Claramente, las autoridades federales que deberían regular, controlar y garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones financieras no están cumpliendo con su papel.
Casos como la denuncia de Estados Unidos sobre la participación de Vector, Intercam y CIBanco en lavado de dinero, revelan que los controles de las instancias federales no están funcionando.
Por ejemplo, los bancos tienen la responsabilidad de identificar de manera aleatoria algunos movimientos no habituales en las cuentas de sus clientes y reportarlos directamente al SAT.
Pero además hay múltiples casos de fraudes relacionados con empresas de préstamos, cajas de ahorro y casas de bolsa e inversión. En Puebla hay miles de víctimas de empresarios sin escrúpulos que los “llevaron al baile” con inversiones inmobiliarias y con fondos de capital.
Siguen en litigio desde hace más de 15 años, por ejemplo, los Tiro Moranchel, Invergroup y Sitma, cuyo caso derivó en 12 mil querellas. La mayoría de las víctimas de estos fraudes son personas de la tercera edad que decidieron invertir sus ahorros de toda la vida.
El caso de AE Capital que afectó a un centenar de inversionistas va para cuatro años y algunos responsables huyeron, pero Daniela Martina Berlín Tolentino debe continuar en la cárcel para poder garantizar la devolución de más de 10 mil millones de pesos a las víctimas.
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