Tuvieron que pasar 19 largos años para que el Congreso del estado, a través de la LXI Legislatura, por fin aceptara analizar, discutir y votar las reformas necesarias al Código Penal para dar paso a la despenalización del aborto en Puebla.
Un tema espinoso, polémico y que hasta hoy quisieron tratar los diputados locales, quienes mantuvieron el tema por muchos años en la congeladora legislativa.
Afortunadamente, para el grueso de las mujeres por fin se tocará el tema del aborto en el pleno del Poder Legislativo.
Y es que desde 2005, cuando el entonces diputado local Rodolfo Huerta Espinosa, hoy coordinador de vocería del gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, planteó la iniciativa para la despenalización del aborto en el estado, la propuesta dormía el sueño de los justos.
Desde entonces, la despenalización del aborto quedó como una asignatura pendiente que el Congreso y sus diputados le debían a las poblanas y al resto de los ciudadanos.
Ni siquiera durante el régimen barbosista, ya como un gobierno de Morena, se logró la despenalización del aborto, a pesar de haber sido una propuesta de campaña, la cual debía empatarse –legalmente– con otros estados que le entraron sin temor al tema para beneficio de las mujeres.
Puebla, de aprobarse la propuesta para no penalizar el aborto en la entidad, se convertirá en el estado número 14 en aceptarlo, junto con Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
Habrá que puntualizar que, además de Rodolfo Huerta, otros diputados y otras diputadas también intentaron impulsar las reformas a la ley para lograr la despenalización del aborto, pero su esfuerzo fue inútil.
Allí están como ejemplo las diputadas perredistas Irma Ramos Galindo y Socorro Quezada Tiempo, así como la ducha legisladora priista Rocío García Olmedo, quienes intentaron retomar el tema del aborto y su despenalización en el estado, pero sin éxito alguno.
Por duro que parezca para los conservadores, y de acuerdo con los especialistas en el tema, el aborto es un suceso que ocurre en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por lo que los servicios de salud públicos deben brindarles atención oportuna y libre de discriminación a todas aquellas que deciden interrumpir un embarazo.
Porque el aborto, ciertamente, es un servicio de salud, pero también es un medio para ejercer la autonomía reproductiva, cosa que muchos gobiernos aún siguen negando.
A esta criminalización legal se suma la criminalización social a causa del estigma enraizado en la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres.
Al permear a las instituciones del Estado y sus leyes, esta idea genera violaciones a los derechos humanos. Ahí recae la importancia de trabajar para que el aborto salga de los códigos penales y sea regulado en las leyes sanitarias, lo que garantizará el acceso para todas y todes.
Los diputados poblanos deben analizar diez razones por las que es necesario ya despenalizar y legalizar el aborto en Puebla:
1.La penalización del aborto no disuade a las mujeres de practicárselos, más bien, solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes aumente.
2.La penalización del aborto afecta, restringe y viola derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres.
3.La penalización del aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud.
4.La penalización del aborto aumenta la mortalidad y morbilidad de las mujeres por abortos inseguros.
5.La penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales.
6.La falta de acceso a abortos seguros, cuando está en riesgo la vida o salud de la mujer, produce muertes por causas indirectas.
7.La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes.
8.La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de violencia institucional.
9.La penalización del aborto valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres.
10.La norma penal es escasamente aplicada, pues la persecución judicial y policial del delito de aborto es muy baja en relación con la frecuencia de su práctica. Tal conclusión se desprende de la enorme diferencia entre las cifras del aborto clandestino y las de mujeres encarceladas por este delito.
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