Paredón morenovallista

La revisión y fiscalización de la administración estatal pasada, junto con gran parte de sus polémicos actores, continuará dando sorpresas. El tema seguirá en el ojo del huracán y saldrán a la luz pública más y más irregularidades económicas ejecutadas por los amigos del marinismo.

En el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se siguen auditando cuentas y cuentas públicas pendientes del gobierno pasado. Es más, me aseguran que “lo mejor está por venir”, como dijera el clásico.

Recientemente, en este espacio, adelanté que Rodolfo Chávez Carretero, ex titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativo (CAPCEE), se encontraba en la mira del Poder Legislativo por su cuenta pendiente de 2010.

Las noticias no se hicieron esperar y la Comisión Inspectora del Congreso, junto con el OFS, anunciaron el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades contra el ex funcionario al que se le aplicaron observaciones por 493 millones de pesos, correspondientes, insisto, a su cuenta pública 2010, del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año.

En aquel momento, señalé que las irregularidades de Chávez Carretero eran superiores a los 300 millones de pesos; sin embargo, el dictamen rebasó lo informado, toda vez que superó los 400.

Lo cierto, es que el ex titular del CAPCEE parece estar en serios aprietos, toda vez que la Secretaría de la Contraloría, que encabeza, Patricia Leal Islas, la contralora de acero, parece tener en la mira a otros funcionarios marinistas que hicieron y deshicieron con el erario público.

Y aunque la información que maneja con pinzas la Contraloría no se le escapa por nada a Paty Leal, quién sabe, en una de esas, Chávez Carretero, se mete en un brete.

Lo mismo sucede en el caso del ex secretario de Salud, Alfredo Arango García, quien tuvo anomalías en su cuenta pública 2010, por 8 mil 464 millones, 383 mil pesos, a quien la guillotina fiscalizadora le cayó desde hace un buen rato.

Hacia Arango -y varios de sus compinches, quienes dicen van a caer tarde o temprano-, le va a seguir lloviendo sobre mojado, toda vez que la cloaca que destaparon en su administración continúa escupiendo todo el excremento heredado por sus negocios personales.

Ahora, Alfredo Arango, tendrá que defenderse, desde prisión, del delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa, así como de las observaciones millonarias detectadas en su última cuenta pública.

Otro que está en capilla, es Blas Villegas Lara, ex funcionario marinista, quien tuvo un paso irregular cuando estuvo al frente de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, donde se le detectaron anomalías por 3 millones, 724 mil pesos, referentes a su cuenta pública 2009 -del 1 de enero al 28 de julio-.

En el caso de Blas, quien se pasea muy tranquilo por las calles de Puebla, hay que recordar que la Contraloría del estado mantiene abiertos y en proceso los expedientes SEDU011/10, SEDU012/10, SEDU012/10 y SEDU016/10, los cuales, juntos, alcanzan los casi 4 millones de pesos.

La información coincide -con exactitud- con la emitida por el OFS y la Comisión Inspectora, por lo que parece inminente la caída del ex funcionario.

Por cierto, la sanción que pretende aplicar la Contraloría a Blas Villegas consiste en su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 12 años y una sanción económica por un millón, 605 mil pesos.

Afortunadamente, para Blas Villegas, los cinco amparos promovidos por sus abogados han evitado la ejecución de las sanciones interpuestas en su contra por la Contraloría, tal y como lo señaló atinadamente, en días pasados, el periodista, Carlos Gómez, en su columna, Contrastes.

Con lo que no contaba el ex funcionario, es que el Congreso local y el OFS también lo procesarían y perseguirían.

Así que esto, dicen, apenas comienza.

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