El ?desgaste? militar

De ningún modo puede pasar inadvertida la advertencia que en la víspera hizo el General Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, al reconocer que hay “un evidente desgaste” entre las Fuerzas Armadas por las tareas de seguridad que realiza en todo el país, en apoyo a los gobiernos estatales y municipales.

Y tampoco debe desdeñarse su lógico reclamo por contar con más efectivos y disponer de un marco legal adecuado para actuar contra una delincuencia cada vez más sofisticada y violenta.

Quizá nunca antes un alto mando militar había hecho público el malestar que prevalece entre las filas castrenses, derivado por la presión que significa la exigencia de hacer tareas que en estricto rigor le corresponden a las policías, y por hacerlo además sin los cobijos suficientes.

El “desgaste” al que se refiere el General Cienfuegos en su inédita declaración es natural y debe ser atendido por el Estado de manera de manera pronta e integral, por el bien incluso de la seguridad nacional.

Como bien lo señaló, pese a ser un Ejército “proporcionalmente pequeño”, en la cobertura de tareas de seguridad está en todo tiempo y a toda hora en diversos frentes, en la sierra y en las ciudades.

“Lo que tenemos son muchas tareas; si hay que hacer más, necesitamos más”, enfatizó en tono de enojo, quizá impulsado por el momento en el que la milicia siente lastimado su honor tras la emboscada de un grupo delictivo fuertemente armado en Sinaloa, en la que murieron 5 soldados y otros 10 quedaron heridos.

Ese honor –que es por mucho su pilar ético y moral más sólido- que se vio vulnerado, se percibe con claridad en la conmovedora entrevista televisiva que desde un hospital concedió uno de los militares sobrevivientes.

El soldado, entre lágrimas de dolor y coraje, afirmó que seguirá en el combate a la delincuencia porque aprendió que es su deber, por “el dolor en mi corazón al haber perdido a mis compañeros”, y por su familia “aunque sabe que en cualquier momento me puede perder”.

En esas palabras se sintetiza el compromiso leal de los miembros de una institución que siempre le ha servido al país.

¿Por qué entonces propiciar esa tesitura de “desgaste”, de malestar y de fracturas en su moral?

Al menos desde hace diez años las Fuerzas Armadas fueron inducidas al combate frontal contra el narcotráfico, pero nunca se previó el fortalecimiento de sus estructuras, ni la promoción de una normativa legal que le concediera sustento y que fijara con precisión derechos y obligaciones.

Queda claro entonces que a nuestro Ejército se le ha cargado la mano.

A esa guerra contra el narco y de otras acciones de seguridad, (que se dijo al principio eran subsidiarias y temporales), más las relativas a su alta encomienda de resguardo de la soberanía nacional, se le han atribuido tareas de apoyo en desastres naturales y muchas otras de carácter social, como reforestación, vacunación y alfabetización.

En medio de esa sobrecarga, urge una definición.

Si la decisión es que encabece la lucha contra las drogas y que apoye a las deficientes y corruptas policías estatales y municipales, se le debe dotar de la infraestructura humana y material necesaria y de un marco legal acorde, como lo ha exigido al poder legislativo desde hace casi diez años.

De otra forma seguirá su deterioro que ya se percibe en la opinión pública, pues si bien sigue figurando entre las instituciones más confiables y apreciadas del país, desde el sexenio pasado ha sido perdiendo valoración ciudadana en casi 10 puntos porcentuales.

Es baja se agudizó aún más por casos como el de Tlataya o Ayotzinapa, por mencionar los más significativos, y pudieran venir otros más.

A nadie conviene poner en riesgo la fortaleza y vocación de servicio de nuestras Fuerzas Armadas, ni tampoco sus valores esenciales que aún mantienen pese a la adversidad.

Su honor, probidad y patriotismo están garantizados ante toda prueba.

Eso ni dudarlo.

AL OÍDO

La Fiscalía del Estado aclaró este lunes a detalle la situación legal de Dulce Silvia Hernández, desde su captura hasta su puesta a disposición de un juez, así como las razones que sustentan el proceso que se le sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultamiento de bienes producto de un delito.

Queda claro que se procedió en todo momento conforme a derecho con la que es novia de César Yáñez Centeno, vocero de Movimiento Regeneración Nacional Morena y el hombre fuerte en la comunicación de Andrés Manuel López Obrador.

Se deduce que de nada sirvió que Yañez Centeno hablara con funcionarios del gobierno estatal para que intercedieran ante sus jefes a favor de su pareja, según consta en cuatro grabaciones telefónicas difundidas ayer.

El propio vocero de Morena ratificó la veracidad de las llamadas telefónicas, pero aclaró que no hubo tráfico de influencias, ya que a pesar de las llamadas, Silva Hernández continúa en prisión después de siete meses de haber sido detenida.

En lo que aún quedan dudas es en la presunta implicación en este caso del exgobernador y actual Senador poblano Manuel Bartlett, si en verdad la hubo.