Sucedió en el Congreso…

Muy malito resultó el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Roberto Moya Clemente, para mostrarse como un funcionario de primerísimo nivel ante los diputados que integran la LVIII Legislatura.

Y es que durante su comparecencia en el Congreso, quedó a deber.

Al funcionario se le notó nervioso, confundido y, en algunos cuestionamientos lanzados por los legisladores, muy disperso. Es más, se atrevió a señalar un par de ocasiones que no contaba con la información precisa que solicitaban los diputados.

A su mala "pata" se tuvieron que sumar los arpones lanzados por el aguerrido diputado del Panal, Héctor Alonso Granados, quien a pesar del bloqueo que orquestó en su contra el coordinador de su bancada, Guillermo Aréchiga Santamaría, para evitar que preguntara al secretario, el legislador sí logró subir a la tribuna a cuestionar a Roberto Moya.

Al diputado “antiprensa” pretendieron callarlo debido a que fue quien organizó la revolución por el alto costo de las copias certificadas -de información pública- que la ciudadanía puede solicitarle al gobierno.

La protesta de Alonso Granados le costó a la actual administración central la pérdida de 8 millones de pesos, toda vez que la reducción en el precio se tuvo que dar de manera casi obligatoria.

Ante estos hechos, el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, entregó un paquete de iniciativas al Congreso del Estado, entre las que incluyó una a la Ley de Ingresos. El objetivo de la propuesta fue reducir de 80 a 20 pesos las copias certificadas por cada solicitud de acceso a la información pública, establecido en el artículo 73.

Esta misma proposición contempla la derogación del artículo 76, relativo a acreditar la identidad del ciudadano solicitante.

Héctor Alonso, vivillo como acostumbra ser, se percató de las intenciones de Aréchiga, quien le ordenó al diputado, Enrique Nácer Hernández, formular los cuestionamientos al funcionario para evitar la participación de su otro correligionario.

Sin embargo, el ex priista se movió en la cámara como tiburón y acordó con el Partido del Trabajo (PT) y con su coordinador de bancada, Zeferino Martínez Rodríguez, utilizar su espacio para realizar sus preguntas a Roberto Moya, cosa que enfadó a Aréchiga, a quien se pasó por el arco del triunfo.

Ya después, fiel a su estilo, Héctor Alonso se subió al ring legislativo con José Juan Espinosa Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, a quien le criticó la supuesta entrega tardía de su primer informe de labores.

Posteriormente, contraria a la de Finanzas, en la comparecencia de la Contralora, Irma Patricia Leal Islas, los diputados que asistieron salieron satisfechos con el informe que rindió la funcionaria.

Abundó en la información, en los datos duros, en las cifras, en los casos específicos y, además, hizo algunos anuncios interesantes.

Reveló, ante los cuestionamientos del diputado panista, Mario Riestra Piña, por ejemplo, que del total de 688 contratistas que prestan sus servicios al gobierno del estado, 551 son poblanos. Además, dijo que de los mil 632 proveedores, un total de 891 también son locales.

Reveló que en el proceso recepción del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), se registraron 175 inconsistencias por el cobro indebido de pensiones.

Destacó que las pensiones “fantasma” se cobraron, pero se detectaron, por lo que se interpuso una denuncia -por las autoridades del ISSSTEP-, además que se hizo del conocimiento de la Procuraduría para proceder en contra de los servidores públicos responsables.

[email protected]
[email protected]
En twitter: @poncharelazo