego reglamentado, con conductas definidas que son las permitidas en el terreno de juego y también se hacen acreedores a sanciones quienes violan alguna de sus reglas (Allende Faustro, 20025).

Hace muchos años tuve un primer acercamiento a una investigación del doctor Fernando Huerta acerca de la violencia que se ejerce en el fútbol. Desde entonces más investigaciones han abordado esto y en todas se refleja.

En principio, los que saben señalan que en un partido de fútbol se involucran emociones, agresividad y violencia, traducidas en: defensa, ataque, lucha y huida para cumplir con la planeación estratégica del entrenador.

Diversos estudios han demostrado que las emociones que se viven durante un juego justifican las reacciones de violencias que se ejercen dentro y fuera de la cancha en contra de las personas que tienen cerca.

Sin embargo, también el fútbol va de la mano con el incremento de la violencia física y sexual hacia las mujeres.

Se pierda, se gane, se empate, esas emociones se trasladan y justifican también el trato hacia las mujeres.

Se ha documentado que en Latinoamérica los casos de agresiones y violencia sexual contra mujeres aumentan cuando hay un partido de fútbol. En el Mundial de Brasil, las llamadas por violencias aumentaron 45%. En Inglaterra un estudio encontró que suben 26% cuando el equipo de la persona agresora gane o empata, pero si pierde sube a 38 por ciento.

El consumo en exceso de alcohol, la frustración ante resultados, la tensión emocional, sumado a la reproducción de patrones machistas porque históricamente el fútbol se construyó como un espacio para hombres, son algunas de las razones.

En días de partidos los casos de violencias vinculados al consumo de alcohol aumentan hasta 47%. La Red Nacional de Refugios ha documentado que durante la celebración de partidos de fútbol la violencia familiar aumenta 30%. Esta violencia la sufren también mujeres vinculadas al fútbol ya sean jugadoras, árbitras, periodistas deportivas o aficionadas, con comentarios ofensivos, acoso, discriminación laboral, exclusión.

Para muchas mujeres un día de partido no significa diversión, sino miedo, aislamiento y riesgo a ser agredidas.

Nuestra nación es futbolera, miles de personas en nuestro país siguen cada partido, entre los cuales otros miles son jóvenes que deben reflexionar sobre estas conductas para no reproducirlas.

Los hallazgos obtenidos obligan a diseñar políticas públicas de protección y denuncia y aunque la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México permanece acéfala desde hace dos meses, ONUMujeres, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) así como la Red Nacional de Refugios han diseñado y presentado las campañas: “En equipo contra la violencia” y “La Violencia contra las mujeres no es parte del juego”, para visibilizar que ninguna celebración deportiva debe traducirse en violencia.

Seguramente muchas, muchos coincidimos: la violencia contra las mujeres nunca debe ser parte del juego.

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El cargo La violencia contra las mujeres nunca debe ser parte del juego apareció primero en Reto Diario.