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Luz y tinta
Guadalajara: Donde la billetera más grande define el derecho al agua
Durante la última semana, las redes sociales han viralizado la tremenda crisis de agua en Guadalajara, un problema acumulado desde 2020. Aguas turbias, gusanos, larvas, malos olores e incluso una consistencia inusual del líquido se han convertido en motivo de preocupación por sus posibles efectos en la salud, ante reportes de alergias, enrojecimiento de la piel, caída del cabello, problemas de higiene alimentaria y diversas enfermedades.
Los ciudadanos han reportado que el líquido suministrado por el SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) llega a los hogares con sedimentos y tonalidades cafés o amarillentas. Por su parte, organizaciones civiles y estudios independientes, como los del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), han señalado la presunta presencia de metales pesados y bacterias, así como problemas de contaminación fecal y deficiente cloración. Esta problemática se ha agravado por la mezcla de descargas residuales y lluvias en la presa Las Pintas, una de las fuentes de abastecimiento señaladas en la discusión sobre la calidad del agua.
La gravedad del panorama y la amenaza de movilizaciones ciudadanas, como la megamarcha convocada para este domingo, llevaron al gobernador Pablo Lemus a anunciar medidas para reducir el flujo de agua de la red cuestionada durante un periodo de seis meses, mientras se construye un acueducto sustituto. De acuerdo con las estimaciones citadas sobre el proyecto, esta decisión podría provocar escasez de agua para casi un millón de personas.
Mientras tanto, al no contar con agua confiable ni siquiera para bañarse, lavar los platos, cocinar o lavar la ropa, la crisis se ha traducido en una pesada carga social y económica para los tapatíos. El contraste es evidente entre las familias afectadas y el negocio del agua purificada. Muchos hogares han tenido que modificar sus hábitos más básicos: recurrir al “baño a jicarazos” con agua de garrafón, acumular trastes y ropa sucia durante días y afrontar gastos adicionales para cubrir necesidades que antes dependían de la llave.
Además, la reducción del suministro abre otro frente de inconformidad: los ciudadanos continúan recibiendo puntualmente el recibo del SIAPA, mientras deben destinar entre 800 y y hasta 2 mil pesos mensuales adicionales a la compra de agua embotellada o al pago de pipas privadas.
Pero ¿qué significa ese gasto para una familia que vive del salario mínimo? En 2026, el salario mínimo general vigente en Guadalajara es de 315.04 pesos diarios, equivalentes a unos 9 mil 577 pesos mensuales, en promedio. Una pipa de 10 mil litros que cueste mil 400 pesos representa aproximadamente el 14.6% de ese ingreso mensual; si el precio llega a 2 mil pesos, la proporción sube al 20.9%. En otras palabras, llenar una cisterna puede absorber el equivalente a entre cuatro y seis días de salario mínimo, sin contar el recibo del servicio público ni el gasto adicional en agua para beber.
Los precios varían según el municipio, la distancia, la zona de entrega y el tipo de agua. Reportes periodísticos de 2024 y 2025 situaban el costo de una pipa de 10 mil litros alrededor de los mil 400 pesos en Guadalajara y Zapopan, aunque en otros municipios metropolitanos se han reportado tarifas inferiores. Algunas empresas ofrecen actualmente servicios por cerca de mil 800 a 2 mil pesos por agua de pozo profundo, con precios que pueden superar los 2 mil 200 pesos cuando se trata de agua sometida a ósmosis inversa o de entregas en zonas de difícil acceso.
No se trata de un gasto menor ni de una elección que las familias puedan posponer indefinidamente. El dinero destinado a una pipa tiene que salir de alguna parte: puede significar comprar menos carne, fruta o verduras, reducir el gasto en transporte, aplazar el pago de una cuenta o dejar para después la compra de medicamentos, útiles escolares y otros artículos indispensables. Cada hogar enfrenta sus propias decisiones, pero el problema es el mismo: pagar por agua segura obliga a sacrificar otros gastos básicos.
Mientras los hogares sufren la escasez, las purificadoras de barrio y las plantas embotelladoras experimentan un repunte en sus ingresos. Según reportes de los establecimientos, algunas purificadoras han registrado aumentos importantes en sus ventas, al grado de duplicar su demanda diaria y pasar de abastecer principalmente el consumo humano a cubrir otras necesidades domésticas. Hay familias que, de acuerdo con esos reportes, llegan a consumir hasta ocho garrafones al día.
Así, el agua que debería llegar a los hogares como parte de un servicio público se convierte en una mercancía que debe comprarse por separado, incluso para actividades tan elementales como la higiene personal y la limpieza doméstica. Y quienes tienen menos recursos son también quienes disponen de menos alternativas para enfrentar la emergencia.
¿Desde cuándo el agua pasó de ser un derecho humano y un servicio básico a convertirse en un bien de consumo privado? En Guadalajara, acceder a agua limpia se ha vuelto una carga que pesa de manera desigual sobre los bolsillos. Mientras las autoridades se escudan en promesas de infraestructura y planes de suministro, las familias siguen pagando la factura de una crisis que no provocaron.
