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Lo bueno y lo malo de la reforma a la Ley del transporte
Algo bueno sí se logró con la polémica reforma a la Ley del Transporte en Puebla, la cual se discutió ayer en comisiones y se aprobará hoy en el pleno del Congreso del Estado, que es tratar de regular el servicio y la seguridad de las empresas privadas de transporte como UBER y Cabify.
Hay que decir que el tema ya se había convertido en una petición y una necesidad ciudadana.
Porque los poblanos actualmente ya no se sienten seguros de viajar en las mentadas Empresas de Redes de Transporte (ERT).
Lo malo es que el gobierno no ponga la misma atención en los servicios de transporte tradicional como los taxis negros con amarillo.
A raíz de los casos de Mariana Fuentes y de Mara Castilla, estudiantes asesinadas a sangre fría por conductores de vehículos afiliados UBER y Cabify, se desató toda una campaña de terror en contra de las dos compañías.
Sin embargo, es necesario subrayar que actualmente ningún servicio de transporte público en el país ya es plenamente confiable.
Y pena le debería dar al líder charro de la CTM en Puebla y diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, tratar siquiera de defender a los taxistas tradicionales porque también son unas fichitas.
Unas fichitas que, si bien no en su totalidad, también asaltan, roban, secuestran, matan y tienen los mismos vicios que cualquier otro conductor del transporte público mal intencionado.
Lo bueno, es que en Puebla ya se tomaron cartas en el asunto por parte del gobernador Tony Gali y se está tratando de tener medidas y normas que dan preferencia la seguridad de los ciudadanos.
Lo bueno es que entre las nuevas disposiciones de la nueva ley se encuentra la exigencia de la aplicación de pruebas toxicológicas, psicométricas así como estudios socioeconómicos a los conductores de vehículos que operan bajo una plataforma digital.
Lo bueno es que los concesionarios, permisionarios y las empresas de transporte ahora tendrán la obligación de proporcionar capacitación a sus conductores para que la prestación del servicio sea eficiente, segura y con apego a las políticas de equidad de género, no discriminación y respeto de los derechos humanos.
Lo bueno es que se deberá transparentar el padrón de choferes de unidades del transporte ejecutivo, además que las ERT se convertirán en responsables solidarios ante algún accidente o situación ilícita en la que incurran para responder ante los afectados.
Eso quiere decir que las empresas mismas deberán vigilar que sus socios y conductores sean personas honorables, responsables y educadas porque de lo contrario serán corresponsables directos del actuar de sus agremiados.
Lo bueno es que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) deberá estar informada -de forma mensual- respecto al nombre y datos personales de los conductores o choferes del servicio público de transporte ejecutivo y mercantil.
Lo bueno es que en la nueva ley está estipulado que el usuario podrá compartir en tiempo real -con algún familiar o conocido- su ubicación y recorrido a bordo de las unidades para garantizar que llegarán con bien a su destino.
Esto implica que las autoridades tengan acceso a la información de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento satelital, y otras herramientas tecnológicas que se utilicen para la prestación del servicio.
Empero, la ley también tiene sus lados negativos que bien habrían podido solucionarse y esclarecerse para darle garantías de una mayor seguridad al usuario.
Lo malo de la nueva ley que regula las ERT es que desechó el pago en efectivo, lo que da ventaja de alguna forma en el mercado al taxi tradicional y pone en desventaja a los usuarios que no tienen créditos bancarios.
Lo malo en ese sentido, es que el diputado local y líder charro dela CTM, Leobardo Soto Martínez, logró salirse con la suya prohibiendo el cobro en efectivo por parte de UBER y Cabify.
Y es que al legislador y a sus agremiados taxistas les asusta la competencia, por lo que el pago del servicio privado seguirá siendo con tarjeta.
Otro punto malo es que la exigencia de la tramitación de una licencia para conducir del servicio público mercantil, junto con el certificado en materia de derechos humanos y equidad de género, más bien parece una medida recaudativa y no preventiva en materia de seguridad.
La exigencia de la Carta de No Antecedentes Penales cada seis meses para los conductores, parece algo más sensato, preventivo y efectivo.
El siguiente paso que debe dar el gobierno ahora es aplicar medidas las estrictas para todo el transporte público y no sólo a las empresas privadas.
Porque los poblanos ya no queremos más asesinatos, asaltos y cualquier otro tipo de agresión cometida por los conductores del transporte -público o privado-.
Ya es hora de que las empresas y las autoridades garanticen nuestra seguridad.
Suficiente hacemos con mantenerlos.
En twitter: @poncharelazo
