Puebla: cuando la violencia obliga a hacer las maletas

Hay cifras que describen un problema y otras que obligan a mirarlo de otra manera. El dato que acaba de revelar el Inegi sobre desplazamiento forzado interno pertenece a las segundas: entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 21 mil hogares poblanos reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia. En esos hogares vivían alrededor de 63 mil 600 personas. No significa que todas ellas hayan sido desplazadas, pero sí que miles de familias tuvieron que modificar su lugar de residencia por razones que no eligieron. Es, además, la primera vez que el Inegi incorpora esta medición de manera específica. Una radiografía que pasó un tanto desapercibida ante la vorágine de acontecimientos de los últimos días, pero que vale la pena analizar con calma.

El fenómeno revela una dimensión de la inseguridad que durante años permaneció prácticamente invisible. Puebla no solamente enfrenta delitos que afectan el patrimonio o la integridad de las personas: en determinados territorios, la violencia puede convertirse en una razón para abandonar la casa, el negocio, la comunidad y hasta las redes familiares construidas durante generaciones. La entidad ha enfrentado durante estos años problemas vinculados con robo de hidrocarburos, robo de carga, extorsión y otras expresiones de delincuencia organizada.

Pero hay una advertencia importante: el Inegi todavía no permite saber cuáles son los municipios expulsores, hacia dónde se fueron las familias ni qué delito concreto provocó cada desplazamiento.

Tampoco se puede atribuir los 21 mil casos a una sola causa o a un grupo criminal determinado. Lo que sí puede afirmarse es que la violencia ya está modificando decisiones profundamente personales: dónde vivir, dónde trabajar, dónde estudiar y dónde criar a los hijos. Y la inseguridad no es una percepción marginal: aunque la percepción de inseguridad en Puebla ha descendido respecto de los niveles máximos registrados en años anteriores, continúa siendo un problema central para la población, como se ha visto en los últimos días con la serie de homicidios, feminicidios y demás hechos delictivos que han obligado a la mayoría de los medios de comunicación a llenar sus primeras planas, incluso sin proponérselo, de notas rojas.

¿Y qué viene? El mayor riesgo es que el desplazamiento se vuelva una consecuencia silenciosa y permanente de la inseguridad.

Una familia que se marcha deja atrás patrimonio, empleo, escuela y comunidad; las zonas expulsoras pierden población y actividad económica, mientras las receptoras enfrentan nuevas presiones sobre vivienda, servicios, empleo y seguridad. Por eso los 21 mil hogares no deberían leerse únicamente como una estadística migratoria: son una señal de alerta sobre la capacidad del Estado para garantizar que la gente pueda permanecer en el lugar que considera su hogar.

El reto para los próximos años será evitar que cambiar de domicilio se convierta en la estrategia de seguridad de miles de poblanos.