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Soliloquio
¿INE o Santa Inquisición?
Al escribir esta columna durante el fin de semana, daba por hecho que el gobernador Rafael Moreno Valle apelaría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los términos de la resolución que en su perjuicio emitió el pasado jueves la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
Afirmaba entonces que “a juzgar por la manera en la que suele resolver afrentas, a nadie extrañaría que Moreno Valle decida proceder para inconformarse ante una decisión a todas luces fuera del marco de la legalidad”.
Y así fue.
En conferencia de prensa, el mandatario poblano confirmó mi sospecha este mismo lunes, tras expresar que esa resolución “violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el Gobierno de Puebla”.
En mi texto original refería que erigido casi en tribunal inquisitorio, el organismo había pedido al mandatario poblano abstenerse ante medios hacer toda referencia a sus virtudes personales y a los logros de su gobierno, por considerar que ello “pudiera posicionarlo con fines electorales”, con lo que “se afectaría a equidad en la contienda presidencial”.
Y decía que de ser válida la alusión del INE a favor de la “equidad”, habría que preguntarse entonces por qué ese criterio no ha sido aplicado con el mismo rigor para frenar las reiteradas apariciones mediáticas de otros actores políticos también con aspiraciones para la sucesión presidencial del 2018, por ejemplo, por citar los más visibles, las de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, dirigentes nacionales de Morena y del PAN, respectivamente.
¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro caso?
El asunto no quedó ahí.
Vinculado a esa prohibición, el INE ordenó también que fuera retirada del portal de Noticieros Televisa la entrevista realizada al propio Moreno Valle por Joaquín López-Dóriga, al estimar que, “no obstante se trata de un libre ejercicio periodístico, las respuestas del servidor público se alejaron del deber de cuidado que debe observar, con lo cual se podría violar el principio de equidad de cara al Proceso Electoral Federal 2017-2018”.
¿Es o no “un libre ejercicio periodístico?
¿También los medios serán coartados?
¿Qué respuestas “podrían haber violado el principio de equidad”?
¿En qué se fundamentan esas presunciones?
¿Cómo está percibiendo el INE el concepto de equidad, cuando no es otra cosa que la condición de no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra?
¿Alguien se siente agraviado por el perfil de Moreno Valle o por sus logros de gobierno?
¿Por qué no se vale hablar bien de uno mismo y de cómo ha resuelto los retos de su actuación como servidor público?
¿No hay en todo esto un caso flagrante de censura y un acotamiento explícito a la libertad de expresión?
Estas y otras múltiples preguntas quedan al aire y en espera de una precisión legal.
Por lo pronto, el interponer un recurso de revisión en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE podría ser un asunto de mero trámite, pero tal vez no, sobre todo en función de lo que resuelva en última instancia el máximo órgano electoral.
En su caso, la controversia en la que también han sido salpicados los medios podría incluso sentar un importante precedente en la vida política del país, especialmente en estos momentos previos que son cruciales en la sucesión del 2018.
La determinación del INE constituye por ahora una mala señal que empaña su actuación, la que debiera ser más que imparcial y apegada a la norma electoral, que si bien es cierto muestra todavía muchas deficiencias y eso ha permitido algunas argucias, no debiera ser razón para que pretende ir más allá de lo legalmente permisible.
A este paso, no queremos ni imaginarnos lo que ocurrirá en los meses por venir cuando la batalla electoral adquiera mayor fragor, más aún cuando se presume que la contienda por venir será altamente competida, quizá la más candente de los tiempos modernos del país.
Al oído
La designación de un nuevo Comandante de la XXV Zona Militar con sede en Puebla pudiera ser una buena noticia para las autoridades del gobierno estatal y aún más, para el gobernador electo, Antonio Gali Fayad.
Y es que además de una trayectoria castrense muy acreditada que le han merecido premios y reconocimientos de perseverancia, mérito docente y Legión de Honor, el General Diplomado de Estado Mayor Raúl Gámez Segovia tiene amplia experiencia en asuntos de investigación, incluso fue director de la Escuela de Inteligencia Militar.
Esa formación podría ser muy útil para coadyuvar en el combate al delito de robo de combustible en tomas clandestinas, que se ha convertido en un polvorín en el llamado “triángulo rojo”, conformado por los municipios de Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tepeaca y Quecholac.
Lo delicado del asunto, como lo hemos referido, es que la incidencia de esa actividad va en aumento, que atrás del robo en ductos hay incumbencia de organizaciones delictivas de alta escala, como los llamados Zetas, y que esa injerencia está teniendo repercusiones en la vida social de esas comunidades.
El tema es de seguridad nacional y a nadie conviene que Puebla sea escenario de hechos cada vez más frecuentes y más violentos.
