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Soliloquio
Fuerzas Armadas
Es de esperarse, y en eso hay absoluta coincidencia, que las investigaciones que se realizan en torno a los recientes sucesos en Palmarito Tochapan sean lo suficientemente esclarecedoras para que puntualmente se deslinden responsabilidades y, en su caso, se proceda conforme a la aplicación rigurosa de la ley.
No puede ser de otra manera en un Estado de derecho.
Y mucho menos en un asunto como éste, que gravita en un entorno de dudas y confusiones respecto a la secuencia de los acontecimientos, y en el que no todos han procedido con la deseada precisión, imparcialidad y mesura.
Es el caso de algunos actores políticos que, cegados por los tiempos electorales, han tropezado con declaraciones absurdas.
Y lo es también, por desgracia, de medios de comunicación que de plano rebasaron su función primaria de informar con objetividad y en apego a los más elementales principios éticos.
Ambos han emitido juicios sumarios y suscitado el escándalo.
Por irracionales y conveniencieras, tales actitudes lastiman a las instituciones y desalientan a quienes de manera convincente se han sumado a la lucha contra la delincuencia organizada, poniendo en riesgo su vida misma.
Más allá de lo que resuelvan peritajes, testimonios y evidencias, y aun suponiendo la presunta responsabilidad de un elemento castrense en un acto de abuso extremo, de ningún modo pueden justificarse los calificativos que se han expuesto en perjuicio del conjunto de las Fuerzas Armadas.
Los elementos del Ejército Nacional y la Marina han sido requeridos para combatir las diversas manifestaciones delincuenciales, porque son ellos la última instancia disponible, el último eslabón del Estado no sólo con alto rango de confiabilidad, sino con capacidad para resarcir ineficiencias y corruptelas de todas las corporaciones policiacas del país, llámense federales, estatales y municipales.
Es evidente que ellos no dominan las técnicas policiales, ni conocen los protocolos que van aparejados a los operativos de alto riesgo a los que frecuentemente están sometidos.
Un error, una falla, una acción indebida o un agravio a los derechos humanos por parte de esos miembros de nuestras fuerzas armadas debieran sancionarse, pero nunca ser motivo para el escarnio o la descalificación de sus respectivas instituciones.
Dilucidar ahora sobre un eventual retiro de militares en la zona del "Triángulo rojo" donde operan los "huachicoleros" es por demás absurdo.
¿Quién sería capaz de sustituirlos?
En lugar de discusiones tendenciosas y banales, la exigencia ahora debiera ser para nuestros legisladores federales, cuyo letargo y ceguera han derivado en situaciones de gravedad como la ocurrida en Palmarito.
Lo urgente es que el Poder Legislativo apresure la discusión y aprobación de un marco jurídico como la Ley de Seguridad Interior que permita regular el apoyo subsidiado que el Ejército Mexicano brinda a las autoridades civiles en el combate a los grupos del crimen organizado, como es el caso de los llamados "huachicoleros".
Mientras ello ocurre, justo es enfatizar que la lealtad, el honor y el amor a México de los miembros de las Fuerzas Armadas están fuera de toda duda. Su histórica contribución a la estabilidad y progreso de país es irrefutable.
En este contexto, es tiempo que cada quien asuma su responsabilidad, y que lo haga de cara a la sociedad.
Sabremos así, de una vez por todas, de qué lado está cada quien.
Y que sea la sociedad la que juzgue, nadie más.
Al oído
No acostumbro aludir asuntos personales en este espacio, pero esta vez pido la venia para una doble referencia, una buena y una mala.
La buena es para agradecer la inesperada cascada de felicitaciones con motivo de mi onomástico. A todos, gracias por sus alentadores mensajes.
La mala, para expresar mi más honda condolencia por el triste deceso de Jesús Valderrábano, por quien profesé desde hace muchas décadas especial aprecio y enorme respeto. En paz descanse.
