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Contrastes
Riesgos y usos del espionaje telefónico
Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 127 y 128 del Código Penal Federal prohíben el espionaje telefónico a cualquier persona en el país porque se violan sus garantías de privacidad.
Sin embargo, actualmente se usa como un arma de estrategia electoral o para exhibir abusos de funcionarios públicos o empresarios que hacen negocios con diversos gobiernos.
Un interesante recuento realizado por el portal de noticias Sin Embargo sobre las últimas filtraciones telefónicas a nivel nacional deja en evidencia el uso de estas ilegales intervenciones en las campañas políticas y no hay castigo para nadie.
Y en Puebla el tema, desde ayer, recobró especial interés cuando se difundieron grabaciones de Jorge Estefan Chidiac por parte del director del periódico Cambio, Arturo Rueda, y la respuesta del político contra el comunicador al demandarlo penalmente por el delito de extorsión debido a que afirma que le solicitó 10 millones de pesos a cambio de no dar a conocer la grabación telefónica.
Para nadie es un secreto que la información es poder y por eso es obtenida con métodos ilegales para usarse en momentos y lugares previamente seleccionados por los autores de esa estrategia.
Ahí están los casos de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien fue exhibido recientemente al grabarlo ilegalmente en una conversación cuando se burla de la forma de hablar de un líder de una comunidad indígena con el que había tenido una reunión.
Aquí es evidente que la grabación fue ilegal, pero dejó al descubierto la verdadera personalidad de la persona que está al frente del INE.
Quienes planearon el ataque al presidente del INE obtuvieron excelentes resultados porque hubo claras muestras de indignación por las palabras del presidente del INE al referirse a los indígenas.
Otro caso emblemático es la grabación de directivos de la empresa española OHL en donde se da a conocer que “inflaron” lo costos de la obra del Estado de México conocida como Viaducto Bicentenario.
El golpe fue brutal para la empresa española, para el gobierno del Estado de México y desde luego para el equipo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque la obra se licitó cuando era gobernador de esa entidad.
Y así sigue el recuento de las grabaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal pero que se usan con toda normalidad en el país.
El caso de Jorge Estefan Chidiac permitirá a la clase política poblana aumentar todas las medidas de protección y responsabilidad al hablar por teléfono celular, usar sus correos electrónicos y otros medios de comunicación que usen.
El espionaje telefónico no es nuevo pero evidentemente será un arma con mayor uso conforme se acerque la elección del nuevo gobernador en Puebla.
La clase política debe andar con cuidado.
Todos pueden ser grabados.
Y ahí está el caso de Mario Marín y su amigo Kamel Nacif.
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@gomezcarlos79
