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Galimatías en la Fiscalía
Con la novedad de que en la Fiscalía General del Estado su titular Víctor Antonio Carrancá Bourguet, está metido en un problemón.
Ahora sí se le hizo bolas el engrudo.
Y es que la ola de inseguridad que azota el estado y la capital poblana no ha podido disminuir ni tantito.
Lo único que le faltaba al fiscal poblano era que le robaran en su propia casa.
Y lo peor, no tienen ni idea de quién, cómo y en qué momento les dieron machetazo a caballo de espadas con los bienes decomisados y desaparecidos.
No es posible que lo poblanos estemos resguardados, cuidados y amparados por alguien a quien le roban en su propia oficina, su propia gente, y no se haga, ni se diga, ni se sepa nada al respecto.
¿En manos de quién estamos?
Los ciudadanos necesitamos certeza de la efectividad, honradez, profesionalismo y capacidad de nuestras autoridades, de las encargadas de nuestra seguridad, porque de lo contrario estamos jodidos y a merced de la delincuencia.
El gobernador Tony Gali no puede hacer todo.
Le corresponde a los tres poderes del gobierno -ejecutivo, legislativo y judicial- hacer lo conducente para garantizar la seguridad, la paz y tranquilidad de todo el estado, particularmente de la capital.
En la Fiscalía, parece que sólo una parte de ella trabaja -la que investiga- y responde a las demandas de los ciudadanos.
El resto, sólo recibe la información, la presenta y se cuelga la medalla.
Porque los feminicidios, los asaltos, las violaciones, los robos con violencia, las ejecuciones, el robo de combustible y demás delitos graves no se resuelven sentado en un escritorio.
La estructura operativa de la fiscalía tiene que ser más visible y oportuna.
Es necesario que las autoridades encargadas de la procuración de justicia, en particular, brinden una respuesta más puntual y pronta en los distintos casos.
De lo contrario seguirá pareciendo opaca y gris.
Lo mismo el Congreso del Estado, poder que ha resultado un ente reactivo más que preventivo.
Nuestros flamantes diputados nunca previeron que facilitarle las cosas y los trámites a empresas como Cabify y UBER para que pudieran operar en Puebla resultaría al final un mal para los ciudadanos.
Y argumentos para justificar lo dicho sobran.
Está por demás recordar que a Cabify la echaron de Puebla por el asesinato de Mara, estudiante de la Upaep, y a Uber están a punto de satanizarla y quemarla en leña verde por el caso de Mariana, la estudiante de la BUAP.
Por cierto, me informan que en el primero de los casos ya existen pruebas fehacientes y contundentes que demuestran la culpabilidad del detenido y presunto asesino, Ricardo Alexis.
El ex conductor de Cabify está prácticamente sentenciado por secuestro, violación y feminicidio.
Mientras tanto, en el otro caso, el de Mariana, se sabe que los presuntos responsables, tanto el autor material como los cómplices, serán sentenciados por feminicidio debido a que además tienen antecedentes por robo y otros delitos.
El caso es que sólo el poder ejecutivo en Puebla parece que hace lo que le corresponde, ¿y el resto?
Es urgente que la estrategia informativa y operativa en la Fiscalía cambie para bien de los ciudadanos, porque estamos en sus manos.
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El dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, está metido de lleno en la operación política-electoral de cara al 2018 y ya negocia con los líderes y militantes de los distintos partidos en Puebla.
Tan sólo ayer sostuvo senda reunión -en el restaurante de mariscos El Paisa- con el ex líder sindical y diputado local del Partido Nueva Alianza, Cirilo Salas Hernández.
Ambos, hay que recordar son morenovallistas que están trabajando para que el 2018 se perpetúen en el poder.
Habrá que preguntarle a Cirilo si ya dio su brazo a torcer y si se sumará al partido que hoy encabeza Fernando Morales, o si el encuentro obedece más bien a que el Panal siempre sí se va a sumar al Frente Ciudadano que encabeza el PAN.
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Ante las exigencias del líder charro de la CTM y diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, así como de Erika Díaz Flores, líder del Consejo Taxista del Estado de Puebla, para que echen a UBER de Puebla, el gobierno del estado debería jalar parejo.
Así es.
Debería no sólo ponerse exigente con Cabify o con UBER sino con todo el transporte público particular.
Porque los taxistas también son unas fichitas.
Y no todos, por supuesto.
Empero, si debe haber control también para los taxistas, quienes antes de que llegaran otras empresas de transporte privado ellos eran el azote de los poblanos.
Porque también ellos delinquen, roban, asesinan y violan, y nadie dice nada.
A ver si Leobardo Soto y Erika Díaz se van a hacer cargo de las víctimas y sus familias en caso de que sea un taxista sea el autor material de un crimen.
En twitter: @poncharelazo
