Sigue el marinismo en capilla

Aunque Rodolfo Chávez Carretero, ex titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), lo ha negado una y mil veces, las irregularidades en su última cuenta pública son reales, graves, por lo que el Congreso local iniciará esta semana el procedimiento de determinación de responsabilidades en su contra por no comprobar una suma millonaria gastada en su dependencia.

Contrario a las versiones del propio ex funcionario marinista, el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) ya detectó irregularidades en su cuenta pública de 2010, por lo que hoy mismo la Comisión Inspectora del Congreso podría anunciar el procedimiento en su contra por los montos no comprobados.

Las irregularidades detectadas por los diputados y los auditores del OFS superan los 30 millones de pesos, referentes a la construcción de aulas, por lo que Chávez Carretero podría, incluso, tener que enfrentar a la justicia por su paso irregular en el servicio público.

Y es que el Congreso poblano ha girado órdenes expresas al OFS para que audite a detalle todas y cada una de las cuentas públicas pendientes de la administración estatal pasada, toda vez que existen algunos gastos extraños que siguen sin comprobarse.

Sobre todo, por ejemplo, porque se sabe que Chávez Carretero es propietario del lujoso Hotel SPA “Luna Canela”, ubicado en el municipio de Atlixco, además de un nuevo fraccionamiento que se edifica en la misma región.

Fuentes confiables a quien esto escribe, señalaron que la administración marinista y sus protagonistas aún siguen en capilla, toda vez que se está revisando cada peso que fue gastado durante el último año de gobierno, particularmente.

Adelantaron, incluso, que en los próximos días habrá sorpresas referentes a nuevas sanciones ejecutadas en contra de ex funcionarios, a quienes ya se les ejecutaron órdenes de aprehensión y sanciones millonarias por el desvío de fondos públicos.

Me cuentan, además, que la Secretaría de la Contraloría, encabezada por la auditora de acero, Patricia Leal Islas, ya tiene avanzados, también, algunos expedientes relacionados con personajes ligados al marinismo.

Y dicen que van a hacer estallar una bomba.

Los mensajes son claros, muy evidentes, se acerca ya el próximo proceso electoral, existen muchas aspiraciones de personajes importantes y hay que apaciguar las aguas políticas en Puebla.

Más aún, cuando el resultado de los comicios federales pasados resultó favorable para los priistas, quienes tienen serias aspiraciones de ganar la mayoría de espacios públicos en la elección local de 2013, donde se juegan las 217 presidencias municipales y las 41 diputaciones locales, ambas de 4 años y 8 meses.

Nada extraño resulta el hecho de que la LVIII Legislatura local haya iniciado el proceso de determinación de responsabilidades en contra del ex director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, Antonio Hernández y Genis, y del ex titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Ricardo Villa Issa.

Hernández y Genis, presentó deficiencias administrativas por el orden de los 8 millones de pesos y un daño patrimonial de 13 millones, 644 mil pesos, lo que da un total de 21 millones de pesos no comprobados.

Mientras tanto, a Villa Issa se le detectó un daño patrimonial de 1 millón, 300 mil pesos y deficiencia administrativa de 25 millones de pesos, lo que da un total de 26 millones, 890 mil pesos no comprobados.

A la lista de posibles enjuiciados, ahora se suma, Rodolfo Chávez, quién deberá hacer caso a aquel dicho popular: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

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Otras Posdatas:

* ¿Qué le pasa a Denisse?

¿Algo le pasa a la diputada local panista, Denisse Ortiz Pérez? Es la pregunta que ahora se hacen, recurrentemente, en el gobierno del estado, donde han llegado directamente las noticias de su “extraño” comportamiento en contra de las iniciativas enviadas al Congreso por parte del Ejecutivo.

Y es que la guapa legisladora se abstuvo de votar la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de Puebla (PPS). Vamos, evitó apoyar el proyecto argumentando una actitud congruente con su partido.

Eso sí, parece que la legisladora no encontró cómo justificar su ausencia en la Comisión del Transporte, donde se analizaron y discutieron las reformas enviadas por el gobernador.

En la Comisión, simple y sencillamente, no hubo quórum la semana pasada y la iniciativa no se pudo votar.

Me cuentan que la posición de la diputada panista posiblemente se debe a su cercanía con Ana Teresa Aranda Orozco, la aguerrida panista enemiga del morenovallismo.

¿Será?

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