El extraño caso de Rodrigo Lazcano

El caso de Rodrigo Lazcano Fernández es tan raro y muy difícil de entender que hay que ir por partes para evitar mayores confusiones, ya que resulta que el pasado 7 de julio se declaró sobreseído su juicio de amparo contra una orden de aprehensión.

De primera instancia se diría que el ex subdirector de Prestaciones Económicas del ISSSTEP en el sexenio de Mario Marín Torres estaría hundido y seguiría en calidad de prófugo de la justicia.

Pero al estudiar todo el resolutivo del expediente 1935/2011 del Juzgado Primero de Distrito, se establece que Rodrigo Lazcano no tiene ninguna orden de aprehensión u orden de decomiso de bienes por parte de los 31 jueces penales que existen en Puebla.

Sin embargo, dentro del mismo amparo se establece que la Procuraduría General de Justicia del Estado sí confirmó la orden de aprehensión contra Rodrigo Lazcano Fernández.

No hay que olvidar que el pasado 19 de enero de 2011, el gobernador, Rafael Moreno Valle, declaró que ya había una orden de aprehensión contra Rodrigo Lazcano Fernández y éste se había amparado y por eso no lo habían detenido aunque estaban buscándolo.

Entonces, ¿por qué ninguno de los 31 jueces consultados por el Juzgado de Distrito aceptó ser el responsable de girar la orden de aprehensión?

¿Será que la orden de aprehensión fue girada por un juez de otra entidad o se trata de un proceso federal?

Dichas preguntas sólo enredan más el caso porque el delito del que se acusa a Rodrigo Lazcano corresponde al cobro de las pensiones y prestaciones de personas que ya habían fallecido y que estaban adscritas al ISSSTEP.

Es decir, el delito jamás salió del control de los jueces penales de Puebla, pero ninguno de ellos acepta ante el juez federal tal proceso.

Entonces, ¿de dónde salió la orden de aprehensión contra Rodrigo Lazcano Fernández?

Nadie lo sabe con certeza, pero el expediente 1935/2011 es muy claro y de parte de los jueces penales del estado de Puebla no fue.

Por eso le decía que el caso es muy extraño.
 
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De nada sirve el trabajo del secretario de Educación Pública, Luis Maldonado, si los profesores actúan como capataces dentro de las aulas.

Tal es el caso de la profesora Elizabeth Cabrera Sánchez, del Bachillerato “Rafael Ramírez”, ubicado en la Unidad Habitacional La Ciénega, quien exige a los alumnos pintar los salones de clases a cambio de pasarlos de año.

Curiosamente la misma profesora y los directivos de dicha institución cobran a todos los padres de familia cuotas especiales para el pintado y mantenimiento de la institución.

Ojalá y el secretario detenga este abuso contra los alumnos y cierre el sucio negocio de la profesora y sus directivos.
 
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