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Soliloquio
Ataque frontal
Tras la reciente captura del edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, por su presunta vinculación en el robo de hidrocarburos, el gobernador Antonio Gali lanzó la advertencia de que no sólo se investiga por el mismo delito a varios presidentes municipales poblanos, sino que también se mantienen carpetas abiertas contra empresarios, policías municipales y otros ciudadanos.
Este lunes, el Sol de Puebla reveló en nota exclusiva que al menos son 13 los Alcaldes que podrían ser vinculados, y que dos propietarios de gasolineras, familiares del Presidente Municipal de Cuyoaco, figuran también en la lista que es indagada por la Procuraduría General de la República en concertación con la Fiscalía local.
El reporte periodístico refiere a los Alcaldes de Amozoc, Acajete, Acatzingo, Tepeaca, Esperanza, Ciudad Serdán, Huixcolotla, General Felipe Ángeles, Tecamachalco, Quecholac, Cuyoaco y Tlacotepec de Benito Juárez.
En consecuencia, es previsible que en días próximos se conozca de más aprehensiones que contribuirán a desactivar a importantes operadores, cuyo impune activismo había permitido el incremento sustancial en la incidencia de este delito en una amplia región del territorio local, donde los índices de inseguridad y violencia eran ya intolerables.
Tales acciones revelan no solo una coordinación pertinente entre distintos niveles de gobierno, sino que, al fin, se optó por una estrategia integral de mayor envergadura.
Según se aprecia, a la necesaria lucha frontal contra los llamados huachicoleros se han emprendido también acciones de inteligencia para ir más allá e indagar sobre las causas y las conexiones de esta nueva modalidad delictiva.
La decisión es acertada, ante la evidencia de que atrás del robo en ductos y del comercio ilegal de combustible había complicidad y colusión de autoridades y de muchos otros particulares de “cuello blanco”.
De otra forma no podría explicarse la manera en la que pudo crecer esta actividad hasta convertirla en un fenómeno social calificado ya de alto riesgo para la seguridad nacional.
La vinculación con cuerpos policiacos y autoridades tenía también una lógica irrefutable.
Tal sospecha se hizo notoria justo hace dos años cuando el Ejército Mexicano detuvo en Tepeaca al director general de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y al encargado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la misma corporación, Tomás Méndez Lozano, por su presunta relación con el delito de robo de hidrocarburo.
Nada, o muy poco se hizo desde entonces.
Queda claro que el involucramiento de otros mandos policiacos en los municipios del llamado “Triángulo Rojo” ha sido permanente y, lo que es peor, que algunos Alcaldes también se han coludido, pero esas vertientes habían sido desdeñadas por la autoridad.
Habría que referir que con el robo de combustible, cuya ganancia económica alcanza ya dimensiones insospechadas, ha ocurrido la misma secuela evolutiva que en su momento se dio con el narcotráfico.
En su momento, a la siembra y trasiego de estupefacientes se dio la conformación de grupos delictivos que luego fueron cárteles con enorme poderío económico y logístico, capaz de retar a las instituciones con extrema violencia.
Se supo desde siempre que esos grupos contaron siempre con la participación y complicidad de autoridades de todos los niveles.
Donde había una mata de marihuana o amapola había también al menos conocimiento y frecuentemente colusión, ya sea de un Comisariado Ejidal que de un policía, un Alcalde, o hasta de un Gobernador.
No haber frenado a tiempo esa cadena delictiva trajo años después consecuencias fatales cuyos efectos se padecen hasta nuestros días.
El símil aplica.
De ahí la relevancia de la iniciativa del gobierno estatal de frenar el problema, y de hacerlo de manera frontal atacando en distintos frentes.
Sería imperdonable la comodina actitud del laissez faire, laissez passer.
Mañana sería demasiado tarde.
AL OÍDO
Ahora resulta.
Dice ahora el exgobernador poblano Manuel Bartlett que en las elecciones de 1988, cuando era él Secretario de Gobernación, no ganó Carlos Salinas de Gortari.
Bartlett, quien además fungía como titular de la Comisión Federal Electoral, declaró a un medio nacional que para imponer a Salinas en la Presidencia de la República tuvieron que quemar actas electorales y hacer un pacto con el PAN.
Reconoció además lo que siempre había negado: sí hubo una caída del sistema, al colapsarse las líneas telefónicas desde donde se reportaban los resultados de los distritos.
¿Cómo interpretar que el ahora afiliado a Morena haga tal revelación a casi 30 años de aquél acontecimiento, considerado como el mayor fraude electoral de la historia del país?
